La Silla Vacía

    Aún podemos evitar la debacle planetaria


    *Esta columna es una creación colectiva del equipo de Transforma. Participaron como co-autores: Carolina Urrutia, Isabel Cavelier, Juan José Guzmán, Lina Puerto, Mariana Loboguerrero y Martin Ramírez. Debemos actuar mucho más rápido si queremos...

    *Esta columna es una creación colectiva del equipo de Transforma. Participaron como co-autores: Carolina Urrutia, Isabel Cavelier, Juan José Guzmán, Lina Puerto, Mariana Loboguerrero y Martin Ramírez.

    Debemos actuar mucho más rápido si queremos evitar una debacle. Es lo que concluyó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) en el reporte especial que publicó el pasado 8 de octubre en respuesta a la solicitud de los gobiernos signatarios del Acuerdo de París a la comunidad científica.  

    El reporte contrasta los impactos de un calentamiento global de 1,5 °C frente a uno de 2 °C, revela posibles trayectorias para limitar el calentamiento a 1,5 °C, y proporciona opciones para fortalecer la respuesta global al cambio climático.

    Los mensajes centrales son dos: por un lado, aún podemos evitar una catástrofe de proporciones planetarias y evitar un aumento superior a 1,5 °C. Por otro, es absolutamente urgente escalar exponencialmente las medidas para lograrlo. El planeta ya se calentó cerca de 1°C, reporta el IPCC.

    Por eso, en este momento todo es cuestión tiempo y aceleración: necesitamos multiplicar la velocidad de la transformación, a todo nivel: individual, local, nacional e internacional.

    Para Colombia la situación es crítica, en dos sentidos: como país particularmente vulnerable a los impactos del fenómeno, debemos aumentar los esfuerzos para adaptarnos. Y como economía en crecimiento, debemos profundizar significativamente las medidas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

    En el marco del Acuerdo de París, Colombia se comprometió en su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en ingles) a reducir unilateral e incondicionalmente sus emisiones de GEI en un 20 por ciento con respecto a las emisiones proyectadas para el año 2030. Este compromiso puede aumentar hasta una reducción del 30 por ciento sujeto a la provisión de apoyo internacional.

    Según el reporte de “The New Climate Institute” de 2017, Colombia está entre los países con altas posibilidades de alcanzar su propia meta. Para ello, sin embargo, el principal reto es el aumento de la deforestación. La pérdida de bosque es el problema ambiental más grave que enfrenta el país en este momento. Tan sólo en 2017, cerca de 220.000 hectáreas de bosque fueron deforestadas, un aumento del 23 por ciento con respecto a 2016.

    Dentro de las causas que se le atribuyen a este fenómeno está el acaparamiento de tierras en zonas asociadas con el conflicto armado. En este contexto Colombia debe fortalecer sus esfuerzos y ajustar sus compromisos para frenar la deforestación, teniendo en cuenta no sólo sus consecuencias sobre el cambio climático, sino sus implicaciones en la configuración de nuevas estructuras de poder en el territorio. Es la medida de adaptación y de reducción de emisiones más urgente de todas.

    Otro aspecto que requiere atención dentro del proceso de revisión de la NDC de Colombia es el incremento de las emisiones de GEI que provienen de la producción y el consumo de energía y que representan el 43,6 por ciento del total. El impuesto al carbono es una de las medidas que el país ha adoptado para contrarrestar esta situación y avanzar en el cumplimiento de su compromiso.

    Actualmente el impuesto al carbono excluye el carbón de los combustibles fósiles gravados, tanto para consumo interno, como para exportación. No obstante, el carbón es uno de los combustibles fósiles que más contribuyen a las emisiones de GEI y de otros contaminantes de gran impacto para la calidad del aire y afectaciones a la salud humana.

    Si bien la participación del carbón en la generación de energía eléctrica es mucho menor que la del agua, el incremento en la frecuencia e intensidad de eventos climáticos extremos ha puesto presiones sobre el suministro de agua en los últimos años. Las preocupaciones por la seguridad energética de Colombia han incentivado una mayor participación de combustibles fósiles en la matriz, tales como el gas natural y el carbón. Por ejemplo, en el período entre 2011 y 2013, la generación eléctrica con carbón ascendió de 3 a 9 por ciento.  

    Ampliar la base gravable para incluir el consumo interno de carbón incrementaría el potencial de recaudo del impuesto y enviaría una señal de mercado inequívoca hacia la implementación de tecnologías energéticas eficientes y renovables, además de estar en línea con el llamado del reporte especial del IPCC para fortalecer la ambición climática a nivel global.

    Colombia es el país con la novena reserva de carbón más grande del mundo y el cuarto exportador a nivel mundial. Sin embargo, los mayores importadores de carbón colombiano ya se han comprometido a eliminar progresivamente el carbón de su capacidad de generación eléctrica y reemplazarla mediante recursos renovables entre 2030 y 2050.

    Por otro lado, por lo menos 80 por ciento de las reservas globales de carbón deben permanecer bajo el suelo para prevenir niveles peligrosos de cambio climático. Colombia no sólo debe desincentivar el consumo interno de carbón, sino que también necesita prever la disminución paulatina de su extracción por medio de una transición justa que tenga en cuenta las necesidades locales.

    Colombia ya ha sido líder en las negociaciones internacionales de cambio climático. Ahora tiene el potencial de convertirse en un caso emblemático de una economía emergente capaz de hacer la transición hacia un futuro bajo en carbono. La oportunidad que ofrece para Colombia la coyuntura de formulación del Plan Nacional de Desarrollo y la participación en la próxima Conferencia de las Partes (COP24) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Polonia debe aprovecharse. Ojalá el nuevo gobierno sepa hacerlo.  

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    “Aumentar penas o imponer cadena perpetua es un placebo político”.

    “Aumentar penas o imponer cadena perpetua es un placebo político”.


    Este sábado, el senador Álvaro Uribe, entre otros, está liderando una marcha en defensa de los niños con el #EsteSábadoPorLosNiños , que forma parte de la campaña para sacar adelante el proyecto de reforma constitucional para permitir cadena...

    Este sábado, el senador Álvaro Uribe, entre otros, está liderando una marcha en defensa de los niños con el #EsteSábadoPorLosNiños , que forma parte de la campaña para sacar adelante el proyecto de reforma constitucional para permitir cadena perpetua contra violadores de niños.

    Varios expertos han dicho que esa medida no es viable, sobre todo, por razones jurídicas, pues contraría el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que hace parte de la Constitución del 91.

    La Silla Académica revisó el trabajo investigativo de Marcela Gutiérrez y Norberto Hernández, profesores de la Universidad Externado y de la Universidad Javeriana, respectivamente, sobre la cárcel como institución.

    En el caso de Gutiérrez, su investigación ha incluido trabajo de campo en la Picota y en la Modelo, por lo que conoce de cerca la realidad, algunas de sus publicaciones son “Política Criminal y Prevención” y “Política Criminal y Libertad”. Hernández, es el autor de “El discurso protector de las víctimas menores de edad. Populismo punitivo en España y Colombia”, de “El fracaso de la resocialización en Colombia” y del "Derecho Penal de La Cárcel", y está a punto de publicar un artículo académico en coautoría con Alexa Rodríguez, psicóloga de la universidad del Bosque, sobre delitos sexuales y política criminal.

    Estas son diez razones por las cuales, de acuerdo con el trabajo de estos dos académicos, y más allá de la constitucionalidad o no de la cadena perpetua, la idea de creer que aumentar el castigo es la solución -también entendido como populismo punitivo- no es sólo retórica, sino que representa un verdadero problema social.

    1 La cárcel no satisface ni a las víctimas, ni al victimario ni a la sociedad Norberto Hernández “Las víctimas deben tener un papel preponderante en el proceso penal. Es importante devolverles el conflicto a ellas, para que puedan decidir cuál es la solución que más las satisface. En el caso de los delitos contra el patrimonio económico, como la estafa, por ejemplo, las víctimas muchas veces prefieren que les devuelvan el dinero a que la persona vaya a la cárcel y se le pague una multa al Estado. Lo mismo pasa, por ejemplo, con algunas víctimas del conflicto armado. Más que la pena de cárcel, quieren saber dónde están los restos de sus seres queridos o, quieren que los victimarios les ofrezcan perdón, más aún sabiendo que en un sistema carcelario como el colombiano la pena no va a resocializar a la persona, por el contrario, muy probablemente lo va a convertir en un reincidente ante la falta de oportunidades educativas y laborales que tienen las personas que preponderantemente van a la cárcel.” Marcela Gutiérrez “Con la cárcel nadie queda satisfecho. Esta institución es producto de un movimiento político e ideológico de venganza y castigo, electoral, si se quiere, porque es populista, que no tiene en cuenta los derechos ni de la víctima, ni del victimario ni de la sociedad misma dada la reincidencia. El impacto negativo a nivel de la familia del que cometió el delito también es muy grande. La cárcel debe ser la última ratio y además de garantizar la dignidad de las personas recluidas, debe procurar que éstas tengan contacto con la sociedad. Es incomprensible cómo la gente se puede socializar en una institución cerrada al mundo.”

     

    2 La cadena perpetua no va a persuadir a otros de no cometer delitos Norberto Hernández

    “El aumento de penas o la cadena perpetua quizá son útiles para personas que normalmente no cometen delitos porque les refuerza la decisión de no hacerlo dado todo lo que tienen en juego, un trabajo, un ingreso económico importante, una posición social, etc. Para las personas que adoptan la delincuencia como su modo de vida, no les importa. El aumento de la pena no implica el aumento del riesgo de ser capturados. Lo que realmente importa ahí es la efectividad del sistema judicial.

    La gravedad de la pena no es un criterio útil para efectos de desincentivar el delito. Tanto la idea de la cadena perpetua como la castración química lo que muestran es una alta influencia del sistema estadounidense.

    Lo que muestran las cifras es que con el aumento de penas desde 2009, el número de personas presas también ha ido en aumento:

    sin-titulo-2.png 3 “La cadena perpetua sólo agravaría el problema”. Norberto Hernández “La cadena perpetua tiene un efecto devastador y es que es una muerte en vida porque acaba con la esperanza de la persona, que es lo que la motiva a tener un buen comportamiento en la cárcel. En este caso ya no tienen nada que perder ni que ganar. Lo que se vendría es un hacinamiento carcelario aún mayor y eso, probablemente, va a repercutir en que la situación de orden al interior de las cárceles empeore y se traduzca, por ejemplo, en más motines. También pueden aumentar las tasas de suicidios y muertes violentas intramurales lo que va a hacer que el Estado sea responsable por fallas en el servicio y vaya a tener que indemnizar a las víctimas con impuestos de los colombianos.” Marcela Gutiérrez

    “En las condiciones actuales, las personas privadas de la libertad no tienen posibilidad de resocializarse. Entran y salen y eso significa un fracaso del sistema.”

    Los reincidentes se conocen en las cárceles como “seres copados". Son personas a las que no les importa seguir cometiendo delitos. En el caso de la cadena perpetua eso sería todavía más grave. Hay una cifra oscura -porque no se conoce- de la criminalidad intramural. Los condenados a cadena perpetua serían esas personas que van a seguir delinquiendo en la cárcel lo cual va a hacer aún más difícil la resocialización de las demás personas recluidas. El Estado lo que va a hacer es cerrar la cortina ante la incapacidad de ir al fondo de los problemas.”

    4 La cadena perpetua es una forma de ganar votos aprovechando la desinformación Marcela Gutiérrez “El aumento de penas por parte del Congreso no responde a un trabajo empírico ni a una evaluación del impacto que puede generar, sino a la reacción a un escándalo. Aunque en la en la exposición de motivos se argumenta, que se hace por prevención, lo cierto es que los hechos se siguen dando.” Norberto Hernández “Lo que hacen algunos políticos al proponer medidas como la cadena perpetua es generar tranquilidad en la sociedad con la falsa idea de que se está haciendo algo por los niños y niñas, a cambio de votos. Ese fue el caso de la segunda senadora más votada en 2010, Gilma Jiménez. La promesa de aumentar penas o poner cadena perpetua es un placebo político.

     

    Un estudio que se hizo en la universidad de Girona, replicado después en la universidad Eafit probó con encuestas aplicadas a estudiantes, que después de una actividad de pedagogía sobre penas alternativas a la cárcel y su efectividad en materia de no reincidencia, el 90 por ciento o más de los encuestados modificó su idea de que la ausencia de cárcel es igual a impunidad. Las actitudes punitivas que tienen los ciudadanos son por falta de información.”.

     

    5 El delito sexual no es un problema individual, es un problema social Noberto Hernández “Lo que hemos encontrado es que los abusadores sexuales en algunos casos son personas que han sido abusadas anteriormente. Este es el caso de Garavito, por ejemplo. Es decir, se replica la afectación.

     

    Esto está relacionado también con la pobreza. En algunos hogares, padres e hijos tienen que compartir la misma cama o espacio para dormir, y los padres terminan teniendo relaciones sexuales con sus hijos o teniendo relaciones sexuales en presencia de sus hijos. Asimismo, las condiciones de pobreza facilitan que haya este tipo de delitos pues en los barrios pobres hay muchos lotes vacíos, por donde a los niños les toca muchas veces caminar solos de camino al colegio, por ejemplo, y el riesgo de que sean interceptados es mayor. Esa probabilidad es menor para quienes viven en un conjunto cerrado.

     

    Los delincuentes sexuales, generalmente, hacen parte del núcleo familiar de la víctima. La mayoría de adultos mayores que están en las cárceles lo están por delitos sexuales, y eso lo explica la curva del delito, porque en esa etapa de la vida ya no tienen mucho que perder.

     

    Las carencias afectivas también explican este fenómeno. El Estado no protege la familia realmente, por lo que en Colombia fallan los “controles primarios” consistentes en los valores inculcados en la familia y en la escuela ”.

     

    Marcela Gutiérrez “La mayoría de los delincuentes sexuales que están en la cárcel son población vulnerable.

     

    En lo que respecta a la cadena perpetua hay que ver cuáles son los factores. La violación de niños ¿Es un problema del individuo, de la familia o de la sociedad? Porque eso señala dónde hay que trabajar. Hay un problema de desarmonización social. La delincuencia sexual no es un problema eminentemente individual sino social. El trabajo empírico muestra que el control social punitivo se ejerce sobre personas con capacidades sociales débiles y en estado de vulnerabilidad, principalmente.“Ante este panorama de desigualdad, el Estado, a través del poder punitivo, selecciona a ciertos grupos vulnerados, sin tener en cuenta las situaciones sociales inequitativas o las capacidades ciudadanas” (Nussbaum, 2012a)”.

     

    6 La incapacidad de resocialización de los delincuentes sexuales es un mito Norberto Hernández “Es un mito que los delincuentes sexuales no son susceptibles de resocialización. Tratamientos psicológicos de tipo cognitivo-conductual han probado tener buenos efectos, con niveles de reincidencia sólo de un cinco por ciento.

     

    Si se trata de un problema psicológico o psiquiátrico que le impide a la persona autodeterminarse, la cárcel no tiene nada que hacer ahí y la medida debe ser.”.

     

    7 El riesgo de que el sistema judicial falle es alto Marcela Gutiérrez “¿Cómo se construye la verdad penal? Las garantías procesales no siempre se cumplen. El sistema de administración de justicia penal es selectivo. El principio de la presunción de inocencia y el “in dubio pro reo” (cuando haya dudas se resuelven a favor del acusado) sólo opera para ciertos grupos y para ciertos delitos.

     

    Cuando hay estigmas para ciertos delitos como los sexuales, que recaen en los hombres, las pruebas reinas resultan muy problemáticas. Los medios de comunicación, el legislador, los jueces, a veces, no escuchan, no ven la realidad de las personas y menos cuando hay estereotipos.

     

    Si esto es así, sería muy peligroso establecer medidas más severas como la cadena perpetua. Hay expedientes muy pequeños, que claramente demuestran que no hubo defensa, y no son necesariamente casos de capturas en flagrancia.

     

    Hoy la moda es allanarse a cargos, la práctica de pruebas está privatizada y depende de los recursos con que cuente el acusado”. Norberto Hernández “En Colombia hay una tendencia al mayor encarcelamiento. Se diferencia del caso norteamericano, donde la mayoría de la población que está recluida es afro e inmigrante, aquí no sucede eso, pero sí pasa que la mayoría de gente que va a la cárcel son personas de escasos recursos. Según estadísticas del Inpec, la población carcelaria de Colombia son personas de estratos uno y dos mayoritariamente. La delincuencia de estrato seis, de cuello blanco, es reducida. Las principales causas son homicidio y hurto, en muchos casos, precisamente, por la falta de oportunidades. ”.

     

    Marcela Gutiérrez “Un buen ejemplo de esto es el delito de inasistencia alimentaria. Las personas que van a la cárcel, es porque realmente no tenían la plata y no van a cumplir con la obligación porque estén privados de la libertad, eso sólo agrava el problema”.

     

    8 La construcción de sociedad no puede hacerse a punta de crear delitos Marcela Gutiérrez “La política criminal en Colombia se sigue construyendo en clave represiva a través de la judicialización y prisionalización de los conflictos. Una sociedad que se construye a través del derecho penal, que no es un derecho pacífico, genera muchos problemas sociales.

     

    Los aumentos punitivos lo que hacen es aumentar el problema social de violencia. Pues los legisladores crean delitos y crean delincuentes. En otros países donde la construcción social no es delictiva, hay menos delincuentes. Por ejemplo, la eutanasia puede ser un delito o un acto de amor: ‘Te quiero tanto que te voy a ayudar a morir’.

     

    Colombia no puede ser un Estado Social de Derecho y al mismo tiempo argumentar que para manejar las violencias hay que ser violentos. No podemos seguir reaccionando a hechos lamentables con más hechos lamentables como lo es la situación en que se encuentran las personas privadas de la libertad. Eso es la ley del talión. Un Estado debe satisfacer los derechos de las victimas y de la sociedad”.

     

    9 Los recursos públicos deberían destinarse a políticas para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas Norberto Hernández “Pese a las condiciones precarias que hay en las cárceles, el costo de vida una persona privada de la libertad es muy alto, aproximadamente, un millón doscientos mil pesos mensuales. Si el Estado lo debe mantener de por vida, la pregunta que deberíamos hacernos es cómo podrían invertirse de manera más efectiva esos recursos para lograr la protección de los menores de edad, que es el objetivo”. 10 Si el Estado no puede lo menos, no puede lo más Norberto Hernández “En la primera página de “Vigilar y Castigar” Michel Foucault muestra cómo desmembran una persona con cuatro caballos. Ya no lo mostramos así en público porque nos da cierta pudor. Pero este tipo de castigo cruel e inhumano no es cosa del pasado. Se ‘deposita’ en las cárceles a los delincuentes en las peores condiciones, el objetivo de humanización no se ha logrado. Si el sistema colombiano no puede ni siquiera administrar penas menores, cómo va responder frente a la una severa como la cadena perpetua.”.

     

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    Los #ViernesEnLaSilla es la reunión con expertos que hacemos todas las semanas para invitar a nuestros SúperAmigos. Aporta y haz parte de nuestra comunidad con criterio. Hablamos con Ana María Méndez, Abogada de Incidencia de la Mesa por la Vida y...

    Los #ViernesEnLaSilla es la reunión con expertos que hacemos todas las semanas para invitar a nuestros SúperAmigos. Aporta y haz parte de nuestra comunidad con criterio.

    Hablamos con Ana María Méndez, Abogada de Incidencia de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres; y, Jorge Caro, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Antonio Nariño, sobre cómo interpretar la decisión de la Corte Constitucional de no modificar los límites actuales del Aborto.

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    Con su presupuesto, Duque continúa con la línea de Santos

    Con su presupuesto, Duque continúa con la línea de Santos


    Obras son amores, dice el dicho, y para las obras se necesita plata. Por eso, la distribución que definió el Gobierno del presupuesto para 2019, que aprobó el Congreso el miércoles, dice mucho sobre dónde están los amores de Iván Duque. Más...

    Obras son amores, dice el dicho, y para las obras se necesita plata. Por eso, la distribución que definió el Gobierno del presupuesto para 2019, que aprobó el Congreso el miércoles, dice mucho sobre dónde están los amores de Iván Duque.

    Más allá de los datos ya conocidos - que es 10,9 por ciento más grande que el de este año o que los sectores que recibirán más dinero son educación, con el 16 por ciento de la torta; defensa, con 12,9; y salud con 12,4 por ciento -, el Gobierno mostró claramente sus prioridades. Arrancó a trabajar con un anteproyecto que dejó el Gobierno Santos antes de salir, y aunque Carrasquilla decidió no modificar el monto total de 258,9 billones de pesos (dejó pasar, hace meses, la ocasión para hacerlo), sí podía cambiar la distribución de ese dinero.

    Un presupuesto inflexible La torta en general no es muy distinta a la de los presupuestos aprobados en los últimos cuatro años durante el Gobierno Santos. Como en aquellos, en este presupuesto se mantuvo la tendencia de crecimiento en el sector de educación y la tendencia a mantener el presupuesto de defensa más o menos en el mismo nivel (aunque el Gobierno de Duque le aumentó la plata que estaba en el proyecto inicial para Defensa).

     

    En el Congreso el Ministro Carrasquilla fue enfático en que este presupuesto era particularmente complicado porque tuvieron que trabajar sobre la base que les dejó el Gobierno anterior, lo que dificulta la tarea de plasmar la visión de la nueva administración en el gasto público. Y porque el presupuesto colombiano tiene una serie de inflexibilidades, es decir partidas que no se pueden modificar, como por ejemplo el pago de pensiones.

    Esto es cierto, pero, aplazando el pago de 14 billones de deuda que estaban programados para pagar el próximo año el Gobierno logró sumarle plata al presupuesto de inversión, es decir la plata que se destina a nuevas obras y proyectos (como implementación de nuevas tecnologías, mejoramiento de infraestructura, subsidios) aumentó en 20 por ciento frente al año pasado.

    Esto quiere decir que a pesar de las quejas del Gobierno de haber recibido un presupuesto desfinanciado, al final lograron tener más plata para inversión que la administración anterior. Y mucha más de la que había quedado en la primera versión de presupuesto presentada por el exministro Mauricio Cárdenas.

    Esto sin embargo, obliga a que pasen una ley de financiamiento (que es básicamente una tributaria) que debe conseguir 14 billones de pesos para cubrir el hueco de la deuda que quedó pendiente y que no se puede dejar de pagar, porque la ley lo prohíbe, además porque tendría consecuencias muy negativas en los mercados financieros que podían dejar de confiar en la seriedad fiscal del país.

    Al revisar esos ajustes en cada una de las 159 partidas, se ve más continuidad que ruptura con las prioridades de Santos, algo que el Plan Nacional de Desarrollo que está a punto de presentar podría corroborar o poner en duda.

    Estos son los cuatro grandes cambios que muestran esa continuidad.

      1 Más plata para lo social o “de la equidad”

    El título del Plan Nacional de Desarrollo será “Un pacto por Colombia, un pacto por la equidad”. Ese énfasis en la palabra "equidad", que puede ser la cuota inicial de un discurso que explique para dónde va el Gobierno, se nota en que las entidades que más plata ganaron son las relacionadas con temas sociales y educativos.

    El de mayor aumento fue el Ministerio de Salud, con 6,8 billones de pesos más. Esto le permitirá al Ministro de Salud Juan Pablo Uribe contar con 31 billones de pesos, 32,6 por ciento más plata que su antecesor.

    La segunda entidad a la que más plata le adicionaron fue al Ministerio de Educación. En medio de las marchas de la semana pasada el presidente Duque anunció que añadirían 500.000 millones de pesos al presupuesto de educación, de los cuales 55 mil millones son para gastos de funcionamiento de las universidades. Pero en total en el tránsito del proyecto en el Congreso le añadieron 5 billones de pesos, con lo que aumentará el 10,6 por ciento frente al año pasado.

    A Minas y Energía le añadieron 2,4 billones de pesos, que casi triplicaron el presupuesto frente al proyecto inicial. Aunque eso no suena muy social, como contamos en La Silla, buena parte de estos recursos van para financiar los subsidios de energía y gas a los hogares, un gasto social que suele ser usado como bandera política por congresistas, especialmente de la bancada Caribe.

    Otras entidades que también tuvieron aumentos considerables en el presupuesto fueron el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al que le sumaron 1,8 billones de pesos, y el Instituto Nacional de Vías, que aumentó su presupuesto en 1,4 billones de pesos, particularmente para proyectos de vías terciarias, las que conectan las veredas con vías más grandes o cascos urbanos, y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social que ganó en la discusión 777.147 millones de pesos.

    Todos esos aumentos le dan un sustento a la nueva bandera del Gobierno, que es la equidad.

     

    2 Hubo más plata para el posconflicto, aunque tenga otro nombre

    Las tres entidades creadas para aterrizar el Acuerdo con las Farc para el agro salieron con más plata de la que había propuesto Santos.

    La Agencia Nacional de Tierras, que se encarga de saber quién tiene y cómo usa la tierra, de legalizar las tierras ocupadas sin papeles sólidos, y de entregarle tierra a los campesinos que no tienen. Durante el trámite del presupuesto en el Congreso recibió 195.556 millones de pesos más, con lo que duplicó su presupuesto y terminó con 19,7 por ciento más pesos que este año, en lugar de tener menos plata como proyectó Santos.

    También se duplicó el presupuesto de la Agencia de Desarrollo Rural, encargada de que haya bienes públicos rurales que ayuden al desarrollo del agro (como distritos de riego, asesitencia técnica o subsidios para semillas); y el de la Agencia de Renovación del Territorio, encargada de manejar los planes de desarrollo con enfoque territorial (que creó el Acuerdo para invertir y darle un empujón a las zonas más afectadas por el conflicto), aumentó un 67 por ciento.

    Otras entidades relacionadas con el manejo del conflicto también tuvieron alzas en el presupuesto.

    Para la Unidad de Protección de Víctimas creció el 34 por ciento y el del Centro de Memoria Histórica subió el 14 por ciento.

    Sin embargo a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que tienen un rol clave en el posconflicto, le redujeron el 81,5 por ciento de los recursos y quedó con un presupuesto de 33.332 millones de pesos.

    3 Algo de plata para lo naranja, menos para tecnología

    La economía naranja es una de las banderas más propias del Gobierno Duque, sin embargo, no quedó con mucho presupuesto.

    Los ministerios que tienen que ver con las industrias creativas son el de Comercio, el de Cultura y el de TIC, que no suman ni el uno por ciento del presupuesto. 

    Los dos primeros lograron aumentos durante la discusión del presupuesto.

    Comercio, encargado de apoyar el financiamiento y la formalización empresarial de compañías del sector naranja, obtuvo 96.115 millones de pesos, un 20,4 por ciento más de lo propuesto por Santos y un 14 por ciento más de lo que tiene este año; Cultura, encargado de liderar la política de las industrias culturales y creativas, obtuvo 84.726 millones de pesos más y quedó con recursos por 355.000 millones de pesos.

    En contraste, el sector de Ciencia y Tecnología .salió perdiendo. Aunque al Ministerio de las TIC le añadieron 826 millones de pesos, un aumento de 1 por ciento, las entidades a su cargo perdieron presupuesto: la Agencia Nacional del Espectro, la Autoridad Nacional de Televisión y Computadores para Educar, tuvieron caídas de 10, 45 y 68 por ciento, respectivamente.

    El bajo presupuesto de las entidades de lo naranja le pondrán un reto al Gobierno de conseguir financiación para cumplir su promesa de convertir a este sector en el nuevo jalonador de la economía del país.

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    Presidente de la República de Colombia

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    El operativo fotográfico de Fico y Duque

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    Aunque se cumplía el aniversario de la Operación Orión en Medellín, el presidente Duque estuvo demasiado ocupado recorriendo la ciudad con el alcalde, clausurando ollas y vociferando que "el que la hace la paga", para recordarlo. En la Mesa de...

    Aunque se cumplía el aniversario de la Operación Orión en Medellín, el presidente Duque estuvo demasiado ocupado recorriendo la ciudad con el alcalde, clausurando ollas y vociferando que "el que la hace la paga", para recordarlo. En la Mesa de Centro, el audaz operativo fotográfico de Iván Duque y Federico Gutiérrez.

    Dirige y presenta Carlos Cortés. 

     

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    Archila quiere estabilizar su poder en la implementación

    Archila quiere estabilizar su poder en la implementación


    Ayer La Silla conoció el borrador de la política que el alto consejero para la estabilización, Emilio Archila, está planteando para que el gobierno de Iván Duque aterrice el Acuerdo de La Habana. Archila nos dijo que “es un muy borrador” y en...

    Ayer La Silla conoció el borrador de la política que el alto consejero para la estabilización, Emilio Archila, está planteando para que el gobierno de Iván Duque aterrice el Acuerdo de La Habana.

    Archila nos dijo que “es un muy borrador” y en Presidencia nos dijeron que es un “documento interno que sigue en construcción”; sin embargo, es clave porque plantea la visión del funcionario encargado de llevar el timón de la implementación del Acuerdo.

    El documento, que es mitad un diagnóstico y mitad políticas, mantiene la mayoría de puntos estructurales que dejó el Gobierno Santos, como las zonas priorizadas, la discusión de la inversión con sus habitantes, el grueso del programa de sustitución, los proyectos productivos para los ex combatientes y buena parte del modelo para llevar el Estado a las zonas más golpeadas por la guerra.

    Pero también señala los problemas que ha habido al aterrizarlos y propone, para superarlos, rebarajar el poder y centralizar las funciones más trascendentales en la Alta Consejería. Si esa visión llegara a primar, Archila tendría mucho más protagonismo del que tiene hoy, algo que podría ayudar a mejorar la coordinación de todas las entidades que tienen que aterrizar el Acuerdo.

    Eso se nota en estas cuatro líneas de su propuesta:

     

    1 Tendría más entidades a su sombra

    Archila busca que haya más coordinación entre las agencias que creó el Gobierno Santos para aterrizar el Acuerdo y todos los ministerios que tienen responsabilidades en la implementación.

    Para las entidades del Acuerdo, propone unificar los consejos directivos de la Agencia de Renovación del Territorio, ART (encargada de aterrizar los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet), la Agencia de Desarrollo Rural, ADR y la Agencia Nacional de Tierras, ANT, en un solo consejo. Hoy la Alta Consejería no está en los de la ADR y la ANT.

    Además, propone que si el presidente Duque designe Agentes Especiales del Territorio para que impulsen los Pdet, actúen “bajo las directivas del Alto Consejero”.

      2 Repotenciaría la Alta Consejería y su liderazgo

    Como habíamos anticipado, el cargo que antes ocupaba Rafael Pardo y ahora Archila, ya no se va a llamar ‘Alta Consejería para el Posconflicto’ sino ‘Alta Consejería para la Estabilización’.

    Archila propone bajo su cargo al director del Fondo Colombia en Paz, que hoy depende de un consejo directivo que nombra el Presidente y no del Alto Consejero; y reforzar su equipo con un gerente especial para el Catatumbo, la subregión de Norte de Santander que es epicentro de la coca y de la guerra entre el ELN y el EPL, y cuatro para los 16 Pdet, que hoy no dependen del Alto Consejero sino de la ART.

    Todo eso le da más poder, además de que haría otros ajustes para mejorar el funcionamiento de la Alta Consejería como reemplazar dos de las cuatro direcciones de la Alta Consejería que dirigía Pardo (Posconflicto y Acción Integral contra Minas Antipersonal) por una nueva de Gestión de la Implementación, lo que muestra por un lado que el Gobierno quiere borrar de su narrativa la palabra “posconflicto” y que el desminado ya no será tan prioritario como para que tenga una dirección aparte.

      3 Estaría a la cabeza de la gestión y ejecución de los recursos

    La Alta Consejería se mantendría al frente de la coordinación de los recursos que lleguen por cooperación internacional para evitar que haya acciones atomizadas que “le resten al proceso de estabilización”, lo que le quita funciones a la Agencia Presidencial de Cooperación.

    Encima, al tener al gerente del Fondo Colombia en Paz, el Alto Consejero sería el jefe de quien maneja todos los recursos para el posconflicto, que suman $129,5 billones para los próximos 15 años, es decir, anualmente manejaría un promedio el doble del presupuesto anual de Medellín o la mitad del de Bogotá, que hoy dependen del Secretario General de Presidencia.

    Además, plantea que todos los recursos destinados a financiar el Acuerdo deberán quedar identificados en el Presupuesto General de la Nación, y propone que la Alta Consejería y la ART asesore a los municipios priorizados en el posconflicto para agilizar los trámites para financiar proyectos del posconflicto con regalías.

    Eso es clave porque asesorando a los municipios podría opinar o tener injerencia sobre las obras que se van a jalonar relacionadas con el aterrizaje del Acuerdo.

      4 Tendría más protagonismo para definir la seguridad de los excombatientes

    Archila propone que la política de seguridad de los excombatientes, que manejaba la Consejería de Seguridad, entre “en la órbita de gestión de la Alta Consejería para el Posconflicto como responsable de la política de estabilización”. Eso le pondría un chicharrón grande, aunque también le daría más poder.

    De hecho Archila ya es el delegado presidencial en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección que se encarga, entre otras cosas, de diseñar las acciones de protección para los ex combatientes y hacerle seguimiento al plan estratégico de seguridad y protección.

    En ella se sientan, además de él, el director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, el Subdirector de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la UNP, el director de Derechos Humanos del ministerio del Interior y cinco delegados de la Farc.

    Gobierno DuqueProceso con las FARCPosconflicto Silla Nacional JINETHPRIETOemilio archilaalta consejería para la estabilizaciónacuerdo de pazfarcposconflictoPublicar en: Silla SantandereanaSilla PacíficoSilla SurSilla PaisaInteractiva: 
    En Barranquilla sí hubo conflicto (parte II)

    En Barranquilla sí hubo conflicto (parte II)


    En los recientes ocho días, volvió a aparecer un cuerpo desmembrado en Barranquilla (el número 23 desde 2011) y también ocurrió un tiroteo en el barrio Las Américas, que dejó cinco muertos, incluyendo un agente de la Sijín. A propósito del...

    En los recientes ocho días, volvió a aparecer un cuerpo desmembrado en Barranquilla (el número 23 desde 2011) y también ocurrió un tiroteo en el barrio Las Américas, que dejó cinco muertos, incluyendo un agente de la Sijín.

    A propósito del debate de seguridad que sigue sin abrirse del todo en la ciudad, continúa este especial sobre la historia del conflicto en Barranquilla.

    En la primera parte analizamos el paso de la guerrilla y en esta segunda el de los paramilitares y cómo éstos llegaron incluso a tener presencia en la Alcaldía.

    Para entender las dinámicas del paramilitarismo en las ciudades, y especialmente en Barranquilla, hay que delimitar sus objetivos al manejo del monopolio de la coerción y la prestación de seguridad a un conjunto de actividades económicas proclives al control del crimen organizado, tales como las plazas de mercado, la extorsión a los pequeños y medianos comerciantes, el contrabando y el narcotráfico, entre otras.

    En esta línea, el paramilitarismo en la ciudad de Barranquilla operó como una mafia (en el sentido clásico del concepto), es decir, como una forma superior de crimen organizado, que se basa en el cobro de un impuesto a cambio de protección a individuos u organizaciones y las actividades económicas que realizan (sean legales o ilegales) fungen como empresarios de la protección.

    Es importante señalar que si bien Barranquilla no ha sido el eje sobre el que gravita el narcotráfico colombiano ni la sede de un cartel poderoso, su espacio ha sido utilizado tradicionalmente por miembros de mafias de todo el país, por su privilegiada condición de puerto marítimo y desembocadura del río Magdalena.

    Precisamente, esta ubicación geográfica ha hecho de Barranquilla un punto estratégico para la exportación de droga y el ingreso de armas e insumos químicos. Esto, con un contexto social de alta tolerancia frente al contrabando y el lavado de activos provenientes del tráfico de drogas.

    Según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2005), la presencia de crimen organizado en la ciudad de Barranquilla no es reciente, sino que se remonta a la década de los setenta del siglo pasado, momento en el cual operaron en la ciudad grupos dedicados a la mal llamada limpieza social.

    Al mismo tiempo, se conformaron organizaciones delincuenciales dedicadas al hurto, asentándose en barrios periféricos como La Chinita, El Ferry y Rebolo. Con el tiempo, los miembros de estas bandas se dedicaron entre otras cosas a actividades relacionadas con el sicariato llegando a prestar sus servicios al narcotráfico y el paramilitarismo.

    El narcotráfico ha sido un elemento central de las dinámicas recientes de la violencia en Barranquilla.

    Es importante señalar que en los setenta, cuando la bonanza marimbera estaba en pleno desarrollo, muchos marimberos guajiros se trasladaron a Barranquilla.

    Para Sánchez Bonnet (2003), la instalación del sicariato como práctica reiterada para el cobro de cuentas o la resolución de conflictos son una evidencia de su paso por la ciudad. De esta manera,  hacia finales de los setenta e inicios de los ochenta, se fue incubando toda una tradición socio-cultural en torno al narcotráfico.

    A mediados de los ochenta, se conforma el Cartel de la Costa, teniendo como centro de operaciones Barranquilla y Santa Marta.

    En la segunda mitad de los noventa este cartel fue debilitado entre otros factores por el accionar de las autoridades y por la llegada a la región de nuevos agentes ilegales, principalmente representantes de los narcotraficantes del norte del Valle, que ocuparon los espacios dejados por el Cartel de la Costa, y a su lado se fortalecen los contrabandistas y narcotraficantes de La Guajira (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2012).

    Hacia fines de los noventa, el control del crimen en la ciudad lo ejercía la banda de “alias Dino Meza”, que según el diario El Tiempo “era la dueña de las calles de Barranquilla, recogía por seguridad y extorsiones más de 10 millones de pesos diarios”.

    En 1999 llegaron a Barranquilla los primeros hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) enviados por “alias Jorge 40”, y como en ese momento, el primero arriba mencionado controlaba todas las actividades susceptibles de extorsión, “alias Yair”, el primer jefe paramilitar que operó en la ciudad, lo citó invitándolo a que se uniera a las AUC y en dicha reunión “Meza” fue asesinado.

    Desde ese momento en Barranquilla y el Atlántico hicieron presencia activa dos estructuras del Bloque Norte de las AUC, más precisamente el Grupo Atlántico entre los años 2000 y 2003 y el Frente José Pablo Díaz (en adelante FJPD) entre los años 2003 y  2006.

    El frente cambia de nombre en el año 2003, en honor  a José Pablo Díaz, quien fue líder de la estructura paramilitar del departamento del Atlántico entre el 2000 y 2003, año en que es asesinado en una emboscada del Frente XIX de las Farc en la troncal del Caribe, en el trayecto entre Ciénaga y Fundación.  

    La importancia de Barranquilla en el despliegue de las AUC en el norte de Colombia fue evidente en la versión libre que ante la fiscal de Justicia y Paz rindió el segundo hombre de las AUC en el norte de Colombia, Rodrigo Tovar Pupo, “alias Jorge 40”, en la cual afirmó que el objetivo central de todas las acciones político-militares del Bloque Norte de las AUC era la captura de Barranquilla, ya que “meterse en el departamento del Atlántico, era una obsesión de la casa Castaño”.

    Es necesario aclarar que en Barranquilla la presencia de los paramilitares no obedeció a un objetivo contrainsurgente, dado que las organizaciones guerrilleras nunca han tenido una presencia activa en la capital del departamento, sino que por el contrario, su expansión está ligada a las raíces históricas que los unen con el narcotráfico y al crimen organizado.

    El proceso de expansión y consolidación del FJPD de las AUC se presenta entre 2003 y 2006 (año de su desmovilización). En este lapso de tiempo, la estructura paramilitar del departamento del Atlántico estuvo bajo el mando de Edgar Ignacio Fierro, “alias don Antonio”.

    Fierro siguió la misma estrategia de control social y expansión territorial usada por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), que consistía en ganar el apoyo de la Fuerza Pública y las instituciones del Estado, establecer alianzas con políticos locales, instalar candidatos propios en corporaciones públicas y hacer ciertas inversiones económicas con el fin de construir bases sociales.

    El impacto social causado por la expansión y consolidación del FJPD en la ciudad de Barranquilla produjo un dramático aumento de la criminalidad y la violación de los derechos humanos en la capital del Atlántico, según verdadabierta.com, esta estructura paramilitar entre los años 2004 y 2006 cometió 1.664 homicidios.

    Con la llegada del FJPD, el desplazamiento forzado en Barranquilla pasó de 966 personas en 1999 a 6.297 en el 2.000 y a 10.778 personas en el 2001.

    Hay que resaltar que en estas cifras no se tienen en cuenta muchos homicidios cometidos por el FJPD y que fueron registrados como muertes comunes o no ligadas a la acción paramilitar.

    En el caso de Barranquilla, la extorsión a comerciantes se convirtió en una práctica común.

    Según verdadabierta.com, Oswaldo Calvano era el encargado del cobro del “impuesto” en el mercado público de la ciudad, del cual obtenían un aproximado de 50 millones de pesos mensuales.

    Otro gremio afectado directamente por la actividad extorsiva del paramilitarismo en la ciudad de Barranquilla fue el de los tenderos, quienes durante el año 2005 pagaron 3000 millones de pesos en extorsiones .    

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    Imagen: El Heraldo.

    Pero la mayor fuente de ingresos de esta estructura paramilitar la constituyó el monopolio que ejercieron sobre la protección, transporte, acopio y control de puntos de exportación de cocaína. El encargado de las actividades relacionadas con el narcotráfico fue Miguel Villarreal Archila, “alias Salomón”, un subintendente  retirado de la Policía.

    En su versión libre, “alias Salomón” confesó que en asocio con miembros de la Policía los narcotraficantes entre los años 2003 y 2006 exportaron por los puertos del Atlántico más de 100 toneladas de cocaína. También afirmó que los paramilitares les cobraron por cada kilo un impuesto de entre 50 y 75 dólares, y que por este concepto el FJPD recaudó  más de dos millones de dólares anuales.

    La revista Semana registró un hecho que dejó en evidencia la anterior información. En agosto de 2003, miembros de la Policía Nacional del departamento del Atlántico decomisaron 2 toneladas y media de cocaína que luego fueron devueltas a narcos del norte del Valle, previo pago de un soborno gestionado por el Bloque Norte de las AUC, que era el encargado de la protección y transporte de la droga.  

    Fue tal la colaboración de la Policía Nacional en este departamento con el Bloque Norte de las AUC, que el diario El Tiempo en su edición digital del 4 de febrero de 2007, señaló que:

    En Barranquilla empezó a decirse que la coca de los ‘paras’ se movía libremente por la ciudad. De hecho, el retiro de cinco oficiales de alto rango de la Policía Atlántico en los últimos tres años y la detención de 20 miembros de la institución están relacionados con escándalos como la devolución de tres toneladas de cocaína que habían sido descubiertas en un retén.    

    Las interacciones desarrolladas por la comandancia del FJPD de las AUC y distintos agentes estatales escenifican un proceso de reconfiguración cooptada del Estado en la ciudad de Barranquilla.

    Con respecto a esto, “alias Don Antonio” ha reconocido en varias declaraciones públicas que tuvo estrechos vínculos con Gabriel Turizo, quien fuera director del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía General de la Nación en los departamentos de Atlántico y La Guajira, y dijo que le pagó 20 millones de pesos a este funcionario cuando le informó sobre varios operativos en su contra y la inminencia de su captura.

    Esta información posibilitó el escape del comandante paramilitar, que asimismo confesó que, con la ayuda de funcionarios de la Registraduría Nacional, sustrajo las fichas con sus huellas dactilares y toda la información que había sobre él en esa entidad.

    También contó que recibió ayuda del excongresista Pedro Peñalosa, suplente del también excongresista Jorge Luis Caballero, condenado por la Corte Suprema de Justicia a 6 años de prisión por sus vínculos con el paramilitarismo.

    “Don Antonio” sostuvo que el entonces congresista Peñalosa le había prestado su vehículo blindado oficial y, además, les había entregado carnés a sus hombres para que se hicieran pasar por guardaespaldas del parlamentario.

    Curiosamente, una fuerza política que tranzó con el FJPD fue el Movimiento Ciudadano, una organización de centro-izquierda, conformada por la convergencia de movimientos políticos como la Alianza Democrática M-19 y otros movimientos sociales de izquierda, que se agruparon en torno a la candidatura a la Alcaldía de Barranquilla de Bernardo Hoyos, quien también recibió el apoyo de sectores liberales como el movimiento Voluntad Popular del entonces senador Fuad Char.

    La candidatura de Hoyos se construye sobre un proyecto político de tipo popular y progresista, en oposición de las tradicionales casas electorales de la ciudad (José Name y Roberto Gerlein), con un discurso populista que denunciaba la corrupción y los abusos presentes en la ciudad causados por los antes citados.

    Esta nueva fuerza política popular y de izquierda, que se enfrenta a los caciques tradicionales, sale victoriosa y logra obtener en las elecciones de 1992 la Alcaldía de Barranquilla, con Bernardo Hoyos.

    En esa ocasión, para la Gobernación del Atlántico sale vencedor Gustavo Bell, con un proyecto que no era el mismo del Movimiento Ciudadano, pero también enfrentaba a las maquinarias tradicionales.

    Una vez terminada su Administración, Hoyos logra “traspasar” electoralmente la Alcaldía a un candidato de su mismo movimiento, Edgar George (1995-1997), y luego repite el primero en el periodo 1998-2000.

    El caudal electoral del Movimiento Ciudadano se ve afectado con el triunfo de Humberto Caiaffa (2001-2003), pero logra recuperarse con la victoria de Guillermo Hoenigsberg (2004-2007), este sería el último alcalde por ese movimiento en Barranquilla.

    Salvo la primera elección de Hoyos, todos las victorias electorales del Movimiento Ciudadano contaron con el respaldo de José Name y en la elección de Guillermo Hoenigsberg dieron su apoyo los Gerlein (Caicedo, 2008).

    Precisamente fue durante la campaña electoral de Hoenigsberg que el FJPD logra ingresar a los espacios políticos de la ciudad.

    Carlos Mario García “alias Gonzalo”, coordinador político del FJPD, ha contado públicamente que le entregó a la campaña de Hoenigsberg 2500 millones de pesos a cambio de su participación activa en la Administración. Según el propio “Gonzalo”, el FJPD llegó a proyectar que el 40 por ciento de la Alcaldía de Barranquilla sería suyo.

    En esta ciudad, los intereses paramilitares se concentraron más en la captura y apropiación de las finanzas públicas que en la representación política. En este sentido, el medio usado para dicha captura fueron las concesiones, destacándose las siguientes: una suerte de concesión (en el papel no lo era, pero en la práctica sí) a Inversiones Los Ángeles, para la gestión y recaudo tributario.

    Ese negocio lo entrega inicialmente Bernardo Hoyos y, posteriormente, en la Administración de Guillermo Hoenigsberg, Inversiones Los Ángeles cede la concesión a Métodos y Sistemas, constituida por intereses privados y capitales ilegales.

    La Monografía político-electoral del departamento del Atlántico 1997-2007, realizada por la Misión de Observación Electoral y la Corporación Nuevo Arcoíris, sintetiza de la siguiente manera la forma como el Bloque Norte de las AUC y su FJPD intervinieron económica y políticamente la Administración Pública de Barranquilla:

    - Concesión del recaudo de impuestos a privados: el alcalde de Barranquilla, Hoyos, da en concesión el recaudo de sus impuestos a Inversiones Los Ángeles Ltda., por medio del Contrato de Consultoría GP-CM-CONS-001-2000 (…). - Cesión del contrato: Inversiones Los Ángeles Ltda. cede el contrato de recaudo de impuestos a la empresa Métodos & Sistemas S.A. A finales de diciembre de 2003. - Cambio de socios del concesionario Métodos y Sistemas permitió que entraran socios y funcionarios presuntamente relacionados con “Jorge 40”. - Asesinato de socios del concesionario. Eduardo Losada (presidente de Métodos y Sistemas, y quien presuntamente había sido quien entregó los dineros para la campaña de Hoenigsberg, fue asesinado en junio de 2004. - Según confesión de “alias Don Antonio” los paramilitares obtenían del concesionario Métodos y Sistemas un aporte mensual de veinte millones de pesos para las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) (MOE- CNAI, 2008, pp. 47-49).

    Después de la financiación ilícita de la campaña de Guillermo Hoenigsberg logran posteriormente afianzar sus alianzas políticas y electoral regionales; así, por medio de la coerción armada y el fraude electoral, los entonces senadores Mauricio Pimiento, Álvaro Araújo y Dieb Maloof, obtuvieron el apoyo electoral de la Administración de Hoenigsberg en Barranquilla y de la alcaldesa de Soledad Astrid Barraza (MOE-CNAI, 2008).

    Precisamente, la Corte Suprema de Justicia acaba de compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue al exalcalde Hoenigsberg, basándose en una declaración rendida los días 1 y 2 de agosto de 2013, por el excomandante paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, “alias Don Berna”, ante una comisión de fiscales delegados. En dicha declaración, este afirmó que:  

    Él era alcalde de Barranquilla, él estuvo en Santa Fe de Ralito, a él lo lleva un señor al que le hicieron un atentado del que salió inválido, que le decíamos “Yuyo” (…) el objetivo era conocerlo y saber que él era una persona cercana a la Autodefensa, que tuvo el apoyo y respaldo del Bloque Norte, concretamente del señor (Rodrigo Tovar Pupo) “Jorge 40”, también para intercambiar algunos conceptos e ideas, ya que una de las labores mías en la organización […] era la parte política, y yo sé que él era cercano a la organización y tuvo el respaldo y el apoyo de “Jorge 40”.

    En conclusión la presencia del paramilitarismo en la ciudad de Barranquilla no obedeció a una estrategia contrainsurgente, sino a sus estrechos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado.

    Los objetivos del paramilitarismo en la ciudad de Barranquilla se centraron en el control del monopolio de la coerción y la prestación de seguridad a un conjunto de actividades económicas proclives al control del crimen organizado, tales como las plazas de mercado, la extorsión a los pequeños y medianos comerciantes, el contrabando y el narcotráfico, entre otras.

    Esperen ‘En Barranquilla sí hubo conflicto (parte III)’

    *Este texto no representa el pensamiento de la Uninorte sino el de su autor.

     

     

     

     

    Referencias

    Caicedo, E. (2008). Estructuras de poder político y electoral. En C. López (Coord.), Monografía político electoral del Departamento del Atlántico 1997a 2007. Bogotá: Misión de Observación Electoral, Corporación Nuevo Arcoíris, Universidad de los Andes.

    Monografía político electoral del Departamento del Atlántico 1997a 2007. Bogotá: Misión de Observación Electoral, Corporación Nuevo Arcoíris, Universidad de los Andes.

    Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. (2005). Dinámica reciente de la violencia en Barranquilla. Bogotá: Vicepresidencia de la República de Colombia.

    Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. (2012). Diagnóstico de la situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Departamento del Atlántico 2000-I semestre de 2011. Bogotá: Vicepresidencia de la República de Colombia.

    Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá (2011) Magistrada Ponente: Léster María González Romero. Radicación: 110016000253-200681366. Postulado: Edgar Ignacio Fierro Flores.

    Sánchez Bonnet, L. (2003). Barranquilla: Un espacio para la sospecha. En: L. Sánchez Bonnet, L. (Comp.). Barranquilla: Lecturas Urbanas. Barranquilla: Editorial Mejoras.

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    El Contralor imputado: otro impulso para la centro izquierda cachaca

    El Contralor imputado: otro impulso para la centro izquierda cachaca


      La imputación de cargos y la medida de aseguramiento que pedirá la Fiscalía para el Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, por presuntas irregularidades en contratos con los que habría favorecido a la corrupta multinacional brasilera...

     

    La imputación de cargos y la medida de aseguramiento que pedirá la Fiscalía para el Contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, por presuntas irregularidades en contratos con los que habría favorecido a la corrupta multinacional brasilera Odebrecht cuando fue Gobernador de Boyacá, políticamente es un golpe más a los partidos tradicionales en la ciudad en un año en el que la centro izquierda les sacó ventaja en la ciudad y se fortaleció de cara a las elecciones locales del año entrante.

    El Contralor está metido en el caso Odebrecht desde que en noviembre de 2017 el excontratista y testigo Federico Gaviria le dijo a la Fiscalía que Granados había recibido 200 millones de pesos de esa empresa a través de su aliado político Plinio Olano (que ya fue llamado a juicio), con el fin de financiar la campaña a la Gobernación de Boyacá en 2011.

    Esa mención era lo único que lo involucraba y le hacía ruido, y desde entonces él se cuidó de salir a medios, que poco volvieron a hablar del tema.

    Hasta que ayer el caso revivió con la posibilidad de que lo pongan preso. La Fiscalía anunció que el 29 de octubre le imputará concierto  para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, ya que, agregó, tiene suficientes pruebas de que él “estaría involucrado en posibles irregularidades en su condición de candidato a la Gobernación, además de otros hechos similares supuestamente cometidos como primer mandatario de dicho departamento”.

    Nada de de eso tiene que ver con Bogotá, pero como todo ha reventado mientras ocupa su cargo como Contralor, el coletazo político de la imputación de cargos puede sentirse en la ciudad, con miras a las elecciones locales del año entrante.

    El coletazo

    La responsabilidad política de elegir a Granados recae sobre los partidos de centro derecha que, en su mayoría, pretenden unirse para sacar un candidato único a la Alcaldía.

    Granados fue elegido en el Concejo con el voto de 35 de 45 concejales, entre los que estuvieron los nueve de Cambio Radical, los seis liberales, los seis del Centro Democrático, los cuatro de La U, los tres conservadores, el de Libres, el de Opción Ciudadana y cinco de los seis de Alianza Verde.

    Esos partidos, a excepción de los verdes, se unirían para la Alcaldía en 2019, con lo que el factor Granados les puede jugar en contra ante la opinión pública, sobre todo si se tiene en cuenta que, como contamos en La Silla Cachaca, lo eligieron a pesar de que le fue mal en la prueba de conocimientos para acceder al cargo, y una vez él se posesionó, los retribuyó con burocracia.

    Y de los partidos que lo eligieron, la responsabilidad mayor es para Cambio Radical, que como parte de los acuerdos que hizo la coalición mayoritaria del Concejo fue el encargado de proponer un candidato a la Contraloría para que luego fuera respaldado por las demás fuerzas. Y sugirió a Granados, un exgobernador aliado de Germán Vargas Lleras.

    Por eso el golpe a Granados es otro golpe para Cambio, que, como contamos, la tiene cuesta arriba para las locales del año entrante después de obtener menos de lo que esperaba en las legislativas en Bogotá, de la debacle electoral del tan cachacho Vargas Lleras y de que al alcalde Enrique Peñalosa, al que avalaron, le haya sido imposible repuntar en las encuestas la imagen negativa que proyecta ante la gente.

    Ya un concejal de Cambio, Yefer Vega, pidió la renuncia del Contralor, y se le sumaron otros que también votaron por él: Lucía Bastidas, de Alianza Verde; la liberal María Victoria Vargas, y el concejal cristiano Marco Fidel Ramírez, de Opción Ciudadana. (De los que no votaron por él le pidieron que renunciara Jorge Torres, de los verdes; Manuel Sarmiento, del Polo y Juan Carlos Flórez, de la ASI).

    Lo que está por verse en los próximos días es si hay un desmarque tan grande como la coalición que lo respaldó o si, como hace un año que lo salpicaron por primera vez, sigue manteniendo el respaldo mayoritario de ese bloque político.

    Se quede solo o no, la oposición ya comenzó a recordar quiénes fueron los que lo eligieron, con el fin de que los castiguen el año entrante, como lo hizo el representante a la Cámara por Bogotá David Racero, de Colombia Humana, el movimiento que lidera Gustavo Petro:

    Estos fueron los Concejales de #Bogotá y los partidos políticos que eligieron a Juan Carlos Granados como Contralor Distrital, hoy llamado por la Fiscalía a audiencia de imputación de cargos por caso Odebrecht. Ojalá no lo olviden al momento depositar su voto en 2019. pic.twitter.com/MPOuM31qHN

    — David Racero (@DavidRacero) October 17, 2018

    Otro revés para la derecha con la situación de Granados es que Gustavo Petro puede sacar réditos.

    Desde que llegó al cargo, el Contralor y subalternos suyos fallaron en tres ocasiones contra el exalcalde por presuntas irregularidades que habría cometido como mandatario, relacionadas con la implementación del sistema de aseo y la rebaja de tarifas de Transmilenio (ésta fue suspendida).

    De ahí salieron multas contra Petro por unos 300 mil millones de pesos.

    Petro siempre interpretó eso como una persecución con la que el jefe político de Granados, el exvicepresidente y máximo líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, pretendía sacarlo de la campaña presidencial.

    Ahora el dedo acusador lo tienen el exalcalde y sus seguidores, que ven cómo Petro pudo ser candidato y pasar a segunda vuelta, mientras Granados ha quedado expuesto ante la picota pública.

    Hasta ahora el Contralor ha negado su participación en cualquier irregularidad, y el 29 de octubre será la Corte Suprema la que decida si permite que afronte el proceso judicial en libertad u ordena detenerlo.

    Cualquiera sea el caso, el manto de duda ya lo puso la Fiscalía y, en plena precampaña electoral, eso tendrá sus consecuencias.

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    Los cocaleros le muestran los dientes a Duque

    Los cocaleros le muestran los dientes a Duque


    Mientras el paro de los estudiantes se calienta en varias ciudades, al presidente Iván Duque se le puede abrir otro frente de movilizaciones en el campo. En Caquetá y Norte de Santander, dos de las regiones más cocaleras del país, los campesinos...

    Mientras el paro de los estudiantes se calienta en varias ciudades, al presidente Iván Duque se le puede abrir otro frente de movilizaciones en el campo. En Caquetá y Norte de Santander, dos de las regiones más cocaleras del país, los campesinos cultivadores de coca salieron a paro hace unos días para decirle al Gobierno, entre otras cosas, que si no dejan entrar más familias al Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Pnis, van a paralizar las carreteras.

    Esa petición es nueva y el lío es que además es una de las líneas rojas del Gobierno, pues el Presidente Duque ha dicho que solo honrará los acuerdos que ya están suscritos y su alto consejero para la estabilización, Emilio Archila, ha repetido en varios escenarios que el Pnis está desfinanciado y que incluso están haciendo una “maroma presupuestal” para cumplirles a las más de 54 mil familias a las que ya les comenzaron a pagar.

    Aunque Duque también ha dicho que va “a darles alternativas productivas a las regiones” con más coca, aún no es clara esa propuesta, y en su lugar la incertidumbre está cocinando un paro cocalero que además de ser una mostrada de dientes al Gobierno, puede llegar a sitiar el país como pasó en 2013. Todo eso, sin que haya volado todavía el primer avión con glifosato, la carta de la fumigación aérea que quiere retomar el nuevo Gobierno.

    La papa caliente

    Hoy en Norte de Santander se acaba el plazo que se dieron cocaleros, delegados de los gobiernos locales y Ejército y Policía para suspender por ocho días la erradicación forzada de coca en el Zulia y Cúcuta.

     

    Aunque esos dos municipios no hacen parte del Catatumbo, subregión en la que se concentran la mayoría de hectáreas sembradas en ese departamento, en los últimos años han tenido un crecimiento exponencial de cultivos de coca, y se convirtieron en el epicentro de la mostrada de dientes de los campesinos cocaleros de la zona.

    Hace una semana miembros de la Coordinadora de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana, Coccam (que es afín a la Farc) y de la Asociación Campesina del Catatumbo, Ascamcat, bloquearon la vía que conecta a Cúcuta con Tibú, y se declararon en asamblea permanente para protestar porque la Fuerza Pública llegó a las veredas de Cerro León y Cerro González en El Zulia a arrancar las matas.

    El paro duró pocas horas debido a que, además de acordar con el Ejército y Policía que suspendería la erradicación por ocho días, el gobernador de Norte, William Villamizar, se comprometió a hacer acercamientos con Presidencia para lograr que más familias fueran incluidas en el Programa de Sustitución.

    Eso es clave porque en ese departamento el programa solo llegó a Tibú y a una vereda de Sardinata en el Gobierno Santos, pese a que allí hay 16 municipios cocaleros.

    Ese mismo argumento de meter nuevas familias al programa como condición para no convocar un gran paro regional fue el que llevaron los campesinos cocaleros de la Coccam en Caquetá cuando se sentaron con Claudia Salcedo, encargada de la Dirección de Drogas de Presidencia, que depende del alto consejero Archila.

    Como contó La Silla Sur, hace dos semanas 200 campesinos de la inspección de Puerto Nuevo Zabaleta del municipio de San José de Fragua, en límites con el Cauca, bloquearon las vías de la zona y se declararon en asamblea permanente.

    Allí, tal como pasó en Norte de Santander, los cocaleros también lograron que el Ejército suspendiera la erradicación por unos días.

    “Hicimos un alto en el camino y les dijimos a los campesinos que vamos a revisar bien quién se acogió al Programa y quién no”, dijo a La Silla el general César Augusto Parra, comandante de la Fuerza de Tarea Júpiter, que es la que hace presencia en Caquetá.

    Además de suspender la erradicación, los campesinos le dijeron al General que querían hablar con alguien del Gobierno y fue así como Claudia Salcedo viajó hasta allá para “bajarle la temperatura al tema”, como nos dijo una fuente de Presidencia.

    La Silla supo que en esa reunión Salcedo se comprometió a llevarles el 15 de noviembre un diagnóstico a los campesinos sobre en qué van los pagos de cada familia y qué ha pasado con las más de 5 mil familias cocaleras que están suspendidas en el sistema de Presidencia porque, por ejemplo, al cruzar datos sus nombres no coinciden, o no han estado en el predio cuando van a verificar que sí han arrancado las matas.

    De hecho, el mismo Duque viajó la semana pasada a presidir un consejo de seguridad en Caquetá y habló de la sustitución, pero para reiterar el punto del Gobierno y es que van a cumplirles solo a los que ya tienen acuerdos firmados sin incluir a nadie más.

    Mientras en estas regiones ya salieron a las carreteras y mostraron la primera chispa de un eventual paro cocalero, en otras como Antioquia y Cauca no han salido pero sí están calentando motores.

    En esos dos departamentos no tienen fecha para salir a la calle a protestar, pero entre las bases de la Coccam se está cocinando una manifestación, porque al igual que en Caquetá y en Norte, el Pnis va atrasado en los pagos en algunas veredas y hay soldados erradicando en otras.

    En Antioquia ya doce asociaciones campesinas del Bajo Cauca, el Norte de Antioquia y Sur de Córdoba, que son casi todas de Coccam, se reunieron esta semana en Montería y hablaron del tema. Las de Cáceres, Tarazá, Anorí e Ituango se declararon en asamblea permanente.

    “Las bases de nuestras organizaciones van a estar preparados para una movilización. Cuando lleguen los drones vamos a ser una sola voz en todos los municipios de la región”, le dijo a La Silla José David Hernández, coordinador de la Coccam en Antioquia.

    La referencia a los drones tiene que ver con que en ese departamento en el Bajo Cauca les respira en la nuca un piloto de erradicación con glifosato de la Gobernación de Luis Pérez.

    Los drones, según le dijo a La Silla la gerente del programa de erradicación de la Gobernación de Antioquia, Lina de los Ríos, comenzaron ayer a asperjar, pero no hay información sobre los sitios donde lo están haciendo porque “hay mucha gente a la que no les gustan y los pueden tumbar”.

    En Cauca la tensión pasa por la unión de todos los sectores cocaleros.

    Cristobal Guamanga, campesino de la Coccam, nos dijo que se volvieron a unir los pequeños cultivadores que desde el inicio estaban de acuerdo con entrar al programa de sustitución, con los grandes cultivadores que no entraron al programa porque no les parecía rentable.

    “Así la pelea con el Gobierno va ser más dura, la gente va a a salir a pelear y taponar la Panamericana si es necesario”, le dijo Guamanga a La Silla.

    A eso se suma que, según nos contó un funcionario del Pnis que nos pidió no citarlo, los campesinos cocaleros están llegando a las Personerías y Alcaldías locales diciendo que quieren entrar al programa de sustitución Pnis y se hacen registrar para evitar la erradicación y argumentar que el Gobierno no les cumple.

    Así que a pocas horas de que se cumpla el plazo en Norte, cuando en Caquetá están a la expectativa de lo que va a suceder, y en Antioquia y Cauca están calentando motores, lo que por ahora está claro es que todos los ingredientes están servidos para que en cualquier momento estalle una movilización.

    El 'stand by' del Gobierno

    En el lado del Gobierno aún no hay nada concreto sobre cómo van a capotear la situación.  

    No solo por las declaraciones del Presidente Duque y de Archila, sino porque La Silla confirmó que, más allá de que no hay plata para financiar la entrada de nuevas familias en el Pnis, por ahora la instrucción es revisar y diagnosticar el programa que dejó Santos montado, y hasta que no hagan eso, no van a ni a pensar en inscribir a nadie más.

    El chicharrón que dejó Santos es grande porque su gobierno firmó acuerdos colectivos con 130 mil familias y de esas, 97 mil firmaron acuerdos individuales. Eso quiere decir que hay más de 30 mil familias en el limbo (porque apenas les comenzaron a pagar a 54 mil).

    Pero además, esas 130 mil familias viven en 52 de los 118 municipios con coca, según cifras del Gobierno.

    Eso significa que el Pnis no ha entrado ni a la mitad de los sitios donde está el problema y, según supo La Silla, dentro del Gobierno creen que pagarles 36 millones de pesos a cada familia, que es el compromiso del Pnis, es insostenible.

    Por eso están pensando crear un nuevo modelo para entrar a los territorios donde no han entrado.

    El problema para el Gobierno es que mientras hacen el diagnóstico y piensan en un plan B para la sustitución, los cocaleros están a punto de bloquearles las carreteras.

     

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    Las 10 cosas que están en juego con la Reforma a la Justicia

    Las 10 cosas que están en juego con la Reforma a la Justicia


    Hace unos minutos la Comisión Primera del Senado aprobó la Reforma a la Justicia que empieza a avanzar en el Congreso y que viene de los proyectos de reforma del Gobierno, de Cambio Radical y del uribismo. Aunque le faltan otros siete debates, lo que...

    Hace unos minutos la Comisión Primera del Senado aprobó la Reforma a la Justicia que empieza a avanzar en el Congreso y que viene de los proyectos de reforma del Gobierno, de Cambio Radical y del uribismo.

    Aunque le faltan otros siete debates, lo que votó la Comisión y decenas de propuestas más que no se aprobaron pero se pueden revivir porque en la comisión acordaron dejarlas como proposiciones, marcan la cancha de lo que podría cambiar con esta reforma, si es que sale adelante.

    Estos son los 10 puntos prinicpales que están en juego

    1 Si la tutela se restringe

    Uno de los puntos más debatidos de las tres propuestas de reforma a la justicia es que tocan la tutela para, de forma diversa y en puntos distintos, limitarla.

    El Gobierno propuso limitar el plazo para presentarla, obligar a que fuera entre ciertos jueces, regular la tutela contra sentencias y exigir que solo la puedan presentar los directamente afectados, para evitar las tutelatones; Cambio coincidió en las dos últimas; y el uribismo aparentemente planteó reemplazarla por un recurso de amparo nuevo (su redacción no es clara), limitándola mucho más que Duque o Cambio.

    Todo eso produjo una reacción contra las propuestas de reforma, especialmente las del gobierno y el uribismo. 

    En la ponencia, aprobada ayer, opta por no modificarla.

     

     

      2 Quién juzga a los altos funcionarios con fuero

    Uno de los puntos más discutidos en las recientes reformas fallidas es quién será el juez de los funcionarios con fuero, como el presidente, los congresistas, los magistrados de altas cortes, el Fiscal y el Procurador.

    El proyecto del gobierno solo aclaraba que las funciones que tiene el Congreso, que hace la parte inicial de investigación, son políticas y no judiciales - lo que hace más sencillo el trámite, mientras que el del Centro Democrático reforzaba el poder de los congresistas en el tema

    Eso porque eliminaba los fueros excepto el del Presidente, a quien juzgaría el Congreso (hoy el Congreso investiga y la Corte Suprema juzga), y le da al Congreso el poder para quitarle el fuero a magistrados y congresistas, y el de permitir la detención y el llamamiento a juicio.

    La ponencia propone crear un tribunal especial para los aforados, como propuso la fallida reforma de Equilibrio de Poderes del Gobierno Santos, que se dediquen únicamente a tramitar los procesos penales contra personas con fuero que le envíe el Senado.

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      3 Quién maneja los más de 4 billones anuales de la Rama

    Uno de los puntos que se repite en las fallidas reformas a la justicia es el cambio de la estructura administrativa de la Rama Judicial, que maneja de forma autónoma su presupuesto y que ha tenido en la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura un organismo de administración muy criticado, porque funciona como una Altas Cortes y no como una entidad administradora.

    En esta ocasión el Gobierno propone eliminar la Judicatura y darle las funciones de gobierno y administración a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial (donde están los presidentes de las Cortes y delegados de los funcionarios de la Rama, y que ahora se encargaría de las decisiones estratégicas), a una dirección de la Rama que tendría un consejo directivo y un gerente; y a una comisión de carrera judicial que conformará las listas de elegibles para los tribunales.

    Cambio Radical dejó una propuesta más sencilla, la de reemplazar la Judicatura por una dirección administrativa que maneje una sola persona, un director que sería muy poderoso; y el uribismo propuso que haya un gerente de la rama y encima una junta directiva en la que estarían el gerente, el presidente de la única alta corte, el Fiscal, un representante de los empleados de la rama y tres independientes que propondrían decanos de derecho.

    Este punto quedó en la ponencia y no se ha votado hasta ahora.

     

      4 Si los congresistas pueden definir en qué se va la plata

    La propuesta del Centro Democrático, en la lógica de la de Equilibrio de Poderes que sacó adelante el Gobierno Santos pero finalmente perdió casi toda su fuerza, propuso fortalecer el Congreso, sobre todo permitiéndole definir libremente en qué se irá una quinta parte de todo el presupuesto de inversión de la Nación, que para el 2019 serían unos 8 billones de pesos, más de lo que se necesitaría para rescatar a Electricaribe.

    Eso le permitiría a los congresistas decidir sobre montos millonarios sin tener que negociarlos con el Gobierno, por encima de la mesa y de forma colectiva, lo que reduciría la necesidad de la mermelada (los cupos indicativos) pero también podría dejar en manos de las mayorías la definición de toda esa plata, lo que reforzaría su poder.

    Este punto, que en la ponencia se eliminaría pero no se ha definido, curiosamente apareció en la reforma política que avanza en paralelo, en la ponencia que presentó ayer Roy Barreras.

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      5 Si se cambia de un tacazo la cúpula de la justicia

    Uno de los temas más sonados de las propuestas de reforma es la de Paloma Valencia y muchos otros congresistas uribistas fue la de crear un Tribunal Constitucional Supremo, que sería una única alta Corte y que tendría magistrados nuevos. Es decir, cambiaría de un golpe toda la cúpula de la Rama, lo que podría darle una visión totalmente nueva a las grandes decisiones judiciales del país.

    Aunque las otras dos reformas no la retoman, la propuesta puede revivir y el presidente Duque la compartía por lo menos inicialmente en campaña.

     

      6 Si los magistrados siguen metiéndose en la conformación de otras ramas

    Los tres proyectos le quitan funciones electorales a los magistrados de las Altas Cortes, lo que busca evitar que éstos sigan contaminados por un cruce de favores y prebendas con los políticos, pero le da más poderes a éstos.

    Eso porque en los tres casos propone que dejen de participar en el nombramiento del procurador (que hoy sale de una terna con un candidato propuesto por cada alta corte); en la del uribismo propone que la Sala Penal de la Corte Suprema deje de participar en la del Fiscal para que lo nombre el presidente si supera un veto en el Senado; y en las del Gobierno y Cambio Radical, que el auditor y el registrados sean elegidos por el Congreso, después de procesos meritocráticos.

    En todos los casos el poder que pierden los magistrados lo ganan los congresistas, y la comisión ya aprobó que así sea para el procurador y el Auditor General.

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      7 Si los jueces de carrera se quedan con la Rama

    Aunque ha pasado relativamente desapercibido, una de las propuestas del Gobierno cambiaría en buena medida el equilibrio de poder en toda la Rama Judicial.

    La idea es que los magistrados de las Corte Suprema y el Consejo de Estado deben haber sido jueces o magistrados, lo que aseguraba que conocerían el quehacer judicial pero rompía las relaciones que tradicionalmente han tenido esas Altas Cortes con la academia. Además, podría dejar totalmente la Rama en manos de roscas judiciales, que han ido creciendo.

    La idea, que no comparten las otras propuestas, no quedó en la ponencia que está en discusión, pero el acuerdo es dejar lo que se hunda como proposición.

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      8 Si sobreviven las contralorías territoriales

    La ponencia aprobada ayer mantiene la eliminación de las contralorías departamentales y de los distritos y municipios grandes que propuso Cambio Radical en su proyecto.

    Esa idea es un viejo reclamo que estaba entre las propuestas del entonces presidente Álvaro Uribe en su fallido referendo de 2003, y se debe a que son fortines burocráticos, muchas veces se usan para presionar a rivales políticos o hacer negocios ilegales (como contamos en el caso de Norte de Santander) y además duplican sus funciones con las gerencias departamentales de las contralorías regionales.

    A pesar de eso, como no se trata directamente de un tema judicial y como además hay intereses políticos de no perderlas, no es sencillo que la propuesta salga adelante.

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      9 Si la Fiscalía sigue siendo independiente

    Una de las grandes propuestas del uribismo en su reforma es incluir a la Fiscalía en la Rama Ejecutiva y permitir que sea el presidente quien nombre al Fiscal General, lo que lo complementa permitiendo que el Congreso tramite una moción de censura contra él, como hoy puede hacer contra los ministros.

    Ese cambio, que no fue aprobado ayer, cambiaría toda la lógica del sistema penal para hacerlo más similar al de Estados Unidos.

     

      10 Si los carcelazos tienen plazo máximo

    El proyecto de reforma del uribismo propone ponerle un techo al tiempo que una persona puede estar detenida preventivamente, una medida garantista para evitar que las personas duren años esperando un juicio en la cárcel y al final salgan absueltos, una situación que no es inusual y que no solo es injusta con ellos y sus familias sino que trae grandes demandas al Estado.

    Ayer la comisión primera aprobó que ese plazo máximo sea de un año a menos de que haya otra investigación penal por otros hechos. El reto que traería es que hay casos en los que la justicia tarda mucho más de un año en llegar a una sentencia, y que habría más incentivos para que la defensa busque dilatar el proceso para así obtener la libertad de una persona encarcelada preventivamente, incluso si fue capturado en flagrancia.

     

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    Los líos de Hernán Moreno dejaron sin paneles solares a Tumaco

    Los líos de Hernán Moreno dejaron sin paneles solares a Tumaco


    El empresario paisa, Hernán Moreno Pérez, dueño y exrepresentante legal de la empresa de ingeniería eléctrica Furel S.A que está en el ojo del huracán por presuntamente haber sido uno de los contratistas beneficiados de coimas de contratos...

    El empresario paisa, Hernán Moreno Pérez, dueño y exrepresentante legal de la empresa de ingeniería eléctrica Furel S.A que está en el ojo del huracán por presuntamente haber sido uno de los contratistas beneficiados de coimas de contratos públicos en Armenia y San Andrés como parte de pago de sus aportes a campañas de políticos de esa región, también llegó a Tumaco este año para instalar paneles solares.

    Se trata de dos millonarios contratos para suministrar e instalar paneles solares en las veredas del puerto de Santo Domingo, El Progreso, Chontal y Teherán, en la zona rural.

    A diferencia de los otros contratos en Armenia y San Andrés donde está involucrado, a Tumaco no llegó por apoyar a políticos en las elecciones, sino a través de una empresa chocoana. 

    Los dos contratos los ganó con la empresa distribuidora de energía en Chocó, Dispac S.A. en abril como muestran estos documentos pese a que Moreno fue capturado el 28 de marzo de este año en el marco del escándalo de contratación de la capital de Quindío, que hoy tiene presa a la exalcaldesa de esa ciudad, Luz Piedad Valencia.

    Los contratos los hizo Dispac para ejecutar un proyecto de paneles solares para zonas no interconectadas a la red eléctrica nacional que financia el Ministerio de Minas y Energía, y que eligió a Dispac para ejecutarlo en diferentes partes del país, incluido Tumaco.

    Furel, la empresa de Hernán Moreno hasta ese momento, ganó dos contratos, uno por 3.244 millones de pesos y otro por 3.119 millones. Ambos adjudicados el 24 de abril y en convocatorias donde fue el único proponente.

    Los contratos se firmaron el 10 y el 15 de mayo, respectivamente, con otro representante legal que reemplazó a Moreno en Furel, Jhon Jairo Toro. 

    El proyecto ya había empezado a marchar. Incluso hace tres meses funcionarios de Dispac y Furel fueron a esas veredas para tomar los datos de las 374 familias beneficiarias de los tres paneles solares por hogar, que iban a generar 750 voltios, según nos dijo el tesorero del consejo comunitario de Bajo Mira, Ricardo Montaño, que agrupa a algunas de esas veredas.

    Sin embargo, Dispac canceló los contratos una vez vinieron los problemas judiciales para Moreno con la Fiscalía.

    Así le dijo a La Silla Pacífico la empresa, que aseguró vía correo electrónico que aunque en el sistema de registro de contratación pública (Secop) los contratos aún aparecen como celebrados, ya no es así.

    La gerencia de Dispac nos que los contratos con Furel se dieron antes del 12 de junio de 2018, cuando la Fiscalía embargó cautelarmente a Furel en el marco de las investigaciones en Quindío y San Andrés.

    Sin embargo, los adjudicó cuando Moreno, dueño de Furel y su representante legal principal, ya estaba preso, y Dispac aún así determinó en este documento que eso no inhabilitaba a la empresa para seguir contratando con el Estado.

    De todos modos, Dispac aseguró que luego de la intervención, no solo terminó el contrato sino que lo hizo sin girarle plata a la cuestionada empresa.

    Ahora Dispac tendrá que hacer una nueva convocatoria para contratar otra empresa para llevar energía solar a la zona rural de Tumaco, que no solo sufre los azotes de la violencia, sino las carencias de servicios básicos que el Estado aún no lleva.

    El tesorero del consejo comunitario de Bajo Mira le dijo a La Silla Pacífico que iba a radicar una derecho de petición a Dispac y al Ministerio de Minas porque no tienen información sobre el proyecto que, según él, ya lleva tres meses de retraso.

    Una espera que podría alargarse más a cuenta de líos por presunta corrupción del empresario Moreno que llegaron al otro extremo del país.

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    Los líos de Hernán Moreno dejaron sin paneles solares a Tumaco


    Boletín La Silla PacíficoResumen: Hoy se llevarán a cabo nuevas marchas estudiantiles para presionar al presidente Iván Duque a que aumente el presupuesto para las universidades públicas. Entre tanto La Silla Pacífico le cuenta las siguientes...

    Boletín La Silla PacíficoResumen: 

    Hoy se llevarán a cabo nuevas marchas estudiantiles para presionar al presidente Iván Duque a que aumente el presupuesto para las universidades públicas. Entre tanto La Silla Pacífico le cuenta las siguientes historias. 

    Items boletin: Los líos de Hernán Moreno dejaron sin paneles solares a TumacoMientras las reforma, Duque apuesta a las regalías como estánMockus es más Mockus que Senador
    La pelea por la terna de Córdoba le mide el aceite a Duque

    La pelea por la terna de Córdoba le mide el aceite a Duque


    La cantidad de mandatarios suspendidos en el Caribe está poniendo a prueba al presidente Iván Duque, pues en los distintos departamentos son muchos los grupos políticos pujando  para que encarguen fichas suyas. Después de designar en Cartagena y...

    La cantidad de mandatarios suspendidos en el Caribe está poniendo a prueba al presidente Iván Duque, pues en los distintos departamentos son muchos los grupos políticos pujando  para que encarguen fichas suyas. Después de designar en Cartagena y Riohacha, el turno es para la Gobernación de Córdoba.

    Allí se están peleando ese encargo las casas políticas que fundaron y han liderados tres cuestionados: la del detenido exsenador Musa Besaile (quien confesó haber pagado dos mil millones de pesos para desviar una investigación por parapolítica), la del confeso ladrón de las arcas de Córdoba Alejandro Lyons y la de la exsenadora en juicio por parapolítica Zulema Jattin.

    Estas dos últimas van unidas en la puja.

    Los tres grupos quieren meter a sus fichas en la terna que, esta semana, el Partido de La U deberá enviar a Presidencia para que Duque elija el reemplazo del gobernador titular, Edwin Besaile, quien se encuentra actualmente suspendido y hace poco más de dos semanas fue destituido e inhabilitado en primera instancia por su presunta participación en el desfalco a la salud de los cordobeses.

    Esto enfrenta al Presidente a un dilema, pues, tras haber afirmado al día siguiente de su elección que la principal bandera de su Gobierno sería “la lucha frontal contra la corrupción, la politiquería y el clientelismo”, deberá decidir si designa como mandatario, de un departamento que en los últimos años ha sido protagonista de varios escándalos de corrupción, a una persona cercana a estos cuestionados o devuelve la terna.

    Todo eso con la particularidad de que los tres grupos políticos apoyaron su campaña presidencial; el lyonismo desde primera vuelta y sectores del musismo y el jattinismo desde segunda.

    La pelea por la terna

    El pulso por la terna lo protagonizan las fichas en el Congreso de las tres fuerzas en cuestión: Lyons cuenta con su prima, la representante Sara Piedrahita; Musa con su hermano el senador Jhony Besaile (ellos, a su vez, son hermanos del suspendido Gobernador) y Zulema Jattin con el representante Jorge Enrique ‘el Titi’ Burgos.

    Todos son del Partido de La U.

    Aunque llevaba ya varias semanas cocinándose, la pelea se desató el jueves de la semana pasada cuando la representante Piedrahita envió una carta al director del partido, Aurelio Iragorri.

    En esta carta expresaba su apoyo al candidato propuesto por el  Titi Burgos: el contratista Darío José Oviedo Castaño, quien, como Burgos, viene de las entrañas del jattinismo.

    Oviedo apoyó la campaña del Titi Burgos y, de acuerdo a la información registrada en la página Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, la financió con 30 millones de pesos.

    El hecho de querer incluir a una persona del movimiento de Jattin en la terna, molestó a miembros de la casa Besaile que argumentan que solamente el grupo que eligió al Gobernador puede postular aspirantes a ser designados por Duque.

    En particular, quien más ha criticado esta movida ha sido el representante Erasmo Zuleta Bechara (de la cuerda del grupo de Musa) que afirmó ante un medio local que el jattinismo no tenía por qué presentar un ternado, si la Gobernación “les pertenecía” a los Besaile, como si fuera un patrimonio propio.

    “Yo les pongo un ejemplo, por qué mi grupo tiene que intervenir en caso de que se suspenda un alcalde de los otros dos movimientos de La U. Si suspenden a la alcaldesa de Lorica (un municipio que, como hemos contado en La Silla Caribe, es fortín de Zulema Jattin), por qué nosotros vamos a dar nombres para una terna, cuando eso solo le corresponde al jattinismo”, aseguró Zuleta Bechara.

    Además de estar ligado familiarmente con los Besaile (su hermana Rosana está casada con el suspendido gobernador Besaile), Erasmo Zuleta es hijo de la exrectora de la Universidad del Sinú, Mara Bechara, quien actualmente enfrenta un juicio por su presunta participación en el desfalco de plata de regalías en Córdoba durante la Administración de Alejandro Lyons.

    Por su parte, los Besaile no han definido a quién van a poner, pero entre los que suenan están el secretario de Infraestructura, Carlos Angulo, y el director administrativo de Planeación y excandidato a la Alcaldía de Cereté, Camilo Mejía.

    Desde finales de enero, tras la suspensión de Edwin Besaile, está de gobernadora encargada la Directora de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del Interior, Sandra Devia, puesta por el Gobierno Santos y cercana al Partido Liberal.

    Aunque, como habíamos revelado en La Silla Caribe, La U conformaría una terna para mantener el poder en Córdoba, no fue sino hasta la reciente destitución e inhabilidad por diez años que la Procuraduría sentenció contra Edwin Besaile que el tema de la terna empezó a moverse.

    El director del Partido de la U, Aurelio Iragorri, nos contó que esta semana el directorio departamental enviará la terna y que él mismo estará “pendiente del tema para no enviar a una persona que no sea idónea” para el cargo.

    Esta semana se sabrá, finalmente, qué sectores políticos quedaron representados en su conformación. Luego, será decisión del presidente Duque quién queda al mando del departamento de Córdoba.

    El grupo ganador se quedará con la Gobernación justo ad portas de que arranque la campaña por las locales de 2019.

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    Mientras las reforma, Duque apuesta a las regalías como están

    Mientras las reforma, Duque apuesta a las regalías como están


    El presidente Iván Duque viene diciendo que quiere reformar la manera de repartir la plata de regalías que el Gobierno pasado cambió, de modo que ahora la mayor parte de los recursos les queden a las regiones productoras. Pero mientras lo hace, le va...

    El presidente Iván Duque viene diciendo que quiere reformar la manera de repartir la plata de regalías que el Gobierno pasado cambió, de modo que ahora la mayor parte de los recursos les queden a las regiones productoras. Pero mientras lo hace, le va a apostar al sistema tal y como está, en una movida con la que, de paso, intentará mejorar sus relaciones con el Congreso.

    Así se lo explicó a La Silla Vacía un alto funcionario de Palacio y quedó confirmado la semana pasada en las dos reuniones que lideró Duque con el Partido de La U, primero con los congresistas gobiernistas y luego con los ‘disidentes’ de esa colectividad.

    Según nos contaron dos congresistas de La U por aparte, en esos encuentros el Presidente les habló de la reforma a las regalías que piensa presentar el año entrante (de acuerdo a uno de sus altos asesores, no lo hace ahora porque sería “complicado” presentarla en medio de la discusión del presupuesto) y también de una idea previa que tiene para invertir unos recursos que están en los bancos y se pueden ejecutar este año con ayuda de los legisladores.

    En concreto, se trata de unos siete billones de pesos que en parte no se han invertido en las regiones porque los proyectos presentados por los entes territoriales tienen debilidades técnicas, que han imposibilitado su aprobación.

    La idea es que se les pueda dar trámite en una maratón u Ocadtón (en referencia a la sigla Ocad, Órgano Colegiado Administrativo y Decisorio de las regalías) que se realizará la semana entrante.

    “(El Presidente) nos informó de eso y quiere que lo ayudemos a apurar a los alcaldes”, nos detalló uno de los congresistas con los que hablamos.

    “Los congresistas también tienen entre sus funciones la de gestionar recursos para sus regiones, lo que queremos es que ayuden a destrabar estas platas, logrando que los mandatarios presenten proyectos más completos y técnicos”, agregó por su lado una de nuestras fuentes de Palacio.

    Eso suena similar a una de las formas de la cuestionada mermelada, los recursos para invertir en región, cuyo destino es decidido informalmente por los congresistas a través de los llamados cupos indicativos. La mermelada tiene presos a varios funcionarios y se alimentó en parte de plata de las regalías.

    De hecho, el uso político de la palabra “mermelada” nació en 2011 cuando el entonces ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, presentó el objetivo de la reforma a las regalías como “repartir la mermelada por toda la tostada”.

    Como revelamos hace unos años en La Silla Vacía en una investigación, la mermelada la entregaba el Gobierno a congresistas para garantizar apoyos en el legislativo, aunque no era necesariamente dinero de regalías.

    En muchos casos, esta inversión era decidida a dedo por legisladores, cuyos mandatarios en región entregaban la contratación a contratistas amigos que luego financiaban la campaña del respectivo congresista o le pagaban entre un 10 y un 20 por ciento por el negocio.

    Por ello, a propósito de la propuesta de Duque de la Ocadtón, les preguntamos a ocho congresistas si el Gobierno les esté planteando el tema como un pacto para aceitarlos, pero por ahora ninguno nos ha confirmado que sea así.

    Eso sí, el Gobierno sí busca con esto mejorar las relaciones con un Congreso en el que tiene mayorías apretadas.

    “Queremos que ellos se involucren pero en un tema más técnico y menos político. A nosotros nos interesa garantizar la agenda legislativa, pero también es prioridad que esto no quede como que estamos negociando nada”, nos dijo un alto funcionario de la Casa de Nariño, quien detalló que se está alistando una metodología que será pública y que todo será canalizado por Planeación y no entidad por entidad, como con los cupos indicativos.

    El siguiente capítulo de esta historia será mirar si los proyectos les salen a los mandatarios regionales, quiénes se ganan los contratos y si tienen alguna relación con los congresistas que ayudaron a mover las iniciativas.

    Así se sabrá si el compromiso de Duque de no dar mermeladas es o no real.

    Gobierno Duque Silla Nacional mermeladaduqueregaliasoacdtonPublicar en: Silla CaribeSilla SantandereanaSilla PacíficoInteractiva: 
    Mockus es más Mockus que Senador

    Mockus es más Mockus que Senador


    Antanas Mockus llegó al Senado con 541 mil votos, la segunda votación más alta en la historia del Congreso después de la de Álvaro Uribe. Su impulso fue fundamental para que entraran 10 senadores verdes, lo que fortaleció esa bancada, y llegó con...

    Antanas Mockus llegó al Senado con 541 mil votos, la segunda votación más alta en la historia del Congreso después de la de Álvaro Uribe. Su impulso fue fundamental para que entraran 10 senadores verdes, lo que fortaleció esa bancada, y llegó con mucha expectativa por lo que representa, una forma diferente de hacer política.

    Sin embargo, en estos casi tres meses de sesiones ha pasado prácticamente desapercibido (hoy, por ejemplo, estuvo en la plenaria en la que hablaron sobre la moción de censura al ministro de Hacienda, tema que ha defendido la oposición, pero no intervino) a excepción del primer día, cuando se bajó los pantalones para pedirle a la plenaria que guardara silencio.

    Esto porque ha encarado su curul inicialmente como un aprendizaje porque su objetivo en estos cuatros años, según sus asesores Viviana Barberena y Diego Cancino, es ser él mismo en un espacio que le resulta nuevo.

    Es decir, ser como senador lo que ha sido como profesor, candidato, rector o alcalde: un líder que deja un mensaje formativo centrado en que todos debemos cumplir las leyes y respetar la vida.

    Un senador en formación

    A la entrada de su oficina hay un mensaje que muestra que Mockus ha encarado su curul con actitud de aprendizaje.

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    Esa mirada concuerda con su enfoque pedagógico de los asuntos públicos, aunque esta vez como estudiante, y con su carácter reflexivo, en la que primero analiza la situación y luego empieza a actuar (una etapa inicial que ha tardado porque tuvo que parar un tiempo por la muerte de su madre).

    En este caso, su llegada al Capitolio es novedosa.

    De su lado porque, a pesar de una trayectoria pública que incluye haber sido rector de la Unviersidad Nacional, dos veces alcalde de Bogotá, y tres veces aspirante presidencial, es la primera vez que llega al Congreso.

    Hacia afuera, porque su forma de hacer política ha sido poco convencional y diferente tanto de la de los caciques tradicionales que son mayoría en el Congreso, como de la de los políticos más mediáticos que son sus figuras más visibles.

    Mockus lo ha hecho con actos simbólicos, más que con nuevas leyes o debates de control político; más con el objetivo de hacer reflexionar a las personas para lograr cambios culturales que con el de tomar decisiones para obtener cambios en el comportamiento; más con un liderazgo a través de la pedagogía que con la negociación con otros actores políticos.

    Tras su retiro de las elecciones a la alcaldía de Bogotá en 2011 para apoyar a Gina Parody, y con el parkinson ya iniciado, se alejó de la política aunque apareció en tiempos electorales, como cuando apoyó la reelección de Juan Manuel Santos en 2014, a Enrique Peñalosa a la Alcaldía en 2015 o el Sí en el plebiscito de 2016.

    No tiene un partido o una bancada bajo su control, como las que manejan el expresidente César Gaviria, Álvaro Uribe e incluso Germán Vargas, a pesar del liderazgo que demostró su votación de marzo, lo que lo pone en una posición diferente a la de esos otros presidenciables, que tienen una alta capacidad de maniobra en el Congreso.

    Mockus también es diferente porque en su caso, el equipo de asesores de su UTL tiene un protagonismo mayor al que es usual.

    “El piensa muchas cosas, nos las dice y nosotros las ejecutamos y para eso Viviana es clave, porque es la que aterriza a la vida real”, le comentó a La Silla Diego Cancino.

    Eso es propio de Mockus pues según el perfil que escribió La Silla en 2010, cuando era de candidato presidencial, a la hora de tomar decisiones difíciles se demoraba mucho tiempo y acababa su equipo tomándolas, pues nunca ha sido un microgerente y suele estar atrapado en dilemas filosóficos, como afirma el perfil y nos confirmó Cancino.

    Sus reflexiones son tan largas que en 2010, la decisión de lanzarse a la presidencia fue tomada prácticamente por Luis Eduardo ‘Lucho’ Garzón, pues él no era capaz de decidir qué hacer, por las implicaciones que tenía.

    Sus asesores

    Su mano derecha y que fue la gerente de su campaña es Viviana Barberena, quien lo acompaña a las reuniones y a las plenarias, y la que organiza a toda la UTL.

    Cancino, quien lo lleva acompañando desde “La Ola Verde”, fue su fórmula en Cundinamarca es quien lo asesora políticamente y también lo acompaña todo el tiempo.

    Carlos Moya, que también siempre lo acompaña y maneja sus redes sociales

    Adelaida Barrera, que es experta en cultura ciudadana y asesora en este tema al Senador.

    María Carrizosa, su jefa de prensa

    Además, hoy dos nuevos en el equipo:

    Omar Sánchez, que se encarga de asesorar jurídicamente.

    Iván Felipe Pérez, que asesora en temas económicos.

    “Cuando él está en su oficina da instrucciones de cómo deben ser las cosas. Pero cuando hay que tomar decisiones, es el equipo el que las toma”, le contó a La Silla un congresista Verde.  

    Por eso, su forma de tomar decisiones choca con lo usual en el Congreso y hace improbable que funcione con la lógica usual de los congresistas.

    Todo eso implica, para Mockus, aprender a moverse en un ambiente que no conoce y en el que no encaja fácil. Su “formación” es para aprender a moverse en él sin imitar ninguno de los modelos existentes, una apuesta que avanza lentamente y cuyo resultado todavía es incierto.

    El sello mockusiano

    “Mockus no quiere ser Robledo ni Petro, no está en ese ese ‘mood’. Él llegó al Congreso a mostrar lo que no es obvio, a mostrar cosas que no hacen otros congresistas. Él quiere mostrar una perspectiva pedagógica”, le contó a la Silla su asesor político, Diego Cancino.

    Un ejemplo de ese sello fue su forma de hacerle campaña a la Consulta Anticorrupción, ya como senador, pues además de aparecer en el video del “reggeaton de la corrupción” de Daniel Samper, fue a varias universidades para hacer un foro, muy particular, sobre corrupción.

    En el foro hacía un ejercicio para mostrar lo que significa que se roben los recursos públicos. Armaba con los estudiantes una colecta de plata para comprar unos chocolates, los metía en una urna y la prendía, a pesar de que fueran decenas de miles de pesos y en Los Andes hayan sumado 700 mil, según contó Cancino.

    Aunque al final mostraba que había quemado unos billetes de juguete y devolvía la plata, el impacto era claro y, más allá del evento, demuestra que mantiene su huella mockusiana siendo senador - aunque, por lo menos por ahora, haya sido fuera del Capitolio.

    “Aunque vaya a hablar poco, en lo que diga o haga quiere dejar siempre una reflexión, un mensaje, un símbolo, como lo ha hecho siempre”, concluyó Cancino.

    Por ahora Mockus no ha presentado ningún proyecto de ley pero, según Cancino y la representante a la Cámara mockusiana Katherine Miranda, está preparando uno para que todas las leyes terminen con la fórmula “Publíquese, explíquese y cúmplase”.

    Agregar la explicación busca dejar un mensaje pedagógico para que los ciudadanos entiendan cuáles son las leyes sagradas que deben cumplir y por qué lo deben hacer. Es decir, llevar ese sello mockusiano a la labor de legislador que tiene ahora, que sería el primer paso para pasar de ser un senador en formación a uno en ejercicio pleno.

    Más allá de eso, según Cancino, Mockus no tendrá una agenda legislativa fuerte pues piensa que hay suficientes leyes y que el reto es que se cumplan. Sin embargo, Miranda sí presentará diferentes proyectos: “todos llevan el sello de Mockus y son autoría de los dos”, le afirmó a La Silla.

    Ya presentó en la Cámara uno para prohibir la pólvora a nivel nacional, replicando una de las banderas insignia de Mockus en su primera alcaldía, lo que muestra que incluso si Mockus no se dedica a hacer normas, su peso y presencia pueden llevar a que sus ideas terminen siendo leyes.

    Ese liderazgo invisible en el Capitolio sí se nota dentro de su partido, pues según el representante Toro, ha sido clave para que concilien diferentes visiones del partido. “Es el lubricante de todas las decisiones que tomamos”, explicó, haciendo alusión a que inspira mucho respeto.

    Ser el lubricante no ha evitado que entre los verdes haya posiciones diversas, como en el caso de la moción de censura a Alberto Carrasquilla o en la elección del Contralor, lo que refleja una visión plural de las opiniones que tiene Mockus, algo también relativamente poco frecuente en bancadas con un presidenciable adentro.

    Con eso, una vez más, Mockus ha mostrado que más que llegar al Congreso a mojar prensa o tratar de convertirse en otro senador, está buscando el camino para ser él mismo desde una curul.

    Eso puede no resultar tan sencillo, no solo porque va en contravía de lo que se suele esperar de los congresistas (que logren inversión para sus regiones, que ayuden a liderar grandes debates legislativos, que muestran las falencias y debilidades del Gobierno) sino porque en el pasado Mockus no se ha enfrentado a ser uno entre decenas, sino a tener un lugar muy visible.

    Como candidato a la Alcaldía o a la Presidencia, ha sido uno entre un puñado; como alcalde o rector, era la cabeza de entidades verticales en las que tenía garantizada la visibilidad.

    Ahora es uno entre más de 250 congresitsas, y su voz que no aparece en debates álgidos como el del debate de control político al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; los de las reformas políticas o a la justicia; el del futuro de la implementación del Acuerdo con las Farc; o el del endurecimiento de la política de drogas.

    Falta ver si esa apuesta, que brota lentamente, será exitosa como su campaña de 2010 o de olvidar como la de 2006. Lo que es seguro es que - como ellas dos- muestra que Mockus será tan particular en el Senado como lo ha sido siempre en el pasado.

    Congreso Silla Nacional mockuscongresosenadoren formaciónPublicar en: Silla CachacaInteractiva: 
    Los rectores que están en liga con los políticos

    Los rectores que están en liga con los políticos


    Mañana miércoles volverán a las calles los estudiantes del país para seguir presionando al Gobierno Duque por un aumento en los recursos para la universidad pública, protestas en cuyo germen, como contamos en La Silla Vacía, participaron también...

    Mañana miércoles volverán a las calles los estudiantes del país para seguir presionando al Gobierno Duque por un aumento en los recursos para la universidad pública, protestas en cuyo germen, como contamos en La Silla Vacía, participaron también profesores y rectores.

    Estos últimos son figuras clave, no solo por el obvio manejo interno de los claustros, sino también porque sus elecciones en muchas ocasiones hacen parte de la movida de poder local de casas políticas que han encontrado en estas instituciones otro de sus fortines para pescar burocracia y votos -aunque solo uno de los rectores que revisamos, el de la UTS de Santander, pertenece a un Partido, el Liberal-.

    Este asunto no desdibuja las reivindicaciones que exigen los estudiantes, y por las cuales desde la semana pasada algunas universidades públicas entraron en paro indefinido, pero sí complejiza la situación de este sector para el que se está pidiendo más inversión.

    Averiguamos en las regiones que cubrimos (Cachaca, Caribe, Pacífico, Santanderes, Sur y Paisa) los lazos políticos de los rectores de las 27 de las 32 universidades públicas del país y estas son nuestras conclusiones.

    Casi todos tienen vínculos con algún político

    rectores1.png

    De los 27 rectores sobre los que averiguamos, 22 tienen vínculos con algún miembro de la clase política de su región. Estas relaciones en la mayoría de los casos se deben a que casi todas las elecciones de rector las hacen los Consejos Superiores de las universidades, en donde tienen asiento los gobiernos Nacional y Departamental, y quien se quiere elegir termina a veces buscando alianzas para garantizar su triunfo y mantenerse en el cargo. Hay casos en los que los rectores pagan estos favores con burocracia y ayuditas para conseguir votos en época electoral dentro de la Universidad, pero no en todos se da necesariamente.

    La mayoría de alianzas están pintadas de rojo

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    Diez de los 27 rectores revisados tienen alguna alianza o relación de padrinazgo con el Partido Liberal. En los Santanderes, por ejemplo, las cabezas de tres de las cuatro universidades públicas de la región tienen liga con caciques políticos rojos locales y nacionales; en el caso de la Industrial de Santander, el Rector ha sido militante de ese Partido.

    Lo mismo ocurre en fortines liberales del Pacífico, como Cauca y Chocó. Incluso hasta el propio jefe nacional del liberalismo, el expresidente César Gaviria, tiene influencia en la universidad de su región, Risaralda, porque tiene a su hermano de Rector.

    También encontramos alianzas de otros políticos de diferentes partidos como La U en Valle, el Verde en Nariño, el Conservador en Antioquia y Cambio Radical en cinco universidades del Caribe.

    Algunos son del bolsillo de sus padrinos...

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    En seis de las rectorías revisadas encontramos que el rector más que aliado es ahijado de un político o cacique regional, es decir, tiene una relación todavía más estrecha con los políticos, lo que hace que esas instituciones en casi todos los casos sean usadas como cajas burocráticas o de votos. Así ocurre en los Santanderes con tres universidades, en la Universidad de Cartagena, en la de Cundinamarca y en la Unipacífico, en la cual, el padrinazgo no es de un político, sino de un abogado y un empresario.

    Hay unos que están aliados con cuestionados o condenados...

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    Cuatro de los rectores han tejido alianzas políticas con cuestionados políticos regionales, algunos de ellos condenados, como el exgobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, condenado por homicidio; los excongresistas parapolíticos Juan Manuel ‘Juancho’ López Cabrales y Álvaro ‘el Gordo’ García y el representante Nilton Córdoba, quien tiene cinco investigaciones en la Corte Suprema de Justicia.

    Pero también hay rectores independientes

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    Cinco de los rectores de las 27 universidades revisadas llegaron a sus cargos sin palanca política y no han construido alianzas posteriores. Entre ellos están los que manejan dos de las universidades de mayor presupuesto público: la Nacional de Colombia (1,8 billones de pesos) y la de Antioquia (1,1 billones de pesos).  

    Esta es la base de datos con la información completa con la que hicimos esta historia:

    Nota de la Editora: después de publicada esta historia, sobre el mediodía del martes 16 de octubre, cambiamos la información relacionada con el rector de la Universidad de Quindío. Aunque en principio pusimos que no tenía relaciones políticas, en esta historia publicada al momento de su elección en 2015 contamos que en ese proceso lo impulsó la influencia del grupo político de la entonces gobernadora Sandra Hurtado y su esposo, César Pareja. Por tal razón, cambiamos la información sobre el rector para reflejar ese apoyo. Pedimos disculpas por el error y la tardanza en hacer esta aclaración.

     

     

    Gobierno DuqueEducación Silla Nacional aavilacUniversidades; rectores; políticosPublicar en: Silla CaribeSilla SantandereanaSilla PacíficoSilla CachacaSilla SurSilla PaisaInteractiva: 
    ¿Qué viene luego de la marcha de los estudiantes?

    ¿Qué viene luego de la marcha de los estudiantes?


    Esta semana miles de estudiantes y profesores salieron a las calles a protestar por la crisis financiera de la educación superior que tiene un déficit de 15 billones de pesos, y a exigirle al Gobierno Duque que aumente la inversión. En el podcast...

    Esta semana miles de estudiantes y profesores salieron a las calles a protestar por la crisis financiera de la educación superior que tiene un déficit de 15 billones de pesos, y a exigirle al Gobierno Duque que aumente la inversión.

    En el podcast de esta semana invitamos a Alejandro Palacio, representante estudiantil en el Consejo Superior de la Universidad Nacional, y a Ramón Javier Mesa, vicerrector administrativo de la Universidad de Antioquia.

    Nota: Este y el resto de programas del podcast de La Silla Vacía los pueden bajar en iTunes, Stitcher y Akörde FD.

    cahralas_marchas12358.jpg Interactiva: 
    Las disidencias de la Farc disparan la deforestación en Caquetá

    Las disidencias de la Farc disparan la deforestación en Caquetá


    En San Vicente del Caguán, una de las retaguardias históricas de las Farc en el Caquetá, es normal ver parches de 100 y de 200 hectáreas de bosque pelados. Son grandes huecos en el corazón de la selva amazónica que se registran sobre todo al norte...

    En San Vicente del Caguán, una de las retaguardias históricas de las Farc en el Caquetá, es normal ver parches de 100 y de 200 hectáreas de bosque pelados. Son grandes huecos en el corazón de la selva amazónica que se registran sobre todo al norte del municipio, en límites con el Meta, justo donde las disidencias de la otrora guerrilla están impulsando esa tala.

    Eso es una gran paradoja porque justamente las Farc, cuando eran guerrilla armada, tenían “reglas”, como manuales ambientales, que hacían más costosa y ayudaban a controlar la explotación de recursos naturales.  

    Ahora, dos disidencias que lideran los exjefes farianos Gentil Duarte (frente séptimo) y alias Calarcá (frente 40) cambiaron de reglas: les están dando a los campesinos la “orientación” de talar y amenazando a las autoridades ambientales para que no vuelvan a poner un pie en el territorio.

    El rol de estas disidencias se ha vuelto la gasolina para que grandes terratenientes de la región aprovechen el vacío de esas autoridades y les paguen a los campesinos por ampliar sus fincas haciendo talas.

    ¿El resultado? San Vicente es el municipio del país en el que más árboles se tumbaron a diciembre de 2017 en todo el país. Se fueron abajo 26.632 hectáreas de bosque que representan el 12 por ciento de la deforestación nacional, según cifras del Instituto de Hidrología, Metereología y Estudios Ambientales, Ideam. Estas son las cifras más recientes que hay.

    Todo indica que este año va ser igual porque así lo vaticinan las dos alertas tempranas que ha sacado el Ideam, entidad que aún no tiene cifras por hectáreas actualizadas.

    Los otros focos de la deforestación en este departamento, aunque en menor medida, están en Cartagena del Chairá y Solano, los otros dos municipios caqueteños que están entre los 25 más deforestados a 2017 y que también sufren el asedio de las disidencias.

    La alerta en el Caguán

    El tope de tala que imponían las antiguas Farc a los campesinos de la región era en promedio de a cinco hectáreas por campesino y solo lo podían hacer en los sitios que ellos dijeran. El que quería talar más, tenía que pagarles una multa.

     

    Como lo contamos, esa fue durante décadas una estrategia de doble filo para la guerrilla: por un lado, esas reglas ayudaron a preservar ecosistemas y por otro, les servía como una forma de protegerse del Ejército.

    Por ejemplo, si evitaban que se talaran árboles o que se echara basura en un río, era más difícil para cualquier brigada móvil rastrearlos porque no dejaban pistas de haber estado ahí.

    Pero sin manuales de convivencia de la exguerrilla, la disidencia de Duarte inicialmente les ponía un tope mayor de tala (de 20 a 30 hectáreas) , pero ahora los deja talar lo que quieran donde quieran y, según nos lo detallaron dos fuentes que lo saben de primera mano porque están en el terreno, la instrucción pasó de ser un voz a voz a convertirse en una orden oficial.

    Esas dos fuentes nos contaron por aparte que en abril de este año en la vereda El Camuya estaban en una reunión unos funcionarios de Parques Naturales con presidentes de juntas de acción comunal, cuando llegaron hombres que se presentaron como de la disidencia de ‘Calarcá’-que están coordinados con Duarte- sacaron a los funcionarios y “dijeron que la directriz para todos era tumbar”, nos dijo textualmente una de las personas con las que hablamos.

    De hecho, La Silla supo que amenazaron a todo el equipo de Parques que está en el municipio y que desde entonces ninguno de los ocho funcionarios ha podido regresar a hacer monitoreos.

    Tampoco han podido volver los funcionarios que lideran el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS, que el Gobierno lanzó en mayo del año pasado.

    “Los declararon objetivo militar”, nos dijo una fuente que lo sabe de primera mano. “Ninguna autoridad ambiental se atreve a meterse allá”, agregó.

    Cuando le preguntamos a Mario Barón, director de Corpoamazonia  (la autoridad ambiental allí) si habían recibido amenazas, nos respondió que prefería no referirse al tema. Solo nos dijo que “la situación sí es muy tensionante. No puede uno moverse tan libremente”.

    Sin embargo, aunque no han podido volver, sí tienen imágenes satelitales a junio de este año que muestran una nueva vía que está a punto de entrar al Parque Natural Serranía del Chiribiquete, pues apenas está a un kilómetro.

    “Los comentarios en la región es que la disidencia de Duarte está abriendo varias vías solo para ellos”, nos dijo una fuente del municipio, como las antiguas trochas clandestinas que tenía la exguerrilla para comunicarse.

    Intentamos conseguir estas imágenes satelitales, pero no fue posible, aunque sí confirmamos su existencia.

    Pero las disidencias no son las únicas impulsando la tala.

    Como lo señala el experto ambiental Rodrigo Botero en un artículo para El Espectador, justo en esa región, “en las cabeceras de los ríos Camuya y Yarí se ha presentado desde el año 2018 una incursión de grupos deforestadores que claramente están buscando dejar abiertos grandes lotes deforestados, que han sido ocupados progresivamente por familias que no estaban en la zona”.

    En este video que nos pasó el representante liberal Harry González se ve la dimensión del problema. Fue grabado hace un mes. 

    Además de San Vicente, hay otros dos municipios donde el problema también es crítico

    Los otros focos

    Cartagena del Chairá es el segundo municipio más deforestado del país con 22.591 hectáreas de bosque taladas a diciembre del año pasado.

    Allí, donde también hace presencia la disidencia de Duarte, rige la misma orden que en el Caguán frente a la tala.

    “Ellos (la disidencia) autorizan la tala para que la gente tenga donde poner más ganado”, dijo a La Silla Alexis Tapasco, vocero del sector industrial lácteo de Cartagena del Chairá y San Vicente.

    “Aquí la deforestación ha crecido a expensas de la actividad ganadera y como ya no hay restricciones, pues aún más”, agregó.

    Lo que gana la disidencia incentivando la tala en este caso es que si hay más espacio para meter más vacas, hay más producción de leche y por ende, de queso, que es justamente el negocio al que le están cobrando vacuna.

    Solo en ese municipio, según Tapasco, se mueven 17 mil millones de pesos anuales en queso. “Aquí hace cuatro meses la disidencia llamó al orden a los compradores de queso, les pidieron información de cuánto están comprando y a quién y con base en eso fijaron unos topes para cobrar”, dijo a La Silla.

    También lo hacen para ampliar los cultivos de coca, que en este municipio se crecieron. Según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, en 2016 había 1.187 hectáreas sembradas y a diciembre de 2017 había 1.369. Es decir, 181 hectáreas más.

    Así se ve la tala en el sector de 'Las Piscinas' en Cartagena del Chairá

    Otro foco de la deforestación es Solano, donde se fueron abajo 6.890 hectáreas de bosque (el 3 por ciento del total del país) a diciembre de 2017 y que además es una de las zonas de influencia de la disidencia del frente primero liderada por Iván Mordisco y que funciona en coordinación con la disidencia de Duarte.

    Allí, como ha contado La Silla Sur, además de reclutar a niños y amenazar a los líderes que defienden la sustitución de cultivos, los árboles también están siendo víctimas.

    Aunque en Caquetá se estrenó hace más de un año una estrategia para contrarrestar la deforestación que la sexta división del Ejército bautizó la ‘Burbuja Ambiental’, en la que también participan las alcaldías y el ministerio de Ambiente y que consiste en que se comparten información para poder capturar a los que talen e incautar la madera, en todos estos puntos ha sido muy difícil entrar.

    “La burbuja ha funcionado en el sentido de que ha aumentado el control de tráfico de la madera, hay más capturas y más incautaciones, pero se queda en las carreteras o muy cerca de ellas y no en los núcleos del problema”, dijo a La Silla Sur Edersson Cabrera, experto en deforestación del Ideam.

    Es muy probable que las cifras de este año reflejen un aumento en la tala y, mientras las disidencias sigan fortaleciéndose, la selva de Caquetá seguirá siendo la gran víctima.

    Región SurMedio Ambiente Silla Sur Silla Nacional El impacto ambiental de la salida de las Farc Silla Sur Sin Farc y con disidencias, la deforestación se disparó en el Caguán Amazonas; Amazonía; deforestación; tutela; Caquetá; PutumayoPublicar en: Silla SurInteractiva: 

    El Senador Robledo, el Ministro Carrasquilla y Saludcoop


    En el debate que el Senador Jorge Enrique Robledo le montó al Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sobre los llamados “bonos de agua”, salió a relucir sorpresivamente un contrato de consultoría que el hoy alto funcionario suscribió con...

    En el debate que el Senador Jorge Enrique Robledo le montó al Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sobre los llamados “bonos de agua”, salió a relucir sorpresivamente un contrato de consultoría que el hoy alto funcionario suscribió con Saludcoop, cuando esta EPS se encontraba intervenida por la Superintendencia de Salud, por allá en el 2014.

    Robledo trajo a colación ese contrato para dejar habilidosamente en el aire la idea de que “si Carrasquilla contrató con Saludcoop, entidad desprestigiada y corrupta, es porque él es corrupto”; incluso insinuó que “el contrato no había servido para nada”. Además, fabricó teorías alucinadas relacionadas con la posibilidad de que la información que Carrasquilla conoció en cumplimiento de esa asesoría, hubiera luego podido ser compartida con otra EPS, de la cual Carrasquilla era director, para efectos de un proceso contractual que ocurriría varios años después.

    En mi calidad de Superintentendente de Salud entre octubre de 2012 y noviembre de 2014, quizá soy el colombiano más indicado, por conocimiento directo, para refutar cada una de esas insinuaciones. Me hago enteramente responsable de la existencia de ese contrato, pues fui yo el que concebí que podía ser útil, ausculté la disponibilidad del entonces exministro para ejecutarlo.

    Recibí sus primeros resultados como un insumo muy importante para el complejo proceso decisorio que se avecinaba en relación con la EPS Saludcoop, en ese entonces la más grande del país, y respecto de la cual, el estado debía decidir si la devolvía a sus adminstradores originales, la continuaba administrando, o la liquidaba.

    Algo de contexto: en mayo del 2011, mi antecesor en la Superintendencia de Salud tomó la decisión de intervenir administrativamente a Saludcoop, tras encontrar indicios de prácticas indebidas en la operación cotidiana de la entidad.

    En el caso de Saludcoop, los manejos inapropiados de su administración original habían llevado a que la propia Superintendencia, meses antes de imponer la intervención administrativa, a que restauraran al sistema más de 600 mil millones de pesos, que se consideraba que habían sido desviados, decisión que luego quedaría avalada y en firme por el Consejo de Estado.

    Paralelamente, tenía, ya para el 2014, todos sus activos embargados por decisión de la entonces contralora Sandra Morelli, en el marco de un proceso de responsabilidad fiscal que culminaría con una condena por 1.4 billones de pesos.

    Para el 2014, Saludcoop tenía que atender la salud de más de cinco millones de afiliados, lo cual le generaba obligaciones siempre crecientes y cotidianas con proveedores y prestadores. Tenía sus órganos de gobierno suspendidos, enfrentaba una contingencia fiscal por 1.4 billones de pesos, y, para rematar, tenía todos sus activos embargados, lo cual hacía imposible venderlos, que habría sido la forma más obvia de responder por todas esas obligaciones.

    Por su naturaleza cooperativa, los instrumentos habituales de salvamento y capitalización que se usan en el ámbito comercial eran imposibles de aplicar.

    No fue Alberto Carrasquilla el único asesor de alto nivel al que con el extraordinario equipo de la Superintendencia y de la interventoría, acudí en busca de consejo, ayuda e ideas para salir del embrollo. Varios expertos financieros, jurídicos y conocedores del sector cooperativo, aportaron sus luces, en el marco de contratos debidamente suscritos y ejecutados. Carrasquilla había sido Ministro de Hacienda; asesoraba o hacía parte de juntas directivas de varias entidades financieras, aseguradoras o del sector salud.

    Por eso lo busqué, por eso le agradecí, y por eso lamento que ese servicio que le prestó al país ahora sea utilizado como arma arrojadiza en su contra.

    Frente a las insinuaciones de Robledo, cabe decir lo siguiente:

    No, no era pecado ser contratado por Saludcoop cuando ésta se encontraba bajo tutoría del Estado, y era un deber gubernamental dilucidar el mejor camino a seguir, en beneficio de los pacientes.

    Y sí: el estudio y los análisis que hizo Carrasquilla fueron muy útiles para mí como Superintendente, y sirvieron como fundamento, en combinación con otros análisis y consideraciones, de la propuesta que me disponía a presentarle al Gobierno a principios del 2015 sobre los pasos a seguir con el caso Saludcoop.

    Carrasquilla fue un consultor que hizo bien su trabajo. Hace poco vine a saber incluso que le quedaron debiendo parte de los honorarios.

    Y no, en 2014 era imposible saber que el gobierno: (i) a finales de 2015, iba a optar por liquidar a Saludcoop;  (ii) modificando las normas vigentes para ajustarlas a un caso particular, iba a hacer un traslado en bloque de todos los afiliados, de Saludcoop a CaféSalud, y que (iii) a principios de 2017, iba a abrir un proceso para transferir los activos, pasivos y contratos de Cafésalud, incluyendo su lista de afiliados.

    Era imposible, en 2014, saber cuáles empresas iban a interesarse, en el segundo semestre de 2017, en ese proceso de venta. Decir que la información que Carrasquilla obtuvo con su consultoría en 2014 iba a ser útil para una empresa de cuya junta hacía parte, en un proceso abierto tres años después, es hilar de muy mala fe.

    Que quede claro: Carrasquilla fue mi jefe entre el 2003 y el 2004. Pero desde entonces y solo hasta la asesoría del 2014, no volví a verlo. No lo he vuelto a ver desde entonces.

    Fue un consultor que cumplió más que cabalmente con el propósito de su asesoría.

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    Los líderes de la región le hablan a La Pacífico en su cumpleaños

    Los líderes de la región le hablan a La Pacífico en su cumpleaños


      Hoy cumplimos nuestro segundo aniversario del aterrizaje en el Pacífico con la clara intención de contar todo lo que sabemos y saber de todo lo que contamos, convencidos de que el país son sus regiones. Esta fue la tercera pata regional de La...

     

    Hoy cumplimos nuestro segundo aniversario del aterrizaje en el Pacífico con la clara intención de contar todo lo que sabemos y saber de todo lo que contamos, convencidos de que el país son sus regiones.

    Esta fue la tercera pata regional de La Silla Vacía que nació gracias a los aportes de nuestros SúperAmigos, campaña que mantenemos este año para hacer que el criterio sea viral. Si quiere donar, puede hacerlo acá.

    Han sido dos años de retos periodísticos enormes que implican entender día a día la complejidad de una de las regiones más violentas, pero al mismo tiempo más vivas, pujantes y diversas del país; de detectar y ver la reproducción del poder con nuestro primer cubrimiento de elecciones presidenciales y la apuesta de ampliar el lente del poder más allá del poder político y abordarlo desde el sector económico, cultural, ambiental y de conflicto.

    A manera de aniversario le damos la palabra a 15 fuentes entre líderes sociales, políticos, empresarios y analistas para que nos cuenten 1. cómo les ha parecido el trabajo de La Silla Pacífico en estos dos años y 2. en qué debemos mejorar en nuestro cubrimiento, opiniones que por supuesto recibimos bajo nuestra máxima de mantener una relación horizontal con nuestros lectores, fuentes y usuarios.

      Dilian Francisca Toro: Gobernadora del Valle 1.“Yo pienso que La Silla Pacífico ha venido ganando un espacio destacado en el espectro informativo, sobre todo lo relacionado con la parte política administrativa en donde ha realizado trabajos importantes que se han convertido en referente para la opinión pública. Destacó que un medio nacional haya apostado por las regiones como lo ha hecho La Silla Pacífico porque entiende que este es un país diverso en el que hay que escuchar la voz de las regiones” 2.“Creo que debe apostarle un poco más a lo local y regional no solo poniendo sobre la mesa el debate político administrativo que lo hace bien, sino visibilizando de manera integral lo que pasa en una región tan importante y pujante como el Valle y el Pacífico: historias, crónicas y reportajes de gente que tiene mucho que mostrar y decir de nuestra cultura gastronómica, que identifica a nuestra región pluricultural y pluriétnica” Juan Ramón Guzmán: Presidente de Belleza Express 1.“Han tenido muy buena receptibilidad en la región y eso es bueno para mejorar la información de la región” 2.“Mi única petición, y aclaro que es algo que he visto en muy pocas historias, es que acudan a más fuentes para generar credibilidad” Catalina Ortiz: Representante a la Cámara del Valle por el partido Alianza Verde 1.“La Silla Pacífico ha sido una valiosa contribución al periodismo local. Tiene un tratamiento riguroso de las noticias que permite meterse en temas de política y de región con un buen nivel de detalle y buena profundidad” 2.“Si bien cada nota es consultada con muchas fuentes de pronto sería bueno mayor perspectiva de fuerzas como el Chontico, Clara Luz y otros” Temístocles Ortega: Senador de Cambio Radical, ex gobernador del Cauca 1.“De antemano felicitaciones! Respeto y valoro mucho el periodismo como instrumento crítico, informativo y formativo de la sociedad. Y La Silla le hace un gran aporte al periodismo independiente en esta época de sed de información de la sociedad y de afirmación y reivindicación de sus derechos y época de verdades y posverdades. Mil gracias por todo eso” 2.“Con el mayor respecto, a veces es conveniente filtros y confrontación de las informaciones cuando provienen de fuentes que pueden tener algún interés particular. Son los riesgos de la profesión. Y de nuevo, ¡mil gracias!, ¡Felicitaciones y larga vida!” Aurora Vergara: Directora del Centro de Estudios Afrodiaspóricos de Icesi 1.“Creo que La Silla ha cumplido un rol importante en generar contenidos y discusiones desde la región que posibilite poner en escena lo que está pasando en el Pacífico, qué piensa la gente del Pacífico, cuáles son los eventos, los problemas, las reflexiones más relevantes o las que están sonando que de otra manera no tendrían cómo escucharse” 2.“Es necesario empezar procesos de formación de tal manera que podemos decir que hay periodistas del Pacífico que nos están informando desde las regiones, eventos que no se reportearían de otra manera, como en el norte del Chocó, el sur de Nariño, las zonas rurales del Valle y en el Cauca. Creo que ahí La Silla tiene un nicho importante de población y de contenidos. Sería una buena apuesta hacia el futuro de La Silla pensarse procesos de formación de periodistas comunitarios” Christian Garcés: Representante a la Cámara del Valle por el Centro Democrático 1.“Pienso que La Silla para el Pacífico ha sido muy importante porque la región cuenta con un medio de comunicación especializado en tantos temas y retos que tiene el pueblo del Pacífico. Recibir información y columnas sobre los cuatro departamentos es muy valioso para los que trabajamos en el sector público” 2.“Para mejorar, a veces he sentido una tendencia de izquierda en general en las publicaciones y columnas, pero soy respetuoso de la opinión de cada periodista. Uno quisiera encontrar más neutralidad, pero creo que eso no es para criticar al medio, lo importante es buscar las fuentes y los datos para que haya buena información y, si es el caso, un buen debate” Juan Pablo Milanese: Jefe del Departamento de Estudios Políticos de Icesi 1.“Me parece que hacen mejor lo que hacen otros medios, la información que sacan es muy buena y es mucho más producida y mejor que otros medios de comunicación locales. Eso me permite ponerme al día de forma sintética apelando a una fuente y no a muchas” 2.“Ahora no se me ocurre ninguna cuestión particular para mejorar”. Zulia Mena: Exalcaldesa de Quibdó y Exviceministra de Cultura 1.“Es una alternativa para las voces sin voz en los medios masivos. Se han ganado la confianza del público y es un medio autorizado y creíble. Además, está a la vanguardia de la innovación por aprovechar la tecnología en dirección a construir un mejor país”. 2.“Cuidar el espacio que el medio ha ganado, manteniendo la objetividad y el respeto por los que acceden al medio como lectores y/o entrevistados. Felicitaciones, hacen un trabajo valioso, el país hoy necesita espacios como este, con profesionales que cuiden la moral pública” Padre Jhon Reina: Líder del paro cívico de Buenaventura en 2017 1.“Los he visto muy comprometidos con la región Pacífico en especial con Buenaventura donde sus informes reflejan la necesidad de un pueblo, poder visibilizar sus problemáticas. Además de su profesionalismo hacen un periodismo investigativo con mucho profesionalismo. Les felicito por su labor y gracias por acompañarnos” 2.“Para Buenaventura hoy es muy importante los acuerdos del paro cívico. Sería importante para nosotros que pudieran enfocar varias ediciones sobre esta actividad que nos ha permitido interlocutar con el Gobierno para cerrar las brechas que tenemos en Buenaventura. Identificar logros e incumplimientos. Por lo demás está bien” David Murillo Mosquera: Miembro de Manos Visibles 1.“Creo que ha sido muy interesante, se ha convertido en una ventana para priorizar los principales temas de la región, las columnas de opinión en general han sido muy interesantes. Creo que el papel ha sido más como de puente donde no sólo se visibilizan la problemáticas y los desafíos del Pacífico al país, sino que es una forma para visibilizar al Pacífico dentro de sí mismo. Es decir, que hay más gente del Pacífico que está empezando a leer su región y yo creo que eso es supremamente importante” 2.“Sería pertinente alinear o priorizar un poco más los temas que tienen que ver con los Gobiernos tanto locales como el Nacional, como empezar a resaltar qué está haciendo el Pacífico para alinearse con la agenda del Gobierno Nacional y qué está haciendo el Gobierno Nacional para alinearse con la agenda del Pacífico y tratar de resaltar esos temas. También creo que seria muy bueno empezar a resaltar las virtudes del Pacífico. Solicitar a los columnistas que no se hable sólo de lo negativo y de lo que falta, sino de lo que hay y de las buenas experiencias”. Michel Maya: Exconcejal y Excandidato a la Alcaldía de Cali 1.“He visto crecer a La Silla Pacífico, cada vez entiende mejor la región y logran mayor calidad de fuente e información 2.“Evitar caer en la tentación de la parcialidad. Evitar tomar partido en términos de apoyar personas, organizaciones, grupos o gobiernos específicos, esto hace perder credibilidad. He discutido este tema en diversos grupos de opinión y cada vez se percibe menos imparcial el medio. La región sufre por un periodismo parcial dependiente de las fuentes de recursos económicos. La Silla tienen como valor diferencial su autonomía financiera” Kyle Johnson: Analista senior para Colombia del International Crisis Group 1.“Lo bueno de La Silla Pacífico es que con todo lo político de la región ustedes son, por mucho, los mejores. En buena parte por la independencia, pero se nota en estos años que cada vez conocen más cómo se mueve y son capaces de expresarlo. Me gusta que son muy transparentes con quiénes son las fuentes, cuando no se pueden citar y por qué, con cuánta gente hablaron y cómo van las cosas. Para mí, las primeras personas que leo sobre la región Pacífico son ustedes” 2.“Me gustaría ver un poco más de Chocó. Creo que podrían mejorar con el cubrimiento de Chocó aunque sé que es difícil más si se hace desde Cali. Creo que en temas de conflicto y orden público están mejorando bastante. Sería chévere ver más cosas de minería ilegal en especial en esta región que es tan clave”. Diego Sardi de Lima: Concejal de Cali por Cambio Radical 1.“Durante este tiempo he visto como La Silla Pacífico conoce de fondo las estructuras políticas del Valle del Cauca y su funcionamiento especialmente en la Alcaldía, Gobernación, Concejo y Asamblea” 2.“Sugiero crear una unidad investigativa teniendo en cuenta la articulación de los entes gubernamentales, con el fin de que haya mayor dinamismo y así la ciudad y el departamento vayan de la mano para lograr objetivos en común. Es un medio crítico que abarca el sector político, más no abarca la ciudadanía en general, considero que no hay un mecanismo para que la noticia llegue al ciudadano de a pie” Dylan Herrera: analista de seguridad y construcción de paz, miembro de la Red de Paz de La Silla Llena 1.“Creo que es un medio que ha permitido dar voz de forma balanceada a las diferentes fuerzas vivas de la región y conectar problemáticas en una región tan amplia y desconectada entre sí” 2.“Impulsaría más herramientas virtuales como mapas y elementos que permitan interactuar más. Pensaría en más podcasts y no necesariamente tan calicéntricos” Silvio López: Secretario de Recreación y deporte de Cali 1.“Me gusta mucho el cubrimiento de los temas de Cali y el Valle, los de corrupción y de política en general. Eso es muy importante porque así quedan en evidencia y si se muestra desestimula la corrupción y el abuso de poder” 2.“Creo que deben seguir por el camino que iniciaron y eso implica que irán mejorando, lo más importante es estar muy alerta de lo que le interesa a la ciudad”   La Silla Vacía Silla Pacífico Marcela Becerra#Cumpleaños#PacificoPublicar en: Silla PacíficoInteractiva: 
    La Corte Constitucional recarga a los empresarios y a Duque

    La Corte Constitucional recarga a los empresarios y a Duque


    Con su decisión de echar para atrás la consulta popular en Cumaral, Meta, la Corte Constitucional devolvió el eje de la política mineroenergética al "Estado" y se lo quitó a los municipios. Eso tiene felices a los empresarios del sector, que...

    Con su decisión de echar para atrás la consulta popular en Cumaral, Meta, la Corte Constitucional devolvió el eje de la política mineroenergética al "Estado" y se lo quitó a los municipios. Eso tiene felices a los empresarios del sector, que están recargados en el gobierno de Iván Duque, porque las consultas se estaban convirtiendo en un veto a sus proyectos, y con el fallo de la Corte la gente que los rechace en lo local pierde el principal camino que había encontrado para frenarlos.

    Pero aún hay oposición al sector e incluso puede crecer, por lo que los mineros creen que el reto que viene es concertar mejor.

    La decisión

    Este jueves la Corte decidió una tutela que puso la petrolera Mansarovar Energy para tumbar una decisión del Tribunal Administrativo del Meta que avaló la pregunta de una consulta popular en Cumaral, que se votó en junio de 2017, y en la que ganó la prohibición de la exploración de hidrocarburos en ese municipio. Como la consulta solo se podía hacer con ese aval, al tumbar la decisión del Tribunal se caen los efectos de la votación. 

     

    Según el comunicado con el que dio a conocer su decisión, la Corte encontró que el Tribunal no debió darle vía libre a la consulta porque su pregunta “no se limitaba a determinar el uso del suelo como una competencia propia de los municipios y distritos, sino que en realidad buscaba prohibir la realización de actividades de exploración del subsuelo y de recursos no renovables en el municipio de Cumaral”.

    En palabras de un magistrado de la Corte, la decisión es “en esencia, como decían los hippies en los sesentas, 'prohibido prohibir' ”.

    Su argumento es que, como la Constitución dice que el subsuelo es del Nación, una consulta popular local no puede prohibir actividades como sacar petróleo o minerales, porque al hacerlo impide que el Estado ejerza su derecho de propiedad sobre el subsuelo. Eso a pesar de que esa y otras consultas han avanzado bajo el argumento de que los municipios tienen la función de definir cómo se usa el suelo, y en esa medida pueden prohibir actividades sobre él, más allá de quién es el dueño del suelo o del subsuelo.

    En su decisión, la Corte no ignora que existe esa tensión entre los municipios y el Gobierno Central. Su solución es botarle la pelota al Congreso para que “en el menor tiempo defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana y uno o varios instrumentos de coordinación y concurrencia nación-territorio”.

    El lío es que solo lo exhorta a hacerlo y no le pone un plazo, por lo que el Congreso puede no hacer nada. Eso ya pasó cuando la Corte en 2011 le dio dos años para reformar el Código de Minas, lo que sigue sin hacer, o cuando le puso un plazo igual para regular el matrimonio igualitario. El Congreso no lo hizo y la Corte terminó dándole luz verde por su lado.

    En cualquier caso, los mecanismos que debe crear el Congreso no podrán vetar la explotación del subsuelo, por lo que incluso cuando el Congreso los defina, la política minera vuelve a manos del Gobierno.

    Eso deja en el limbo a la consulta de Cumaral, y aunque su alcance se limita a esta consulta, puede abrir un debate frente a las otras cuatro que ya se votaron (Tauramena en Casanare, Arbeláez en Cundinamarca, Jesús María y Sucre en Santander) y dejaría sin piso a las 158 que están en trámite o se han anunciado, según la Asociación Colombiana de Minería (ACM).

    Además, la Corte volvió a reescribir la minería, prácticamente tachando lo que ya había escrito hace dos años. En ese entonces, como contó La Silla, sacó una seguidilla de sentencias que pasaron el eje de la Nación a los municipios. Entre ellas están la que tumbó seis artículos del Plan Nacional de Desarrollo que irrespetaban la autonomía de los municipios para definir el uso de su suelo y ordenar sus territorios, la que prohibió totalmente la minería en páramos, la que decidió que los concejos municipales podían prohibir la minería en sus territorios, la que revocó la figura de las áreas estratégicas mineras que no tenían consulta previa con los grupos étnicos afectados, y la que puso al Estado a hacer consulta previa a cualquier comunidad afectada por la minería.

    Por eso, y como explicó ayer Héctor Riveros en su columna, la nueva decisión muestra que el cambio en los magistrados, con la salida en 2017 de Jorge Iván Palacio y María Victoria Calle, y la llegada de Carlos Bernal, Cristina Pardo y Diana Fajardo, movió a la Corte hacia la derecha, más lejos del activismo y más cerca de los empresarios. De hecho, en la decisión del jueves solo Alberto Rojas, que hacía parte del bloque liberal con Palacio y Calle, salvó el voto.

    Eso, además de ser buenas noticias para los empresarios, puede ayudar al Gobierno Duque.

     

    Empresarios felices y Duque con más plata

    El comunicado es una victoria para los empresarios del sector minero y petrolero, que criticaron ese uso de las consultas populares como una amenaza para la seguridad jurídica y para sus proyectos.

    De hecho, en esta tutela la Corte le dio la razón a la ACM, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Mansarovar, Ecopetrol, la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) -entidades del Estado que administran los contratos de minería y petróleo-, que en una audiencia pública de ese proceso, en abril, le pidieron tumbar la decisión del Tribunal del Meta.

    En esa ocasión los gremios, las empresas y las entidades nacionales alegaron que la Constitución y la ley es clara en que el Estado, entendido como el Gobierno Central, debe ser quien administra el subsuelo porque todo el país se beneficia de las regalías que recibe cuando las empresas sacan minerales o petróleo. 

    La Corte les dio la razón y por eso ganaron con la decisión, como se entiende del comunicado que publicó la ACM. En él dijo que la decisión de la Corte da vida a varios proyectos mineros que estaban en riesgo y señales positivas en materia de seguridad jurídica; y aunque la ACP no se pronunció, su vocero, Francisco Lloreda, ha sido enfático en reiteradas ocasiones en que la consulta popular frena la inversión, y ha recordado que en su encuesta de ambiente de inversión (en la que pregunta a sus afiliados cuáles son las barreras para invertir), las consultas populares pasaron a ser la principal preocupación por encima de los impuestos.

    Pero este fallo está lejos de resolverles todos los problemas, porque el rechazo sigue.

    “No lo veo como una victoria, sino como una gran responsabilidad: la de concertar. Eso es más difícil pero es lo correcto”, nos dijo Santiago Ángel, presidente de la ACM.

    De acuerdo con Jaime Arteaga, consultor en temas de estrategia para empresas mineras y petroleras, las empresas de todas formas tienen que hacer un trabajo para ponerse a convencer a las comunidades de que sus proyectos les convienen también a ellos. “La licencia social sigue siendo una condición obligatoria para el negocio, tú no puedes hacer el negocio con las comunidades en contra”, dice.

    Aunque el contrato del bloque Lla 69, el de la discordia de Cumaral, se podría reactivar, una fuente cercana a Mansarovar que pidió no ser mencionada porque no es vocera oficial nos dijo que así la empresa decida retomar el proyecto, no será fácil porque hay un ambiente adverso.

    De hecho, la victoria de los empresarios no es completa porque la Corte no compartió su otro argumento, que es que en el país hay suficientes espacios de concertación con las comunidades, como las consultas previas y las audiencias en el proceso de licenciamiento ambiental. Así lo dijeron en abril la directora de la ANM, Silvana Habib (a quien Duque mantuvo en el cargo) y el entonces presidente de la ANH, el liberal Orlando Velandia.

    Al exigir un nuevo mecanismo de concertación, la Corte muestra que no compró este argumento.

    En todo caso, para el presidente Iván Duque el fallo le devuelve el mango de la sartén, pues serán las entidades a su cargo las que tendrán la última palabra sobre si se hacen o no proyectos. Además, sin el lío de las consultas, los empresarios tendrán un obstáculo menos para invertir. Como dijo en un pronunciamiento oficial la Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez: “Esperamos que esta decisión permita incentivar la inversión y reactivar el desarrollo social y económico que representa la industria minero-energética para el país”.

    Eso, con precios del petróleo por los 80 dólares (y proyecciones al alza para el próximo año), es una luz en medio de los nubarrones financieros del Gobierno pues, según cálculos del Ministerio de Hacienda, por cada dólar extra en el precio del petróleo, a la Nación le entran 394.000 millones de pesos adicionales al año, y por cada 10.000 barriles más de producción petrolera, son 19.000 millones de pesos adicionales.

    Pero a la vez puede verse en problemas si las organizaciones ambientalistas aumentan su activismo.
     

    El plan de los ambientalistas

    Aunque en el Movimiento Nacional Ambiental, que agrupa a unas cien organizaciones ambientales e impulsó consultas como la de Cumaral, están a la espera de leer la sentencia completa, el comunicado los tiene en alerta.

    Desde el viernes impulsaron el hashtag #SinConsultasNoHayDemocracia y tienen pensado sacar a la gente a las calles a protestar.

    “Tenemos un gobierno y una Corte al servicio de las corporaciones y no de la ciudadanía”, dijo a La Silla Renzo García, vocero del movimiento. “Los nuevos magistrados son de una línea conservadora y lo que vemos es que están revirtiendo fallos de la misma Corte, no solo con la minería. También con las corridas de toros, con Cerromatoso”, agregó.

    Para ellos la decisión sobre la tutela de Mansarovar es errada pues, como expuso el centro de estudios DeJusticia en la audiencia pública de abril y como argumentó el magistrado Rojas en su salvamento, la tutela era improcedente porque Mansarovar no impugnó la consulta en el plazo de diez días que le da la Ley para hacerlo.

    Su prueba es que, según el registro oficial de la Corte, el Tribunal abrió ese plazo el 11 de enero de 2017, los diez días hábiles vencían el 24 de enero, y Mansarovar envió la impugnación el 2 de febrero.

    Por eso, a juicio del magistrado Rojas, “la decisión de la Sala Plena avaló una conducta negligente de la empresa accionante”.

    "La Corte, con esto, manda el mensaje de que ahora cualquier empresa o ciudadano puede revivir una etapa procesal en la que se pasó por la faja los plazos”, complementa Diana Rodríguez de DeJusticia.

    Más allá de ese debate, García dijo a La Silla que van a preparar un proyecto de ley que “ratifique la consulta como mecanismo de participación".

    Con eso quedó claro que para los ambientalistas la decisión de la Corte es un traspiés, no una derrota, y que una pelea que viene siendo legal, pasará a lo político.

    Al final, mientras los proyectos mineroenergéticos sigan sin tener asegurada su licencia social, probablemente la discusión siga adelante.

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    Magistrada de la Corte Constitucional

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    El legado de Santos: una Corte conservadora

    El legado de Santos: una Corte conservadora


    Ya casi al final de su doble período el expresidente Santos tuvo la oportunidad de postular candidatos para suplir dos cupos de magistrados en la Corte Constitucional. Envió dos ternas, pero se movió para hacer elegir a dos personas con convicciones...

    Ya casi al final de su doble período el expresidente Santos tuvo la oportunidad de postular candidatos para suplir dos cupos de magistrados en la Corte Constitucional. Envió dos ternas, pero se movió para hacer elegir a dos personas con convicciones ideológicas de tendencia conservadora que ahora están marcando el carácter de varias de las decisiones más importantes de ese Tribunal.

    Esta semana la Corte cerró las puertas a la posibilidad de que por vía de consulta popular se decida si en un determinado municipio puede haber o no explotaciones petroleras o mineras. Esa decisión se sumó a la que le aceptó las objeciones al gobierno para no rebajar los aportes en salud a los pensionados, a la que revivió la posibilidad de realizar corridas de toros, a la que relativizó la protección reforzada de la que gozan determinadas personas para que no les puedan terminar una relación laboral, a la que negó un procedimiento de fertilidad a una mujer, a la que condicionó el fuero de maternidad al conocimiento del patrono de la condición de la mujer.

    A consideración de los magistrados se encuentra un proyecto de fallo que pone límites al derecho a abortar que otra Corte Constitucional les reconoció a las mujeres cuando se encuentran en tres situaciones claramente definidas.

    Éste último proyecto fue presentado por la magistrada Cristina Pardo, la misma que ofició como ponente en los fallos de las consultas populares mineras, de la rebaja de los aportes a salud de los pensionados y de los procedimientos de fertilización in vitro.

    Cada fallo tiene complejas consideraciones jurídicas, todas debatibles y sobre ellas se puede tomar la posición que se quiera y cada intérprete podrá decir que en tal o cual caso la Corte falló correctamente o no.

    El punto es que por las razones que sea la Corte pareciera estar moviéndose hacia una dirección menos garantista de lo que ha sido su tradición y que ello se debe entre otras cosas al papel protagónico que ha tenido en varios de esos casos la magistrada Pardo.

    La magistrada, en ejercicio de su derecho a la libertad de conciencia, profesa profundas convicciones religiosas que eran conocidas al momento de su elección y que permitían predecir el sentido de sus decisiones. Santos y su mayoría en el Congreso decidieron omitir esa discusión al momento de su elección, sacrificaron la visión progresista que predicaban por razones de gratitud a la lealtad de una funcionaria.

    Pardo es una profesional inteligente, honesta, disciplinada y rigurosa, que tiene todos los méritos para ser magistrada de la Corte Constitucional. Eso no se discute, el punto es que la manera compleja como está diseñada la forma de elección de la Corte Constitucional busca, entre otras cosas, que las tendencias ideológicas mayoritarias que se expresan en las elecciones de Presidente y Congreso se vean reflejadas en la integración del Tribunal.

    En países como Estados Unidos, donde el Presidente también tiene la capacidad de postular magistrados, el verdadero legado presidencial es la composición de la Corte. Por eso en el trámite de confirmación que se realiza en el Senado lo que se ventila es la posición ideológica del postulado como acaba de ocurrir en el caso de juez Kavanaugh, que se hizo visible para nosotros por las acusaciones de abuso sexual que se le hicieron.

    Pardo ha dejado claras sus posiciones que paradójicamente van en contra de la protección que se les ha reconocido a las mujeres para evitar la discriminación de la que han sido objeto en forma milenaria.

    La magistrada fue ponente de la decisión de negar un proceso de fertilidad a una mujer que lo reclamaba a través de una acción de tutela, en esa decisión con toda honestidad se sintió en la obligación de decir que su posición en el caso no se limitaba a aspectos procesales del mismo sino a su profunda convicción religiosa sobre la vida.

    Pardo con toda claridad fijó su posición en una llamativa aclaración de voto: “la eliminación de personas en fase embrionaria constituye un atentado contra la vida humana naciente que no está autorizado por la Constitución. La congelación de embriones es en sí misma una afrenta a la dignidad y a la libertad del ser humano. Mientras el desarrollo de la ciencia no permita lograr el objetivo de la fecundación in vitro sin acudir a la eliminación o congelación del embrión, y no se legisle en el nivel estatutario sobre los demás asuntos mencionados, no resulta jurídicamente posible ordenar por vía judicial este tipo de procedimientos”.

    Es cierto que la Corte esa semana negó unas objeciones presidenciales y ordenó la sanción presidencial de una ley que ordena a las EPS proveer tratamientos de fertilización artificial, pero de ese fallo se apartó la magistrada Pardo, quien salvó su voto por las razones señaladas.

    Pardo ha demostrado ser muy conservadora en lo que llamaríamos los dilemas morales, pero también lo ha sido en otros temas como en el del aporte a salud de los pensionados en el que desafortunadamente la mayoría de los magistrados le compró una tesis que recorta en forma muy considerable las competencias del Congreso y lo hace ahora con las consultas populares mineras.

    La Corte Constitucional había sido pionera e innovadora en materia de protección de derechos, mientras que el Consejo de Estado y la Corte Suprema se demoraron en adoptar esa posición, ahora es al revés. Casi el mismo día que la Constitucional con ponencia de Pardo declaró sin efectos una consulta popular el Consejo de Estado decidía que no solo era posible optar por ese camino, sino que obligó a los municipios a cubrir los costos para su realización.

    Santos, el profesor de Harvard, fue el que objetó, por razones promovidas por su ministro conservador de Hacienda, la disminución de los aportes de los pensionados y el amparo a quienes requieran acudir a un proceso de fertilización artificial.

    Santos, el Nobel, fue el que nos dejó a la magistrada que ha liderado los cambios de postura de la Corte.

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    ¿Está el clima loco?


    Que el clima ya está cambiando es un hecho, y lo reafirmó esta semana el Panel Intergubernamental de Cambio Cimátco, IPCC, en su nuevo informe especial sobre el avance del calentamiento global de 1,5 °C. Este reporte fue escrito gracias a las...

    Que el clima ya está cambiando es un hecho, y lo reafirmó esta semana el Panel Intergubernamental de Cambio Cimátco, IPCC, en su nuevo informe especial sobre el avance del calentamiento global de 1,5 °C.

    Este reporte fue escrito gracias a las contribuciones de 91 personas, entre autores, editores y revisores de 44 ciudadanías y 40 países de residencia; además, en su proceso de revisión recibió más de 42 mil observaciones de expertos y gobiernos.

    El informe es un llamado a la urgencia. En el 2015, en París, los gobiernos de los países que hacen parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático acordaron tomar todas las medidas necesarias para mantener el aumento de la temperatura promedio mundial muy por debajo de 2 °C, frente a la era preindustrial y, continuar los esfuerzos para limitar el aumento de temperatura a 1.5 °C.

    Limitar el calentamiento global a 1,5 °C en lugar de 2 °C, o más, permitiría por ejemplo que en 2100 la elevación del nivel global del mar sea 10 cm inferior.

    Disminuiría, a una vez por siglo, la probabilidad de que el océano Ártico quede desprovisto de hielo en verano, frente a un mínimo de una vez por decenio con uno de 2 °C.

    Uno de los impactos más severos se espera en los arrecifes de coral los cuales, con un calentamiento global de 1.5°C, disminuirían entre un 70 y un 90 por ciento, mientras que prácticamente todos ellos desaparecerían con uno de 2 °C.

    Según el informe, alcanzar 2 °C en lugar de 1,5 °C, llevaría a un calentamiento sustancial de los días más calurosos en todas las regiones terrestres. También, conduciría a un aumento en los eventos de lluvias intensas en algunas regiones, particularmente en las altas latitudes del hemisferio norte, lo que podría aumentar el riesgo de inundaciones. Además, se proyecta que algunas regiones se volverían drásticamente más secas.

    Según este análisis científico, el calentamiento provocado por el hombre ya ha alcanzado aproximadamente 1°C por encima de los niveles preindustriales.

    Si la tasa de calentamiento actual continúa, el mundo alcanzaría un calentamiento global inducido por el hombre de 1.5 °C en 2040. Los efectos de los 1°C ya se sienten con condiciones meteorológicas más extremas y aumentos en los niveles del mar.

    Es por ello, quizá, que en muchos lugares la gente dice que “el clima está loco”. Pero no es el clima el que está loco, locos son los patrones de consumo que como sociedad hemos definido, locas son las decisiones que aceleran ese cambio en la temperatura del planeta, loca es la aun existente negación, a pesar de la evidencia científica, de que estamos enfrentando el cambio climático.

     

    ¿Cuál adaptación?

    Si bien es cierto que los sistemas naturales no son fijos sino que cambian y se transforman, la velocidad de esos cambios, debido a las condiciones climáticas que ha propiciado la acción humana es muy rápida, y no da tiempo para que los sistemas se ajusten a las nuevas condiciones, por lo que adaptarnos tiene un mayor costo social y económico.

    Esa adaptación, por lo tanto, es más difícil para las poblaciones en condición de pobreza y vulnerabilidad, para los grupos sociales menos resilientes o para aquellos que tienen menos posibilidades de acceso a las tecnologías necesarias para acomodar sus medios de vida al clima cambiante.

    Por lo tanto, no es suficiente con adaptar la economía y los medios de producción, también hay una adaptación al cambio climático que requiere intervenciones a escalas muy locales y comunitarias, y esos procesos toman tiempo.

    El informe señala que para limitar el calentamiento global a 1,5 °C se necesitarían transiciones "rápidas y de gran alcance" en la tierra, la energía, la industria, los edificios, el transporte y las ciudades. Por ejemplo: eliminar el carbón en el sector energético; aumentar la cantidad de energía producida a partir de fuentes renovables; electrificar el transporte; y reducir la "huella de carbono" de los alimentos que consumimos.

    Sería necesario que las emisiones netas globales de dióxido de carbono (CO2) de origen humano disminuyeran en 2030 alrededor de un 45% respecto de los niveles de 2010, y siguieran disminuyendo hasta alcanzar el "cero neto" aproximadamente en 2050.

    Sin embargo, los compromisos de los gobiernos para reducir sus emisiones actualmente no están en línea con limitar el calentamiento global a 1.5 °C.

    Pero las temperaturas no están cambiando a la misma velocidad en todas partes. El calentamiento es mayor en los continentes y es particularmente fuerte en el Ártico en la estación fría y en las regiones de latitudes medias en la estación cálida.

    El aumento de 0.5 °C en las temperaturas globales que hemos experimentado en los últimos 50 años ha contribuido a cambios en la distribución de especies de plantas y animales, disminuyendo los rendimientos de los cultivos y conduciendo a incendios forestales más frecuentes.

    En Colombia, muchos ecosistemas sensibles se verían gravemente afectados y con ellos los modos de vida que de esos ecosistemas dependen. Por ejemplo los páramos, lo pocos glaciares que aun quedan, los ecosistemas secos de los valles interandinos y la región caribe, las zonas costeras e insulares y los humedales, solo por mencionar algunos.

    El problema es que la velocidad con que el clima cambia deja con pocas posibilidades a la humanidad de adaptarse.

    Adaptarse, en ese caso, haría referencia a las acciones que debemos tomar para que las personas, los ecosistemas, las economías, los modos de vida logren acomodarse para seguir suministrando bienes y servicios necesarios para ellos mismos y en muchos casos la humanidad. Además, se prevé que la pobreza aumentará por culpa del cambio climático y no solo eso, sino que hará que los pobres sean más pobres. 

     

    El reto del mundo es grande para los próximos años 

    Se necesita innovación e integración de las agendas mundiales de desarrollo para que todas respondan a lo que debe ser una de las principales prioridades, la de mantener el incremento de la temperatura por debajo de los 1.5°C respecto a la era preindustrial.

    Dos agendas son fundamentales para alcanzar este propósito.

    La primera, es la del protocolo de Montreal, un acuerdo ambiental multilateral con éxito en eliminar tanto la producción como el consumo de sustancias que agotan la capa de ozono; este protocolo se vincula con la agenda de cambio climático por su compromiso de eliminar los HFC, unos gases que con frecuencia se utilizan como sustitutos de las sustancias que agotan el ozono y que son poderosos gases de efecto invernadero con un alto un potencial de calentamiento.

    Los HFC son usados en refrigeración y climatización doméstica, comercial e industrial; sistemas fijos de extinción de incendios y en algunas aplicaciones como solventes o propelentes para aerosoles. Si se adoptan las medidas establecidas en la Enmienda de Kigali para reducir el uso de HFC, se estima que para el 2030 las emisiones potenciales de este gas se podrían reducir a la mitad, lo cual será un gran aporte a la mitigación de las causas del cambio climático.

    La segunda, la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, agenda ambiciosa y globalmente aceptada que refuerza acciones en el camino de la sostenibilidad para hacer frente al cambio climático. Aborda aspectos de acceso a energía sostenible, producción y consumo responsable, protección de ecosistemas, sistemas alimentarios y ciudades sostenibles, que entre otros son fundamentales para hacer frente al cambio climático.

    Para lograr esos objetivos tenemos 12 años. Si los gobiernos y la sociedad en general asumen su implementación con fuerza y seriedad, daremos pasos gigantes en la adaptación al cambio del clima.

    Atender el cambio climático es un asunto del presente y de todos. Acciones grandes y pequeñas son necesarias. Los científicos desde hace años han hecho un llamado de urgencia.

    Abordar este tema se ha convertido en algo más que un reto técnico, es una responsabilidad ética y moral con el planeta y con las generaciones futuras.

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    Americanismo y Eurocentrismo. Alexander von Humbolt y su paso por el Nuevo Reino de Granada

    Americanismo y Eurocentrismo. Alexander von Humbolt y su paso por el Nuevo Reino de Granada


    Alexander von Humboldt es una figura emblemática de los viajes de exploración en el periódo de la Ilustración, sus escritos sobre América se convirtieron en el paradigma de una nueva mirada sobre el Nuevo Mundo y, en ocasiones, ha sido presentado...

    Alexander von Humboldt es una figura emblemática de los viajes de exploración en el periódo de la Ilustración, sus escritos sobre América se convirtieron en el paradigma de una nueva mirada sobre el Nuevo Mundo y, en ocasiones, ha sido presentado como el "segundo descubridor de América". La presencia del explorador prusiano en el Nuevo Reino de Granada a comienzos del siglo XIX y su relación con criollos como Francisco José de Caldas, motivan una reflexión sobre la ciencia europea en el contexto colonial.

    Por: Mauricio Nieto OlarteImagen ó Cover de la publicación: Hilos temáticos: ÉtnicoTags: colonizacióneurocéntricocolonialidadConquistaPrecio: $10540.00Páginas: 118Entidades: Universidad de los Andes Facultad Ciencias Sociales Comprar Tipo de publicación: LibrosViernes, Enero 1, 2010 - 00:00 Silla Académica

    "1492 fue el inicio del descubrimiento de Europa, no de América"


      Hoy 12 de octubre se celebra la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. La Silla Académica entrevistó a Mauricio Nieto, profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Andes, quien ha...

     

    Hoy 12 de octubre se celebra la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492.

    La Silla Académica entrevistó a Mauricio Nieto, profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Andes, quien ha investigado y publicado numerosos libros sobre el tema, entre ellos "Las máquinas del imperio y el reino de Dios. Reflexiones sobre ciencia, tecnología y religión en el mundo atlántico del siglo XVI".

    Nieto problematiza la idea misma de "descubrimiento", la reducción por parte de algunos historiadores de la religión a retórica o a un pretexto para la expansión del imperio español, habla de cómo Europa se descubrió a sí misma en relación con América, y menciona cuáles son algunos de los efectos hasta hoy, de la construcción eurocéntrica de la historia de conquista y colonización americanas.

    Hoy, 12 de octubre, se celebra el descubrimiento de América ¿Por qué hablar de descubrimiento cuando nos referimos a un continente habitado por millones de personas? ¿La siguiente imagen qué luces arroja sobre eso?

    Mauricio Nieto:  Descubrir quiere decir encontrar algo que siempre ha estado ahí pero que nadie ha visto, algo que ocurre en un momento específico y la idea resulta absurda para referirse a lo que ocurrió el 12 de octubre. Colón no descubrió América. Murió sin saber de su existencia, convencido de haber llegado a oriente y no pudo imaginar la existencia de un cuarto continente.

    Más que un momento de descubrimiento lo que ocurre en 1492 es el inicio de un proceso gradual de construcción simultánea de América y de Europa, del Nuevo y del Viejo Mundo.

    Una típica narración europea del descubrimiento se aprecia en el grabado “América descubierta”.

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    América, por Jan van der Straet, también conocido como Johannes Stradanus, Nova Reperta, 1638. Tomado de http://www.banrepcultural.org/historia-natural-politica/hnp-01.html

    Hay dos figuras protagónicas en esa imagen. Por una lado hay un hombre, una figura masculina que representa a Europa en el personaje de Américo Vespucio.

    En su mano derecha tiene la señal de la cruz, la religión cristiana como uno de sus elementos de superioridad. En la mano izquierda tiene un astrolabio que es también el emblema del poder tecnológico de Europa. Eso se suma a los barcos que están detrás. Naves muy poderosas. Es obvio no sólo la superioridad europea en esta narración sino que la acción de la historia es Europea.

    América, por el otro lado, es una mujer que está desnuda. La desnudez aquí es importante, por un lado representa la ausencia de civilización y por otro, el Dorado sexual. La empresa de conquista la hicieron hombres. No había mujeres en los barcos. Estos hombres cristianos del siglo XV y XVI no se que tantos senos habían visto pero todo el tiempo están escribiendo sobre eso, ‘están desnudas, no tienen pudor… y vienen a nosotros’.

    América está representada como una mujer que está ofreciéndose, pasiva, en una hamaca y está cordialmente dándole una bienvenida a Europa. Invitándola a un asado en la parte de atrás de carne humana. Hay canibalismo. No podía faltar la idea de que estas culturas, a diferencia de la europea, son salvajes.

    El canibalismo es desde la Edad Media el emblema del bárbaro. De manera inmediata se identificó a los nativos americanos como caníbales. Posiblemente hubo algún tipo de canibalismo en América, pero es el estereotipo del caribe, como un caníbal, el que justifica el dominio, la civilización de la barbarie.

    Hay un contraste también entre los grandes barcos y el astrolabio, como parte de Europa y del otro, del de América, un remo, que es una tecnología primitiva que usaban  los americanos y que no les permitía atravesar el océano. Sin embargo, los europeos no habrían podido entrar al continente americano sin las canoas y los remos que hoy se fabrican igual a como lo hacían hace 500 años. Los barcos europeos quedaban atascados en la costa y todo su poder tecnológico resultaba inútil a la hora de penetrar el continente.

    De ahí la importancia de incorporar la voz americana en el proceso. Los europeos estaban perdidos en territorios desconocidos y hostiles y son los nativos los que les muestran los caminos, los ríos y les ayudan a sobrevivir en la naturaleza americana.

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    Foto tomada por Marcela Becerra

    LSA: Su libro problematiza la idea de la tecnología como un medio, la religión como un mero pretexto y el comercio como la principal motivación de la expansión imperial. Por el contrario, llama la atención sobre la interacción de los artefactos, la naturaleza, lo humano y lo divino, como una forma de entender mejor el ejercicio del poder ¿Cómo es esto??

    M.N.: La conquista y colonización de América fueron un empresa religiosa porque lo que querían en el fondo eran recursos para la Guerra Santa. El cristiano tiene un cometido y es convertir a los otros a la verdad. Todo se hizo en nombre de Dios y para Dios.

    Esto representa un desafío para los historiadores seculares, modernos. ¿Qué hacemos con Dios en esta historia? Yo no soy necesariamente un hombre de fe. Pero no podría explicar la historia sin Dios. Dios en el siglo XVI, como quizá en el siglo XXI, es mucho más poderoso que Felipe II o que Carlos V. Todo lo hacen en nombre de Dios. Hay una cantidad de actores que es difícil para un historiador secular poner a actuar como la Vírgen María, el Espíritu Santo, los demonios. Pero son reales. Sin ellos la historia no hubiera ocurrido así.

    Yo trato en el libro de poner a los dioses a actuar. Por ejemplo, la Vírgen salva a unos marineros de un naufragio. Llegan unos demonios a un barco, en medio de una tempestad y uno le dice al otro: ‘¿Por qué no lo hundes y el otro le responde: ‘no puedo, porque ahí va una Guadalupe’. Eso fue lo que los viajeros creyeron que pasó.

    Frente a esa dimensión espiritual que, a mi juicio, es muy poderosa, los historiadores son muy torpes. Lo que hacen muchos es decir que lo religioso fue retórica y un pretexto para un fin más entendible en una historia secular, en la cual el verdadero motivo y motor de la historia era el oro. Y ahí se sienten cómodos. La dimensión religiosa no es sólo un pretexto. Si lees los documentos de la época, Dios está en cada párrafo.

    LSA: ¿Cuál sería un término más apropiado para describir lo que pasó en 1492??

    M.N.: Lo más adecuado sería hablar de una historia de dos grandes culturas que se encontraron. Sería más simétrica. Sin embargo, eso implica un reto para los historiadores que cuentan con fuentes mayoritariamente europeas, cristianas.

    LSA: En su libro se señala que la construcción de Europa como comunidad tiene estrecha relación con el “descubrimiento” de América ¿por qué??

    M.N.: 1492 fue realmente el inicio del descubrimiento de Europa, no de América. Europa se constituyó a sí misma como el centro del mundo entero, como la verdadera y única religión, cultura y civilización, y eso sólo fue posible en la medida que se pudo comparar con otros, los salvajes y paganos.

    LSA: ¿Por qué es importante contar la historia desde un punto de vista que no sea el eurocéntrico?

    M.N.: La Historia tiene un reto enorme de volver a pensar el pasado desde otros marcos de referencia que no sean solamente europeos.

    Para pensar y construír un futuro es necesario repensar el pasado.

    Cuando yo era niño tenía muchas discusiones con mi papá porque no me interesaba la historia, “el pasado ya pasó”, pensaba, y prefería hablar del hoy y del futuro. Ahora todo lo que hago es defender que sin pasado no hay manera de pensar el presente.

    Mi madre murió de Alzheimer y la angustia de un enfermo sin memoria es que se siente sin futuro. El pasado tiene una estrecha relación con lo que somos y con lo que podemos ser; no se trata de saber datos de cosas que ocurrieron sino entender quiénes somos.

    Yo no puedo ir al siglo XVI, mis preguntas sobre el pasado son siempre tomadas del presente. Si cortamos o cambiamos las raíces del pasado, cambia todo.

    LSA: ¿Cómo seríamos hoy si no nos hubiera ‘descubierto’ nadie?

    M.N.: No existiríamos. Somos de sangre mestiza, sostener la pureza de la sangre nativa es imposible. No podemos hablar de “nosotros los americanos del siglo XVI”.

    Somos herederos de los conquistadores, y por eso quizá no tienen tanto sentido hablar de “ellos” y de “nosotros”. Tal vez tenga más sentido pensar que esa cultura invasiva es la nuestra y no ha cambiado mucho.

    No sólo sería pertinente cambiar la palabra descubrimiento sino también la idea de lo que significa ser culto. Ser culto es poder comunicarse con gente distinta, no es saber datos de muchas cosas. Un país con una cultura rica es un país que sabe convivir con culturas diversas. Eso es lo que debe celebrarse el 12 de octubre.

     

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    Remedios para el Imperio. Historia natural y la apropiación del nuevo mundo

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    Durante el siglo XVIII los viajes de exploración se convirtieron en el centro de intereses públicos, políticos y comerciales de las élites europeas. Ambiciosos proyectos de exploración en países lejanos fueron un esfuerzo común de los imperios...

    Durante el siglo XVIII los viajes de exploración se convirtieron en el centro de intereses públicos, políticos y comerciales de las élites europeas. Ambiciosos proyectos de exploración en países lejanos fueron un esfuerzo común de los imperios europeos. La historia natural se convirtió en una forma de apropiación y tuvo un papel central en las políticas de Estado; el trabajo del naturalista clasificando y nombrando objetos naturales facilitó el control no sólo de la naturaleza sino de otras culturas.

    Por: Mauricio Nieto OlarteImagen ó Cover de la publicación: Hilos temáticos: ÉtnicoOtras RegionesTags: colonizacióndescubrimientoamericaPrecio: $47000.00Páginas: 246Entidades: Universidad de los Andes Facultad Ciencias Sociales Comprar Tipo de publicación: LibrosSábado, Enero 1, 2000 - 00:00
    Las máquinas del imperio y el reino de Dios. Reflexiones sobre ciencia, tecnología y religión en el mundo atlántico del siglo XVI

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    "La mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de las Indias". Francisco López de Gómara escribió estas palabras en la presentación de su Historia General de las Indias,...

    "La mayor cosa después de la creación del mundo, sacando la encarnación y muerte del que lo crió, es el descubrimiento de las Indias". Francisco López de Gómara escribió estas palabras en la presentación de su Historia General de las Indias, publicada en 1552.

    Por: Mauricio Nieto OlarteImagen ó Cover de la publicación: Hilos temáticos: ÉtnicoOtros paísesTags: imperio españoliglesia catolicadescubrimiento de AméricacolonizaciónPrecio: $52530.00Páginas: 302Entidades: Universidad de los Andes Facultad Ciencias Sociales Comprar Tipo de publicación: LibrosDomingo, Septiembre 1, 2013 - 00:00 Silla Académica
    Así quieren tapar el tarro de mermelada en Fonade

    Así quieren tapar el tarro de mermelada en Fonade


    Esta semana se cumplieron dos meses de la posesión de Iván Duque como presidente y aún no se ha nombrado un nuevo presidente en Fonade, una entidad clave no solo por el presupuesto que maneja (para 2018 proyectó ingresos por 2,2 billones de pesos)...

    Esta semana se cumplieron dos meses de la posesión de Iván Duque como presidente y aún no se ha nombrado un nuevo presidente en Fonade, una entidad clave no solo por el presupuesto que maneja (para 2018 proyectó ingresos por 2,2 billones de pesos) sino porque se convirtió en los últimos años en un eslabón del funcionamiento de la “mermelada” (cupos indicativos para invertir en región, cuyo destino es decidido informalmente por congresistas) que el Gobierno se ha comprometido a erradicar.

     

    ¿Cómo ha funcionado la mermelada en Fonade?

    Fonade ha sido una de las entidades a través de las cuales los congresistas han direccionado los cupos indicativos, la inversión en región cuyo destino el Gobierno dejaba en manos de legisladores, a cambio de su apoyo en el Congreso.

    Como contó La Silla Vacía la forma como funciona la mermelada era así: el enlace de los respectivos ministros del Interior y de Hacienda en el Congreso negociaba con cada congresista que es clave en el trámite de una ley el ‘peaje’ requerido para pasar la reforma. Este podía variar de cientos de millones a miles de millones de pesos según la importancia estratégica del congresista. Con esa cifra, el congresista le dice a sus alcaldes que presenten proyectos de inversión por los montos que él indique. Y con esos proyectos ya radicados, el enlace le hace el guiño a la respectiva entidad para que apruebe el proyecto y le gire la plata a la Alcaldía, ya sea directamente o a través de entidades como Fonade. Fiscalía, el exsenador Musa Besaile (detenido por obstrucción de justicia en una investigación sobre parapolítica) en este esquema utilizó además la entidad para entregar a dedo los contratos para ejecutar esa plata con empresas recomendadas por ellos, a las que luego le pedían una parte de sus ingresos y para ubicar cuotas burocráticas. ún>

    Por los contratos seis personas aceptaron cargos de cohecho, interés indebido en la celebración de contratos y concierto para delinquir. Estas personas están vinculadas con el Ñoño Elías y Musa Besaile como lo contó La Silla ún>

     

    La directora del Departamento Nacional de Planeación (que es el dueño de Fonade), Gloria Alonso, ha dicho que Fonade debe reestructurarse para focalizar su actividad en estructurar y no ejecutar proyectos, lo que hoy concentra el 65 por ciento de su actividad, un asunto que reduciría su papel en el modus operandi de la mermelada.

    Pero ese revolcón está paralizado porque el Gobierno no ha decidido quién reemplazará al actual presidente, Álvaro Balcázar, quien fue nombrado por Juan Manuel Santos.

    Balcázar ya presentó su renuncia y está de salida, por eso quiere que sea su sucesor el que se encargue del revolcón. Además por que el DNP tiene que darle a director de la entidad una línea más clara. 

    Primeros ajustes

    Fonade tiene tres grandes líneas de negocio: gerencia, gestiona y estructura proyectos para entidades públicas. Según un estudio de la banca de inversión Arcadia Capitals (que contrató Fonade a través de un convenio con la CAF) las dos primeras son el 90 por ciento del negocio de la empresa y, según las investigaciones de la Fiscalía, por ellas se han identificado las ilegalidades en el manejo de la “mermelada”.

    La gerencia implica que Fonade es responsable del desarrollo de todo el proyecto y su ejecución, es decir, elige el contratista y se asegura de que cumpla. La gestión implica solamente contratar el proyecto, pero según instrucciones que le da la entidad encargada, que puede ser un Ministerio o una agencia. Ahí Fonade no es la responsable del cumplimiento. Estructurar significa hacer los estudios técnicos y de factibilidad de los proyectos, es decir montar los proyectos que deben contratarse por parte de entes territoriales, ministerios y agencias del Estado.

    Según el estudio de Arcadia, gerenciar y gestionar genera otro problema, que es que muchas entidades firman convenios con Fonade para mostrar ejecución sin que la plata realmente se haya empezado a gastar, porque legalmente al pasarle la plata a Fonade ya cumplieron, aunque el dinero siga en los bancos.

    Eso les permite mover la plata de inversión de un año a otro (por ejemplo, para que se ejecute cerca de elecciones o para que no les quiten recursos por demorarse en invertirlos), evadir la responsabilidad de administración los proyectos y, si tienen cuotas en Fonade, elegir los contratistas sin someterse a la Ley 80.

    Por eso, a finales del año pasado Arcadia concluyó que se debe implementar un plan para que Fonade sea mejor estructurando los proyectos, fortalecer su gobierno corporativo y darle un perfil más técnico para que las inversiones sean efectivas. Es decir, para que lo que haga siga una lógica técnica y no política, lo que la sacaría del circuito de la “mermelada”.

    Esto no implica que la empresa deje de gestionar y gerenciar proyectos, pero sí que se enfoque más en estructuración. Para que sea más difícil filtrar la mermelada por estas líneas de negocios la propuesta es fortalecer la entidad.

    Este año se han hecho algunos avances, como cambiar su estatuto de contratación por un manual que no puede ser modificado. Según nos explicó una fuente de Fonade, el estatuto era un documento general que se aterrizaba en cada contrato con guías que se podrían modificar, mientras el manual da unos estándares definidos de qué empresas pueden ser contratadas. Esto haría más difícil que Fonade contrate contratistas definidos a dedo por un congresista.

    También se modificó la manera de funcionar del Comité de Negocios, el encargado de seleccionar en qué proyectos se mete Fonade, un paso clave para la “mermelada”.

    Antes ese Comité no tenía mecanismos estandarizados para evaluar los proyectos, como muestra que no tenía una matriz financiera para evaluar sus riesgos. Eso abría la puerta para aprobar proyectos mal estructurados o de alto riesgo, lo que facilitaba la ”mermelada”.

    Eso, encima, sin que nadie respondiera, porque quienes hacían parte del Comité eran contratistas que una vez terminaban su contrato no tenían problemas. Ahora lo conforman empleados de planta como los subgerentes participan, la decisión final la revisa la junta directiva.

    Según Fonade, estos controles han permitido frenar varios procesos de contratación que venían con problemas de estructuración. Es decir, ya está parando el flujo de “mermelada”.

    Además de esos cambios en el funcionamiento, a principio de año, en el Gobierno Santos, Fonade revisó los perfiles de los contratistas por órdenes de prestación de servicios y los redujo de 1.400 a 950, un recorte significativo que no se sintió en el funcionamiento de la entidad, según una alta fuente de Fonade. Eso indica que muchas de las personas contratadas eran “corbatas”, contratistas innecesarios puestos por políticos.

    Pero hacen falta otros cambios, que hasta que no haya nueva gerencia están embolatados.

     

    Lo que falta

    Aunque los cambios que ya avanzaron pueden ayudar, no son suficientes, como muestra el plan del DNP para reestructurar Fonade, que se viene cocinando desde el Gobierno anterior.

    La primera idea es incluir miembros independientes con un alto perfil técnico a la junta directiva, que hoy está conformada por dos funcionarios del DNP y tres funcionarios escogidos por Presidencia, que pueden variar según órdenes de la Casa de Nariño.

    La segunda es cambiar la planta de personal, porque hoy solo 70 de las 1.020 personas que trabajan en Fonade son de planta. Eso hace que cambie mucho el personal y que sea un fortín burocrático atractivo.

    La tercera es crear una subgerencia de estructuración de proyectos para inventarse un modelo de negocios para que funcione mejor esa función, en la que Fonade compite con Findeter y la Financiera de Desarrollo Nacional, aunque sin el foco específico de éstos, que se concentran en desarrollo humano la primera e infraestructura la segunda.

    La idea es que Fonade pueda cubrir áreas descubiertas como desarrollo socioeconómico, comunicaciones, vivienda o educación, como lo hace ahora, pero que lo haga de manera eficiente, algo que según la Contraloría no se está cumpliendo.

    Una fuente de Fonade nos dijo que esos cambios son claves para que la entidad pueda ayudar a que se hagan proyectos de impacto en las regiones, es decir, a salir de la lógica de la “mermelada” a la de ayudar a la gente, que es para lo que se creó.

    El lío es que de nada sirve si los políticos se la vuelven a tomar.

     

    Intentos fallidos

    En los dos meses del Gobierno Duque se han puesto sobre la mesa dos nombres para dirigir Fonade, pero uno se cayó y el otro está embolatado.

    En las primeras semanas del Gobierno la directora del DNP, Gloria Alonso, propuso que el director fuera Ricardo Rodríguez Yee, saliente contralor delegado para temas mineroenergéticos y cercano al exministro liberal Amylkar Acosta. Alonso había trabajado con Rodríguez Yee en la Contraloría, en el periodo en el que el funcionario sacó las sonadas investigaciones de Reficar y Electricaribe.

    Rodríguez alcanzó a estar en al menos una reunión de empalme en Fonade pero su nombramiento se cayó, según nos dijo la directora del DNP, por el ruido de que tendría una posible inhabilidad para ocupar el cargo, pues desde la Contraloría vigilaba a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, una de las entidades que más contratan con Fonade.

    Aunque Función Pública dijo que no había inhabilidad, el nombramiento no se dio.

    Hace un mes, en un taller Construyendo País, Duque dijo que el nuevo director sería Jean Phillipe Pening, un cucuteño que fue Director de Infraestructura del DNP y es actual asesor de Enrique Peñalosa en estructuración de Alianzas Público Privadas.

    Hemos designado a @JeanPhiliPening como director de @FONADE. Cuenta con experiencia en administración pública y formulación de proyectos regionales. Necesitamos que esta entidad se transforme estructuralmente, no puede seguir capturada por la politiquería. #AmagáConstruye pic.twitter.com/FqKVWhZh08

    — Iván Duque (@IvanDuque) 8 de septiembre de 2018

    A pesar del tiempo que ha pasado, Presidencia no ha publicado su hoja de vida en el portal de aspirantes y, según la W, su nombramiento se embolató porque el designado tuvo un contrato con Odebrecht.

    Consultamos en varias ocasiones con el Departamento Nacional de Planeación y Presidencia para confirmar si nombramiento está en firme, pero no nos confirmaron.

    Según dijo El Tiempo, hay versiones de que los senadores liberales duquistas Fabio Amín, Mauricio Gómez y Mario Castaño se le estarían metiendo de por medio, algo que ellos negaron.

    Aunque no se sabe qué va a pasar, Pening ya ha estado en varias reuniones de empalme en la torre negra de Fonade, en el centro de Bogotá, y la directora de Planeación ha dicho que la estructuración de la entidad es una necesidad.

    Del nombramiento, la presión parlamentaria y los cambios que finalmente se den, dependerá que la entidad deje la lógica de la “mermelada” y que Duque mande una señal fuerte del final de esa forma de asegurar apoyos políticos.

     

    EconomíaGobierno Duque Silla Nacional fonademermeladarestructuración de fonade Iván Duque Márquez

    Presidente de la República de Colombia

    Gloria Alonso Másmela

    Directora del Departamento Nacional de Planeación

    Interactiva: 
    Los salvavidas que Duque ha tirado a los uribistas ahogados

    Los salvavidas que Duque ha tirado a los uribistas ahogados


    El presidente Iván Duque ha entregado poca burocracia pero les ha dado juego a los uribistas, incluyendo 10 candidatos fallidos al Congreso, lo que contrasta con la idea que dejó inicialmente de tener un gabinete técnico y no tan político. Aunque...

    El presidente Iván Duque ha entregado poca burocracia pero les ha dado juego a los uribistas, incluyendo 10 candidatos fallidos al Congreso, lo que contrasta con la idea que dejó inicialmente de tener un gabinete técnico y no tan político.

    Aunque posiblemente seguirán llegando uribistas al Gobierno, estos son los ahogados a los que Duque ya les tiró un salvavidas:

     

    Hilda Gutiérrez

    Gutiérrez es de La Mesa, Cundinamarca, y aspiró este año a la Cámara de Representantes, pero se ahogó con un poco más de 9 mil votos. Tras ese resultado, la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, a quien le hizo campaña a la Gobernación en 2015, la nombró como Directora para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal.

    Gutiérrez siempre ha hecho política en su tierra. Inició como concejal liberal de La Mesa en 1982 y fue alcaldesa entre 1995 y 1997. Ha trabajado en la Gobernación y en la CAR, y fue asesora de la exrepresentante cundinamarquesa Clara Pinillos.

    Ha sido coordinadora de varias campañas, como la del liberal Andrés González a la Gobernación, y tras respaldar a Álvaro Uribe a la Presidencia, entró al Centro Democrático, desde sus inicios coordinó la campaña en Cundinamarca de Óscar Iván Zuluaga en 2014.

     

    Juan Manuel Daza

    Daza es un abogado vallenato que vive en Bogotá desde 2008. Este año aspiró por primera vez a la Cámara por Bogotá, como fórmula de María Fernanda Cabal, pero se ahogó con un poco más de 14 mil votos. Tras ese resultado, Duque lo nombró viceministro de relaciones políticas en el Ministerio del Interior.  

    Está en el uribismo desde que se fundó el Centro Democrático, de la mano de la senadora sucreña María del Rosario 'Charo' Guerra. Cuando ella llegó al Congreso en 2014 fue su asesor, pero poco tiempo después el senador Uribe se lo llevó a trabajar con él.

    Eso fue clave para su campaña, pues su carta de presentación fue la del “principal asesor” del expresidente.

     

    Orlando Güete Díaz

    Güete es un administrador de empresas que aspiró el año pasado a la Cámara por Bogotá, como fórmula de varios candidatos uribistas, pero que se ahogó con un poco más de 10 mil votos. Tras ese resultado fue nombrado como primer secretario en el despacho del canciller, Carlos HolmesTrujillo.

    Es miembro fundador del Centro Democrático y ha hecho parte de las juventudes uribistas desde que Uribe estaba en el poder, cuando fue asesor del programa Colombia Joven.

    Luego fue asesor en temas de juventudes de la concejal uribista Nelly Patricia Mosquera, que hoy está en La U, y en 2013 coordinó las juventudes de la precandidatura presidencial del hoy embajador en Washington, Francisco ‘Pacho’ Santos.

    En 2014 estuvo en la lista cerrada al Senado en el puesto 64, y tras las elecciones entró a trabajar con el exsenador cordobés Daniel Cabrales.

     

    Jaime Amín Hernández

    Amín buscó reelegirse en el Senado pero con otro candidato barranquillero (el senador Carlos meisel) y la decisión de Uribe de abrir su lista, se ahogó con 20 mil votos. Tras esa ahogada, el Presidente Duque lo nombró su Alto Consejero para la Política.

    Amín está en política desde hace años. Fue gerente de la Lotería del Atlántico cuando el gobernador era Nelson Polo, de quien más adelante sería su secretario privado y gobernador encargado. Llegó al Congreso por primera vez como representante a la Cámara en 2002 con el movimiento civico Seriedad Colombia. Cuando se creó el Partido de La U, Amín se pasó a esa orilla y más adelante fue secretario privado del gobernador liberal Eduardo Verano de la Rosa.

    En 2011 se lanzó a la Gobernación del Atlántico, con el aval de La U y el apoyo de Fuad Char, del senador de La U José David Name, de los senadores conservadores Roberto Gerlein y Efraín ‘Fincho’ Cepeda, y de Álvaro Uribe. Sin embargo, perdió esas elecciones contra el liberal José Antonio Segebre por 100 mil votos.

     

    Eduardo 'Mono' González

    González aspiró al Senado con el Centro Democrático este año pero se ahogó con 13 mil votos. Tras ese resultado, fue nombrado por el presidente Duque como director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd).

    Este payanés es ingeniero civil y lleva años en política, en su natal Cauca. Fue secretario de obras de Popayán y gerente de la Industria Licorera del Cauca. De allí, saltó a trabajar en el Gobierno de Uribe, en el mismo cargo que tiene hoy en día, por 7 años.

    En 2007 trató de ser el candidato liberal a la Gobernación de Cauca pero no le dieron el aval, con lo que se acercó mucho más al uribismo.

    Luego, como uribista, trató de llegar a la Cámara 2014, pero su lista no consiguió las firmas necesarias para lanzarse (en ese momento el Centro Democrático no tenía personería jurídica). Luego fue gerente nacional del partido y sonó como candidato uribista a la Alcaldía de Popayán en 2015.

     

    Wilson Córdoba

    Córdoba, que fue representante a la Cámara de 2014 a 2018, se ahogó con un poco más de 8 mil votos tratando de reelegirse, como en 2014, en llave con el senador José Obdulio Gaviria. Tras ese resultado fue nombrado director regional de la Unidad de Víctimas en Antioquia una decisión que, como contó La Silla Paisa, fue un caramelo para el Senador Gaviria, de quien es muy cercano.  

    Nació en Buchadó, un corregimiento de Vigía del Fuerte, y llegó formalmente al Centro Democrático cuando Uribe lo invitó a fundar el partido en Antioquia por ser cercano al Senador Gaviria.

    Inició en la vida pública en 1998 como lanchero y conductor de la Red de Solidaridad Social en Urabá, entidad que fue reemplazada por el Departamento para la prosperidad Social. Luego, cuando Uribe subió al poder, quedó como Director Administrativo de esa entidad hasta 2009 y luego coordinador Regional de la Oficina de Atención de Víctimas, donde estuvo hasta 2012.

    De ahí saltó a la Cámara en el quinto renglón de esa lista, gracias a su cercanía con José Obdulio.

     

    Carlos Alberto Bernal Díaz 

    Este economista caleño se inscribió a la Cámara de Representantes por el Valle (aunque asegura que a pocas semanas de las elecciones se retiró, igual su nombre quedó apareciendo en el tarjetón)  y se ahogó con un poco más de 4 mil votos. Es de la cuerda de la exsenadora Susana Correa. Tras ese resultado entró a trabajar tres meses a la UTL de la entonces saliente senadora Correa y más adelante  fue nombrado Director de infraestructura del Departamento de Prosperidad Social (DPS), que ahora dirige  esa excongresista.

    Bernal es un empresario de la familia dueña del Café La Cosecha y es víctima del conflicto porque hace 17 años fue secuestrado por el ELN durante ocho meses.

    Su padre, Luis Alberto Bernal, en cambio, fue condenado a 29 años de prisión por participar en la masacre de Caloto, Cauca, en 1991, cuando civiles junto a uniformados asesinaron a 21 indígenas.

     

    Jaime Andrés González Mejía 

    González trató de llegar a la Cámara por el Cesar, en llave con Sergio Araújo. Aunque tuvo la votación más alta de ese partido en ese departamento, con un poco más de 11 mil votos, se ahogó. Tras esa derrota la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, lo nombró su asesor.

    Este abogado fue candidato a la Alcaldía de Valledupar con el aval de Cambio Radical en 2015, y los apoyos del congresista Alfonso ‘Poncho’ Mattos, del exministro y excongresista Álvaro Araújo Noguera, del exsenador condenado por parapolítica Mauricio Pimiento y de la familia Gnecco.

    Tras esa derrota, González le coqueteó al Partido Liberal pero finalmente se fue con el uribismo. Se ahogó, igual que su fórmula quien sacó 23 mil votos y ha sonado para la Embajada en Panamá.

     

    Juan José Malvehy

    Malvehy trató de llegar a la Cámara por el Valle, como fórmula de Álvaro Uribe, pero se ahogó con 7 mil votos. Tras esa derrota la ministra de Trabajo, la uribista Alicia Arango, lo nombró asesor del ministro Andrés Felipe Uribe en el Viceministerio de empleo y pensiones.

    Este excandidato es abogado, ha hecho parte del Centro Democrático desde sus inicios y ha sido coordinador regional del partido. Además, su tío Daniel García Arizabaleta coordinó la campaña de Óscar Iván Zuluaga en 2014, y Malvehy trabajó con él. Después de esa campaña fue asesor legislativo de la senadora Paloma Valencia.

    Durante su campaña se volvió famoso por haber sido quien promovió que chiflaran a ‘Timochenko’ en su vista a Cali durante la campaña presidencial.

    Nohora Stella Tovar Rey

    La exsenadora trató de reelegirse pero se ahogó con 23 mil votos, después de que Uribe abrió su lista al Senado. Tras esa derrota, el presidente Iván Duque la nombró embajadadora en República Dominicana, un cargo que suele ser visto más como un premio que como un trampolín político, por la relativa poca importancia de la relación política con ese país y la buena calidad de vida en él.

    Tovar fue directora ejecutiva de Fenalco Meta entre 2007 y 2010, y antes de eso se dio a conocer en el 2000 cuando las Farc la secuestraron mientras su esposo Guillermo Pérez era concejal de Villavicencio.

    En 2011 se lanzó, con el aval de Aico, a la Alcaldía de esa ciudad pero quedó en el quinto lugar con un poco menos de 9 mil votos. Además de política, es la gerente de un concesionario de carros y estuvo en el comité intergremial de la ciudad, que lidera el uribista Humberto Torres, quien en 2013 se retiró del comité para entrar a la lista cerrada al Senado del uribismo y fue precandidato en 2015 a la Gobernación del Meta. 

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