La Silla Vacía

    Sin mermelada no hay paraíso

    Sin mermelada no hay paraíso


      Ayer pasaron tres cosas que, sumadas, muestran que el presidente  Iván Duque no le está jugando a la política burocrática, que algunos de sus aliados en el Congreso lo están resintiendo y que no va a resultar tan sencillo que la Casa de...

     

    Ayer pasaron tres cosas que, sumadas, muestran que el presidente  Iván Duque no le está jugando a la política burocrática, que algunos de sus aliados en el Congreso lo están resintiendo y que no va a resultar tan sencillo que la Casa de Nariño saque adelante en el Congreso reformas como las que ya presentó o las anunciadas tributaria y pensional, sin darle juego político a las bancadas de la coalición mayoritaria diferentes a la uribista.

    Por un lado, Cambio Radical y el Partido de La U hicieron público su apoyo al candidato a la Contraloría Carlos Felipe Córdoba. Como se sumaron al liberalismo, que ya lo había anunciado, y así Córdoba oficialmente amasó 135 de los 140 votos que necesita para asegurar su victoria, quedaron prácticamente muertos el uribista José Félix Lafaurie y al conservador Wilson Ruiz.

    Por otro, aunque Duque había convocado a esas todas las bancadas de su coalición legislativa a Palacio, los liberales sencillamente no llegaron, lo que deja un mensaje claro de distanciamiento. Eso a pesar de que los rojos, liderados por César Gaviria, lo apoyaron para segunda vuelta - incluso desde antes dejaron solo a su candidato presidencial, Humberto de La Calle y con uribistas y godos son miembros Clase A de la coalición.


    En tercer lugar, los tres partidos que apoyan a Córdoba están cerca de declararse independientes y no gobiernistas, un anuncio que es obligatorio hacer antes del 7 de septiembre por el nuevo estatuto de la oposición.

    En el caso del liberalismo, un congresista se lo dijo a La Silla y lo mismo anunciaron Blu Radio y Caracol Radio; en el de Cambio, el senador Armando Zabaraín ya dijo que “asume actitud de bancada independiente”; en el de La U, el senador Armando Benedetti ha abogado por la misma opción, aunque la decisión no está clara.

    Hacerlo tiene algunas consecuencias, como que sus directivos y ex candidatos quemados al Congreso no podrán ser nombrados por el Gobierno en “cargos de autoridad política, civil o administrativa”, a menos de que renuncien al partido y esperen un año.

    Además, por lo simbólico de no declararse gobiernista, remarca la distancia de esas tres bancadas frente al Gobierno.

    Una distancia que probablemente se sellará este lunes cuando el Congreso en pleno elija a Córdoba como Contralor General y, al no ungir a Lafaurie, le propinaría una derrota anunciada del uribismo a pesar de haber puesto Presidente.

    Una coalición desarmada, una Contraloría perdida

    Ayer los expresidentes César Gaviria (liberal), Álvaro Uribe (uribista) y Andrés Pastrana (conservador) se reunieron y anunciaron que apoyarán los proyectos de Duque en el Congreso.

    Cada uno de ellos llegó acompañado por una ficha importante del Congreso: Pastrana con Camilo Gómez y el senador cordobés David Barguil; Uribe junto al senador Carlos Felipe Mejía; y César Gaviria junto al senador liberal Mauricio Gómez Amín.

    Ese anuncio ocupó titulares y la atención mediática, en parte debido a que los presidentes y sus acompañantes se encargaron de difundir vía Twitter, pero demostró sus limitaciones porque no salió humo blanco de la decisión de la Contraloría, que es la discusión política del momento.

    De hecho, los reporteros presentes le preguntaron a Uribe, y éste dijo que se habían tratado temas sobre lucha contra la corrupción y economía,  lo que muestra la dificultad de llegar a un acuerdo.

    Las reuniones siguieron durante toda la tarde e inicios de la noche, incluyendo un encuentro de Vargas, Gaviria, Aurelio Iragorri, Camilo Gómez, Uribe, los presidentes de la Cámara y del Senado y congresistas de todos los partidos menos de oposición, que entraron y salieron de la oficina de la presidencia del Senado.

    Por allí también pasaron Lafaurie y Ruiz, con lo que quedó claro que esa elección era el eje de lo que se discutía adentro.

    Aunque no salió humo blanco, La Silla presenció el momento en el que Ruiz, que había arrancado con la fuerza del apoyo público de los conservadores este miércoles, abandonó la reunión tan cabizbajo que varios periodista de otros medios le preguntaron que por qué salía tan triste. Aunque no respondió le dijo a La Silla “sigo en la lucha”.

    Cuando terminó la reunión dos congresistas conservadores que estuvieron en ella  afirmaron que de pronto hoy se tomará una decisión unificada de la coalición para la elección y que lo más seguro es que fuera alrededor de Córdoba..

    Por el lado uribista, aunque nunca se pronunciaron oficialmente sobre quién era su candidato, muy temprano ayer el ex presidente Uribe dejó claro su impulso al ex magistrado Marco Velilla y a Lafaurie.

    Felicitaciones a los 10 finalistas a la convocatoria para elegir Contralor. Dos son miembros del Centro Democratico, los drs Lafaurie y Marcos Velilla

    — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 16 de agosto de 2018

    Pero, sin el apoyo conservador, liberal, de Cambio o de La U, esa candidatura no tiene opciones.

    Lo llamativo de ese panorama es que Lafaurie es copartidario del presidente Duque y la práctica usual (y criticada) es que los gobiernos busquen incidir en la elecciones de quienes los controlan.

    Esta vez no ocurrió y quedó claro que en la coalición legislativa no mandan ni el presidente que no se ha inmiscuido en ella, como sí hicieron sus antecesores, ni el ex presidente Uribe, que como jefe político de Duque parecía llegar al Congreso con la fuerza para organizarla.

    Sin embargo, Uribe sí logró una victoria ayer.

    Una salida digna, un rival que no gana

    Al organizar las reuniones políticas de ayer, Uribe avanzó en tener una derrota digna y en evitar que Germán Vargas, quien ha sido su rival, saliera ganando.

    Una salida digna porque, como el Centro Democrático oficialmente no ha cantado un apoyo a la Contraloría, tiene margen para decir que decidió apoyar a Córdoba porque internamente decidieron que era el mejor.

    Además, como el ex Auditor inició su vida política en las juventudes uribistas, hay un argumento de cercanía política para hacerlo.

    También le da una salida digna porque logró que otros dos ex presidentes, incluyendo a Gaviria que encabeza el Partido Liberal, anunciaran su apoyo a Duque y puede ayudar a matizar el golpe.

    Además, logró evitar que Vargas aprovechara el papayazo de aparecer como el que definió el Contralor. Al armar la reunión de ex presidentes, le quitó protagonismo a los anuncios de La U y de Cambio de apoyar a Córdoba y relegó a Vargas a un segundo plano

    Eso porque pues aunque se reunieron lo hicieron después del sonado anuncio y porque, si el uribismo termina apoyando a Córdoba, con el argumento de la unidad de los ex presidentes, quien estuvo en ella fue Gaviria y el liberalismo, no Vargas.

    Encima de todo eso, Uribe logró evitar que los liberales armaran una alianza con la oposición de izquierda para elegir a Córdoba.

    Aunque era apenas una posibilidad, un congresista liberal le contó a La Silla que ya había acercamientos iniciales para ello, y tendría que la oposición buscara propinarle un golpe político al uribismo y evitar que éste se quedara con el órgano que debe controlar cómo gasta la plata su propio gobierno.

    Todavía faltan tres días para la elección y hay margen para que Uribe o Vargas hagan otras movidas, y para que esta pequeña victoria del primero sea mayor o menor.

    Pero lograr ese tipo de pequeñas victorias políticas mientras pierde las batallas más jugosas como las de la Contraloría, muestran que mientras Duque no le de juego burocrático a otros partidos (solo lo ha hecho con el viceministerio de Trabajo para el Mira), es difícil que la coalición le camine.

    Lo que viene y lo que falta

    Como contó La Silla Vacía, sin Cambio y La U el Gobierno tiene muy apretadas las mayorías para sacar adelante sus reformas.

    La elección de Contralor es una primera alerta de que ese margen estrecho sí puede ser un instrumento para que otros partidos derroten al uribismo, y más si las mayorías de La U y de Cambio Radical sienten que es mejor unirse para presionarlo -que parece ser la apuesta de Vargas- que apoyarlo a cambio de nada.

    La siguiente prueba es la elección de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral, que será en un mes.

    Es una elección clave para los partidos porque esos magistrados toman decisiones electorales clave, desde conceder personerías jurídicas hasta definir las reglas de las revocatorias de mandato, pasando por anular inscripciones de votantes que parezcan irregulares, definir qué candidatos están inhabilitados o investigar las cuentas de las campañas.

    Como sus magistrados son elegidos en representación de los partidos políticos, y la cantidad de puestos de cada uno depende de los congresistas que tenga, hay muchas opciones de alianzas para definir quién logra poner más candidatos. Por ejemplo, Cambio y La U difícilmente lograrían más de uno cada uno, pero si se unen podrían sumar tres.

    Para ese cargo ya suenan con fuerza nombres como el del ex representante caldense de La U, Hernán Penagos, o el ex representante cundinamarqués de Cambio, Jorge Enrique Rozo, aunque falta trecho para que se aclare el panorama.

    En esa elección el uribismo se juega la posibilidad de tener uno o dos magistrados, y los partidos que hoy parecen independientes podrían intentar bloquearlo.

    Más allá de esa elección, el Gobierno necesita mayorías para sacar adelante sus reformas, especialmente para empujar su inminente reforma tributaria.

    Aunque ésta no existe ya tiene encima el lastre de que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dio ayer unas declaraciones que los medios han leído como un aumento de impuestos (aunque también propone algunas reducciones), algo que nunca es popular y que encima contradice la promesa de campaña de Duque de reducirlos.

    También lo necesitaría para otras reformas, como las políticas que presentó, y no es seguro que lo consiga por la falta de aplanadora.

    La distancia que manifiestan los demás partidos de la coalición frente al Gobierno es menor, pero a medida que pase el tiempo la distancia puede crecer como ya se nota con la posibilidad de que los liberales se declaren en independencia.

    Más frente a reformas impopulares, a ajustes al Acuerdo de La Habana o a asuntos que dividan a los miembros de la coalición, como cuestiones morales.

    Por eso la duda es si con Duque se inaugura una nueva forma de hacer política, en la que el Gobierno solo le da juego burocrático a su partido a pesar de que tiene menos de una cuarta parte del Congreso, o si el presidente cambiará su estrategia y empezará a dar mermelada con los puestos que todavía no ha repartido.

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    Las herederas que aspiran a la Gobernación del Cesar

    Las herederas que aspiran a la Gobernación del Cesar


      En un departamento de grandes matronas, como la asesinada exministra Consuelo Araújo Noguera ‘la Cacica’ o la polémica exprimera dama Cielo Gnecco, la carrera por la principal silla del Cesar arranca con tres mujeres entre las aspirantes más...

     

    En un departamento de grandes matronas, como la asesinada exministra Consuelo Araújo Noguera ‘la Cacica’ o la polémica exprimera dama Cielo Gnecco, la carrera por la principal silla del Cesar arranca con tres mujeres entre las aspirantes más nombradas.

    Las tres, herederas de importantes personajes del departamento. Por un lado, están las hijas de las cuestionadas casas Araújo y Gnecco y, por otro, la hija del cantante vallenato Poncho Zuleta.

    De ellas, las que suenan con más fuerza son Viviana Monsalvo Gnecco y Diana Molina Carvajal, pues pertenecen a las dos principales familias políticas del Cesar: los Gnecco y los Araújo. Ambas casas tienen entre sus miembros a personas condenadas y guardan entre ellas una rivalidad histórica.

    La hija de Poncho, Claudia Zuleta, y Diana Molinan suenan como posibles candidatas de una coalición multipartidista para enfrentar a los Gnecco, que controlan la Gobernación y son el principal poder en el Cesar hace siete años.

    Además de estas tres mujeres, en la baraja de posibles candidatos a la Gobernación del Cesar se escuchan los nombres del exviceministro de Trabajo y exalcalde de Valledupar, Fredys Socarrás; el exgobernador del Cesar, Rafael Bolaños; el exalcalde de Valledupar, Rubén Alfredo ‘Ava’ Carvajal, entre otros.

    Estas son las tres herederas y sus respectivas casas:

    Viviana Monsalvo Gnecco

    Viviana Monsalvo Gnecco es diseñadora de interiores de la Universidad de la Salle en Bogotá. Tiene una especialización en estrategia y comunicación política y fue, en 1998, señorita Cesar en el Reinado Nacional de Belleza. Es hija de Cielo Gnecco, matrona de este superpoderoso clan que tiene una pequeña bancada de dos senadores y tres representantes aliados.

    Los Gnecco, además, controlan la Gobernación desde hace siete años.

    Primero con Luis Alberto Monsalvo Gnecco (hermano de Viviana y actualmente en juicio por un caso de corrupción al sufragante e imputado por la Contraloría por presuntas irregularidades en la ejecución del PAE) y, luego, con el vargasllerista Francisco Ovalle, quien en el 2015 llegó respaldado, también, por los representantes Ape Cuello, Eloy ‘Chichí’ Quintero y Cristian Moreno, quien en ese entonces era aliado de los Gnecco.

    Además de los líos en que está metido el exgobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco, otros miembros de la familia como los hermanos de ‘doña Cielo’ Jorge, Nelson y Lucas y otros familiares como Hugo Gnecco y Rafael Bolaños han estado enredados en líos judiciales que van desde corrupción y delitos electorales hasta paramilitarismo.

    En las pasadas presidenciales, los Gnecco fueron la punta de lanza de la campaña de Germán Vargas en el Cesar. Sin embargo, tras su derrota, aterrizaron la campaña de Iván Duque y, como contamos en esta historia de La Silla Caribe, Viviana Monsalvo fue clave para formalizar la llegada del clan a la campaña uribista.

    Aunque la versión oficial de Monsalvo Gnecco es que todavía es muy temprano para decir que ella es la candidata de su familia, su aspiración es tan evidente que ha aparecido en los principales medios del departamento.

    Diana Molina Carvajal

    Diana Carolina Molina Carvajal es psicóloga y tiene una especialización y una maestría en Desarrollo Organizacional y Procesos Humanos.

    Fue por año y medio directora ejecutiva de Provalledupar, una entidad de la Alcaldía que promueve el desarrollo económico de la ciudad, y renunció a finales de julio para, así, no inhabilitarse para las elecciones del año entrante.

    Hace parte, también, de la junta directiva de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata que organiza, como si fuera un asunto privado, todos los años el festival más importante del país.

    Aunque no lleva directamente el apellido Araújo, Molina es heredera de esa casa ya que es hija del exgobernador Hernando Molina Araújo, a quien en 2010 la justicia encontró culpable de haberse aliado con los paramilitares y en 2015 la Fiscalía llamó a juicio por la muerte de un profesor indígena. Está, actualmente, prófugo.

    Nandito Molina es, para más señas, hijo de la exministra de Cultura María Consuelo Araújo Noguera ‘La Cacica’.

    Divididos principalmente en dos ramas (los primos Araújo Castro y los Molina Araújo), los Araújo fueron por muchos años, especialmente a lo largo del gobierno de Álvaro Uribe, los superpoderosos del Cesar. Tuvieron en sus manos ministerios, embajadas y curules en el Congreso.

    Entraron en decadencia cuando cayó sobre ellos la sombra de la parapolítica: tanto al exgobernador Molina como al exsenador Álvaro Araújo Castro (primo de Hernando Molina y fundador del Partido Alas) la justicia los encontró culpables de haberse aliado con los paramilitares.

    En el 2015, el ala Araújo Castro volvió a reencaucharse y a sonar políticamente luego de que Sergio Araújo Castro (hermano del exsenador Álvaro Araújo Castro) se lanzara a la Alcaldía de Valledupar por el Centro Democrático, aunque no salió elegido.

    Sergio Araújo es uno de los principales líderes del uribismo en el departamento y del Centro Democrático a nivel nacional.

    A raíz de esto, se ha dicho que Diana Molina aspiraría por ese partido. No obstante, un político de la colectividad uribista en el departamento nos contó que Molina no sería la candidata de ellos, pues no milita en el partido y la ven más cercana al Partido Liberal.

    Es decir, su eventual candidatura no necesariamente representaría a sus primos Araújo Castro.

    Molina, sin embargo, nos aseguró que, por ahora, no está buscando partido, sino que está en plan de consolidar su aspiración. Para eso, ayer estuvo en Codazzi, hoy en Aguachica y, luego, irá a Gamarra, La Paz hasta recorrer todo el departamento.

    Claudia Margarita Zuleta Murgas

    Claudia Zuleta es optómetra y tiene dos especializaciones: una en Administración Hospitalaria y otra en Gerencia Financiera de Servicios de Salud. Fue Secretaria de Deportes durante toda la Gobernación de Cristian Moreno Panesso del Partido Verde (2008-2012) y al inicio de la de Luis Alberto Monsalvo Gnecco de La U (2012-2016).

    Comenzando el 2016, fue nombrada por el alcalde de Valledupar, Augusto ‘Tuto’ Uhía, Secretaria de Salud; puesto al que renunció a finales de julio para poder aspirar el año entrante a un cargo de elección popular.

    Es hija del cantante vallenato Poncho Zuleta, quien, pese a nunca haber participado en política, ha mostrado varias en veces en público sus simpatías por diferentes dirigentes políticos, especialmente un férreo uribismo.

    De hecho, Poncho asistió a la ceremonia de posesión del presidente Iván Duque y, allí, grabó un video en el que le manda un saludo a su hija quien, según él, “va para un alto cargo en el departamento del Cesar”.

    Zuleta Murgas es cercana, también, al representante de La U Cristian Moreno, quien lidera un grupo propio que sorprendió al Cesar en las pasadas elecciones enfrentando a los Gnecco y ganando una curul en la Cámara.

    A Zuleta la respaldarían, justamente, el representante Moreno y el Centro Democrático.

    Sin embargo, según nos aseguró ese Congresista, esto todavía no se ha definido, pues la idea es armar una coalición con un solo candidato que sea lo suficientemente fuerte para enfrentar al candidato de los Gnecco.

    Hablamos con Zuleta y nos contó que esta semana empezó a recorrer los municipios y a escuchar las necesidades de la gente. Nos contó que, hasta ahora, ha visitado San Diego y Codazzi.

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    La zona de reserva campesina en Sumapaz, un papayazo para Duque

    La zona de reserva campesina en Sumapaz, un papayazo para Duque


    El proceso para declarar una Zona de Reserva Campesina en Sumapaz, que cogió vuelo en medio del proceso de paz con las Farc y que el gobierno de Juan Manuel Santos pretendía dejar listo antes de terminar su mandato, al final quedará en manos de Iván...

    El proceso para declarar una Zona de Reserva Campesina en Sumapaz, que cogió vuelo en medio del proceso de paz con las Farc y que el gobierno de Juan Manuel Santos pretendía dejar listo antes de terminar su mandato, al final quedará en manos de Iván Duque debido a un lío jurídico que retrasó todo.

    Y como el nuevo gobierno, comenzando por el Presidente y su Vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, ha sido un duro crítico de esas zonas y las relacionó con posibles plataformas de las Farc para fortalecerse durante el conflicto, con Sumapaz le queda el papayazo de obtener un triunfo simbólico ante su electorado si no la declara o la sigue aplazando.

    Al tiempo, sin embargo, allá comenzaría un pulso por la implementación del Acuerdo de paz, que es el arma que los campesinos piensan alzar.

    El enredo con el páramo

    La constitución de una Zona de Reserva Campesina (ZRC) en Sumapaz comenzó a debatirse a finales de los 90, en la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002) y la primera alcaldía de Enrique Peñalosa (1998-2000).

     

    Sin embargo, sólo fue hasta finales de 2011, cuando Juan Manuel Santos comenzaba a tomar distancia de Álvaro Uribe, que el Sindicato de Trabajadores Agrícolas de Sumapaz (Sintrapaz) y la Asociación de Juntas de Acción Comunal de esa localidad (Asojuntas) vieron ambiente para solicitar ante el Incoder (hoy liquidado) que comenzara el trámite para la declaratoria, algo que hizo esa entidad ese mismo año.

    Sintrapaz, una organización que integran campesinos de esa localidad con una tradición marcada por las luchas agrarias, y que ha tenido afinidad con la izquierda del Partido Comunista, la Unión Patriótica y el Polo, se echó al hombro el proceso.

    Propusieron una ZRC de 23 mil hectáreas (equivalentes a unas 20 mil canchas de fútbol), que abarca 16 veredas de los corregimientos San Juan y Nazareth.

    El objetivo es que les regulen la tenencia de la propiedad y se les garantice el acceso a tierras para poder fortalecer la economía rural, adecuar sus prácticas para proteger el páramo, disminuir la brecha de desarrollo con la parte urbana de Bogotá y fortalecer la cultura y valores autóctonos.

    Para eso redactaron un plan de desarrollo para la ZRC y ante la Agencia Nacional de Tierras (ANT, la entidad que heredó del Incoder la declaratoria de las ZRC) terminaron los pasos que les correspondían en 2016.

    El proceso había cogido buen ritmo, incentivado políticamente por el proceso de paz con las Farc, le dijo a La Silla Cachaca Hernando Bejarano, vocero de Sintrapaz. Al fin y al cabo, las ZRC fueron una figura legitimada en La Habana que quedó incluida en el punto uno sobre la reforma rural integral.

    En eso coincide un funcionario del alto gobierno, que pidió reserva porque viene de la administración Santos (en la ANT no han nombrado nuevo director y no hay vocero tras el cambio de Presidente). “El Presidente pidió avanzar en esa ZRC, y se había logrado convencer al Ministerio de Defensa y a los altos mandos del Ejército, que tradicionalmente han sido sectores críticos de esa figura”, agrega.

    La única que mantuvo su posición en contra fue la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), que agrupa a los grandes industriales del campo y tiene asiento en el Consejo Directivo de la ANT, que es el que define la declaratoria. Su voto, no obstante, no incidiría porque se esperaba que el resto de integrantes de ese Consejo estuvieran a favor: Minambiente, Minagricultura, Planeación Nacional, representantes de indígenas, comunidades negras y de indígenas, el Agustín Codazzi y la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), que depende de Agricultura.

    Sin embargo, la delimitación del Páramo de Sumapaz en julio del año pasado se volvió un factor de discordia porque dentro de esas 311 mil hectáreas quedó el 78 por ciento del área de reserva campesina propuesta (unas 18 mil hectáreas).

    El lío surgió porque la ley prohíbe las actividades agropecuarias en los páramos, y como parte de la esencia de la ZRC es fortalecer la economía rural, que en buena medida es agropecuaria por la tradición campesina, el consenso en el Gobierno se dañó.

    Ahí comenzó un pulso jurídico, (con algo de política) que al final del gobierno Santos no pudo resolverse.

    “Con razón, la UPRA insistió en que la delimitación reñía con el plan de desarrollo que habían planteado los campesinos para la zona”, dice la fuente del Gobierno.

    La respuesta inicial de los campesinos, con el respaldo de la Agencia de Tierras, fue argumentar que la ley no prohíbe expresamente las ZRC en los páramos. Pero eso no caló ni en el Minambiente ni en la UPRA, que pidieron modificar el plan de desarrollo de la ZRC.

    Por eso, el primer semestre de este año, a meses de que Santos se fuera, trabajaron en un anexo al plan de desarrollo de la ZRC, que “indicaba las formas como los campesinos se comprometían a hacer planes de transición y respetar las restricciones que impone la delimitación del páramo. Es decir, si se dice que en una parte ya no se puede cultivar papa, pues lo acogían. Y así”, nos dijo el funcionario del Gobierno.

    Para él, sin embargo, hubo falta de compromiso. Y se refiere en particular a la CAR Cundinamarca, que además de haber trabajado en la delimitación del páramo, le corresponde un proceso posterior conocido como zonificación, en el que se especifica qué se puede hacer y qué no en los distintos puntos del páramo, por lo que debía darle el visto bueno a las propuestas de los campesinos y la Agencia de Tierras.

    “La CAR se demoró mucho en hacer sus observaciones al anexo técnico, y además preguntaron cosas que ya estaban ahí”, agrega el alto funcionario. “Y como no podíamos llegar a la votación del Consejo Directivo de la Agencia de Tierras sin su concepto, eso nunca se logró”.

    Néstor Franco, el Director de la CAR, le dijo a La Silla Cachaca que en efecto influyó la declaratoria de páramo, aunque mencionó un ingrediente más político: “En la propuesta presentada por los impulsores y la ANT existe un documento base para la declaratoria en el que no se reconocen instituciones como la CAR, el Ejército y entidades del gobierno como interlocutores válidos dentro del área de reserva campesina. Les hice ver que era muy complicado avalar la ZRC sin que lo hicieran”.

    Y es que el plan de desarrollo, aunque no habla expresamente de que no piensan reconocer esas entidades, sí tiene un aparte en el que indica que tras unos talleres se determinó que entre la comunidad no tienen legitimidad, y generan “desconfianza y rechazo”, el Ejército, Parques Naturales, el Sena, la CAR, Codensa, entre otras.

    “Esa ZRC fue concebida todavía en medio del conflicto, pero su plan de desarrollo debe ser visto a través del posconflicto”, agrega Franco.

    En medio de esa discusión, Iván Duque ganó la Presidencia, por lo que los promotores son pesimistas de que siquiera se intente hallar una salida al choque jurídico, mucho más por el sector político que él representa.

    El pesimismo con Duque (y su oportunidad)

    El nuevo Ministro de Agricultura, Andrés Valencia, no nos había respondido hasta el cierre de esta historia si ya tenía alguna directriz sobre las ZRC. El de Ambiente, Ricardo Lozano, ha planteado que las ZRC “también deben proteger los recursos naturales como agua, bosque y suelos”, una posición que, aunque no veta esa figura, posiblemente lo lleve a defender con Sumapaz una posición similar a la que terminó sosteniendo su antecesor.

    Pero la prevención de los promotores con el nuevo Gobierno nace de las duras críticas que siempre ha hecho el uribismo a las ZRC.

    Duque no las incluyó en su programa de gobierno, y como senador las describió como “Zonas Especiales de Despeje donde las Farc adelantarán su propio modelo de organización socioeconómica”, y como una plataforma desde la que las Farc “pondrán en marcha una lucha de clases y una confrontación al sector privado, apelando al populismo agrarista”.

    Su Vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, también las ha cuestionado con el argumento de que pueden prestarse para que sus habitantes ganen autonomía frente al Estado, haciendo eco de la tesis de que podrían convertirse en “repúblicas independientes”.

    Y en la renegociación del Acuerdo con las Farc, tras el triunfo del No en el plebiscito, logró que el nuevo texto fuera más claro para decir que se mantenían las normas para crearlas (con lo que se hacía explícito que no serían entes territoriales autónomos), a pesar de que ya se había dejado claro que esas normas no sé modificarán ni que se crearían nuevas zonas. Lo de ella fue para espantar miedos.

    En todo caso, no declarar esta ZRC, que es la que más está avanzada hasta el momento, o seguir aplazando el proceso, puede mostrarlos coherentes ante su electorado más uribista y de derecha, sobre todo porque por ser Sumapaz sería un triunfo simbólico, teniendo en cuenta que ese fue un corredor histórico de las Farc.

    Ramírez ha argumentado, además, que, más que ZRC, el Gobierno debe asegurarles a los campesinos infraestructura inmediata y precios de sustentación para sus cultivos con el fin de atender sus necesidades. Así que ahora que Ramírez tiene en sus manos la implementación del Acuerdo con la idea de mostrar más eficiencia que el gobierno Santos, Sumapaz puede ser un escenario para aplicar esa tesis, a pesar de que no quedó dentro de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdets) para las zonas priorizadas en el Acuerdo.

    El alto funcionario que consultamos nos dijo que, a su juicio, ya no hay que esperar la declaratoria debido a la posición “ortodoxa” del nuevo Gobierno. Pero Bejarano, el vocero de Sintrapaz, plantea que aunque esperarán a reunirse con el equipo de Duque, la idea es que los campesinos se movilicen “con el Acuerdo en la mano”, apelando a que como la figura de las ZRC está ahí plasmada, les deben cumplir.

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    Las cuatro patas de La Silla Santandereana


    Boletín La Silla SantandereanaResumen: Hoy les traemos las siguientes historias a profundidad. Items boletin: La otra pista del escándalo de Pamplona que toca a la Contraloría de NorteEl salvavidas de Iván Díaz Mateus por ahora tiene más espuma...

    Boletín La Silla SantandereanaResumen: 

    Hoy les traemos las siguientes historias a profundidad.

    Items boletin: La otra pista del escándalo de Pamplona que toca a la Contraloría de NorteEl salvavidas de Iván Díaz Mateus por ahora tiene más espuma que aireEl factor Petro se le atraviesa a la ‘Coalición Colombia’
    El factor Petro se le atraviesa a la ‘Coalición Colombia’

    El factor Petro se le atraviesa a la ‘Coalición Colombia’


    El día que Sergio Fajardo perdió las presidenciales dijo que la ‘Coalición Colombia’ se mantendría unida pensando en las elecciones regionales del año entrante, como ya había demostrado que era posible y exitoso en la alcaldía de...

    El día que Sergio Fajardo perdió las presidenciales dijo que la ‘Coalición Colombia’ se mantendría unida pensando en las elecciones regionales del año entrante, como ya había demostrado que era posible y exitoso en la alcaldía de Yopal. Aunque ese propósito se mantiene, no es fácil concretarlo porque en los verdes y el Polo hay sectores que creen que esa unión implica aliarse con la Colombia Humana de Gustavo Petro, que Fajardo se negó a apoyar en segunda vuelta.

    La duda es más fuerte porque buena parte de los verdes y del Polo sí apoyaron a Petro en segunda vuelta y ya el senador polista Jorge Enrique Robledo, una de las cabezas de la coalición, se reunió con el excandidato presidencial para hablar sobre la oposición al gobierno de Duque y “analizar las elecciones de 2019”.

    Eso deja el futuro de la coalición de fajardistas, verdes y polistas en veremos por el factor Petro, quien ha hablado de un frente amplio que incluiría a esas fuerzas, otros grupos de izquierda y las “ciudadanías libres”, pero probablemente no al fajardismo.

    Esa alternativa entre una coalición más de centro y una netamente de izquierda, que se presentó en las presidenciales y ganó la primera, ahora cambió porque Petro quedó fortalecido por sus resultados presidenciales. Aunque cabe la duda de qué tan fácil es repetirlo en las locales, como demostró este domingo su derrota en Betulia, Sucre.

    El Compromiso de Fajardo

    En Compromiso Ciudadano, el movimiento de Fajardo, están priorizando fortalecerse por dentro, reforzando la marca nacional de centro que buscaron en las presidenciales. Aunque no tienen claro si lo harán como una tendencia de la Alianza Verde o por fuera de ella, sí mantienen el compromiso con la Coalición Colombia.

    “No queremos que desaparezca la identidad de Compromiso. Con la Coalición Colombia se desarrolló un músculo, un idioma común, pero hoy está en estado de hibernación”, dijo a La Silla el senador Iván Marulanda, quien fue la ficha de Compromiso dentro de la lista Verde.

    “Hablar de alianzas ahora es completamente fuera de temporalidad para nosotros”, nos dijo Alejandro Fajardo, hijo del excandidato presidencial y que lo acompañó en toda la campaña. “Primero está organizar nuestro movimiento”, agregó.

    Para organizarse mejor -un anhelo que tienen desde que Fajardo se lanzó por primera vez a la Alcaldía, hace 19 años-  los integrantes de Compromiso se reunieron por primera vez después de las presidenciales hace dos semanas, el domingo 4 de agosto en Bogotá.

    Llegaron delegaciones de 27 departamentos y de colombianos en el exterior, crearon una asamblea nacional con 82 representantes y un ‘consejo ciudadano’ de 15 personas que toma las decisiones fundamentales.

    Aunque la meta de Compromiso es organizarse de forma independiente al verde y conservar la opinión que han ganado con el tiempo, con miras a las elecciones nacionales de 2022, su relación con los aliados de la Coalición Colombia es buena.

    Prueba de ello es que invitaron a la exsenadora Claudia López, al senador verde Antanas Mockus y al senador del Polo Jorge Robledo al encuentro.

    Allí López le propuso directamente a Fajardo, según le dijeron a La Silla por aparte tres personas que asistieron al evento, que Compromiso se convierta en una de la líneas dentro del Partido Verde.

    Aunque Fajardo no aceptó explícitamente, sí dejó claro que Compromiso mantiene la alianza con verdes y polistas.

    Eso se notó en su discurso final cuando dijo, en chiste, “cuando perdimos Robledo se salvó de estar en el gobierno y no en la oposición, pero dentro de cuatro años va a estar en el gobierno que vamos a construir nosotros para transformar a Colombia”.

    Esa intención de seguir como tríada tiene que pasar antes por las regionales que hasta ahora empiezan a cuajar.

    El fajardismo tiene claro que para catapultarse en las elecciones del próximo año y con miras al 2022 necesita los avales de los verdes o del Polo porque no tienen personería jurídica y para obtenerlos por otra vía tendrían que recoger firmas, algo más costoso. Además, saben que no todos los más de cuatro millones de votos de Fajardo a la presidencia son suyos.

    “Muy seguramente va tocar sumar. La pregunta con quién yo creo que depende de cada lado. Cualquier alianza que se haga tiene que pasar por la Coalición", le dijo a La Silla Santiago Londoño, que fue gerente de la campaña de Fajardo a la Presidencia y su secretario de Gobierno en Antioquia.

    Pero en las otras dos patas de la Coalición la segunda vuelta sí los ha puesto a replantear qué hacer de cara a las locales.

    ¿Viene la ‘Coalición Colombia Humana’?

    Para segunda vuelta, como contó La Silla, la mayoría del Polo se fue con Petro, salvo 10 de los 26 miembros del comité ejecutivo que pidieron libertad para votar en blanco: nueve del Moir, la facción que encabeza el senador Robledo, y Álvaro Argote, concejal de Bogotá y presidente del partido.

    Ahora las cosas cambiaron. Tanto Robledo como Argote, que eran los más reacios a la ‘Colombia Humana’ dentro del Polo, se sentaron el fin de semana con Petro a hablar sobre cómo hacerle oposición al gobierno de Duque y sobre las elecciones del año entrante.

    “La idea es que la Coalición Colombia se mantenga pero eso no excluye hacer acuerdos”, resumió su posición el senador Robledo. Con eso dejó el mensaje de que se puede abrir la puerta a otros aliados en la coalición, cuando el año pasado Petro intentó entrar a ella y no lo recibieron.

    Algo parecido opina el senador verde Jorge Londoño. “La Coalición Colombia no puede ser una camisa de fuerza sino algo que facilite las elecciones regionales y eso incluye pensar alianzas por fuera”, nos dijo.

    Para otros el hecho de que Petro haya sacado ocho millones de votos implica replantear la Coalición y agrandarla para incluirlo directamente.

    “La Coalición Colombia fue una realidad política que se expresó en primera vuelta, pero en segunda (con Petro) hubo otra realidad sin precedentes”, le dijo a La Silla el senador verde Antonio Sanguino, quien para primera vuelta ya había abogado por aliarse con Petro. “La idea es construir una sola partitura y un solo libreto”.

    Algo similar opina el ex senador del Polo Jaime Dussán. “Tiene que haber una unidad de acción y eso significa que todos, Polo, Verdes, Compromiso, la Colombia Humana y los demás que estén en oposición a Duque actuemos juntos en las regionales de 2019”, opina él.

    El problema de posiciones como las de Sanguino y Dussán, que se repiten en los dos partidos, es que implican meter a Fajardo y a Petro en la misma foto, algo que parece imposible.

    Imposible por sus distancias ideológicas, por el rechazo de muchos petristas a la decisión de Fajardo de votar en blanco e irse a ver ballenas a Gorgona para la segunda vuelta y porque en los dos lados lo ven muy difícil.

    Así lo dice, por ejemplo, Hollman Morris, concejal petrista de Bogotá y aspirante a la alcaldía. “Hay que repetir el esquema de la coalición victoriosa de la segunda vuelta en 2019. ¿Cuál es esa coalición? La Colombia Humana junto con el Polo y Claudia López”, le dijo a La Silla.

    “Si llegáramos a hacer alianzas con la ‘Colombia Humana’ sería en casos muy aislados”, dijo a La Silla el senador Marulanda.

    La posición de fajardistas y petristas de no estar juntos es un nudo difícil de desatar.

    Ya ocurrió en las presidenciales, e inicialmente los primeros ganaron el pulso, pues obtuvieron el apoyo oficial del Polo y el verde.

    Sin embargo algunos congresistas verdes no le hicieron campaña a Fajardo, como Inti Asprilla, el representante más votado del Partido en Bogotá; y la mayoría del Polo se bajó del bus.

    Y luego, para segunda vuelta, se quedaron solos con Robledo en el voto en blanco, mientras Mockus y López, la que más promovió desde el principio la Coalición Colombia, adhirieron a Petro a cambio de que éste hiciera varias promesas para espantar miedos de los votantes menos de izquierda.

    Por eso, aunque los fajardistas tienen la vocería verde en el Congreso con el senador Marulanda y la representante Ortiz, una alianza de su partido con Petro no está descartada. Y como en el Polo tampoco, y Compromiso está caminando solo, aunque falta más de un año para las elecciones locales no se ve tan sencillo repetir la unidad que tuvo la Coalición Colombia en Yopal.

     

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    La nueva derecha regional que crece con Duque

    La nueva derecha regional que crece con Duque


    Desde que Iván Duque ganó la Presidencia hay varias personas que han ido adquiriendo más protagonismo del que tenían en sus regiones. Algunos son uribistas de vieja data y otros figuras que, incluso, ni siquiera eran relacionadas antes con el...

    Desde que Iván Duque ganó la Presidencia hay varias personas que han ido adquiriendo más protagonismo del que tenían en sus regiones. Algunos son uribistas de vieja data y otros figuras que, incluso, ni siquiera eran relacionadas antes con el uribismo. Se trata de una ‘nueva derecha’ que se ve emergiendo desde el Congreso, Palacio, otros cargos públicos y el sector privado. Estos son los nombres que encontramos haciendo reportería en varios departamentos.

    En el Congreso Los que repiten Ernesto Macías

    Este congresista huilense pasó de ser el renglón 18 de la lista cerrada del Centro Democrático en 2014 a convertirse en el presidente del Senado para el periodo 2018-2019 impulsado por Duque.

    Desde que Duque fue elegido presidente, Macías ganó protagonismo porque, como lo contó La Silla Sur, fue uno de los compromisarios del Centro Democrático en el Senado para negociar con los demás partidos las presidencias y composición de las comisiones para el cuatrienio que viene.

    Macías hizo campaña por el No por todos los municipios del Huila, lo que ayudó a que arrasara con más del 60 por ciento de la votación. El año pasado se lanzó nuevamente al Senado, esta vez con la lista abierta que definió Uribe, y le fue muy bien: fue el cuarto más votado con 39 mil votos, 24 mil de ellos en su departamento, posicionándose como el senador uribista del sur del país. Y desde esa posición, le hizo campaña a Duque y ayudó a que ganara en todos los departamentos del Huila.

     

     

    Paola Holguín

    La senadora antioqueña fue la líder de las campañas uribistas en la calle, con vallas de colores de la campaña de Fajardo en Antioquia, Bogotá y el Eje Cafetero.

    Además de reelegirse en el Congreso, montó un representante a la Cámara de su cuerda, tiene un diputado que quiere ser candidato a la Gobernación y estuvo a punto de ser presidenta del Senado.

    Se quedó en la comisión segunda, en la cual puede sacar adelante, con el espaldarazo de Duque, la ley de sometimiento de bandas criminales que lleva adelantando desde el 2016. Con ese poder, más su impronta de uribista 2.0, se empodera con Duque.

     

    Álvaro Hernán Prada

    Representante a la Cámara. Entró en la lista cerrada del uribismo en 2014 y una vez elegido Duque ganó protagonismo porque fue uno de los compromisarios en Cámara para negociar con los demás partidos las presidencias y composición de las comisiones. Quedó en la Comisión Primera de Cámara, que es clave porque allí se discuten las reformas a la Constitución.

        Los novatos Óscar Villamizar

    Este congresista santandereano es primíparo en el Congreso, pero llega como heredero de la casa del condenado exsenador Alirio Villamizar, quien pagó una pena por vender su voto a favor de la reelección de Álvaro Uribe a cambio de una Notaría. Como contó La Silla Santandereana, desde que se posesionó empezó a moverse para consolidar -junto a su papá- su grupo político en el uribismo con miras  a las locales de 2019.

    Desde antes de su posesión asumió un rol protagónico en la bancada de la Cámara y, además de que se convirtió en compromisario, entró en la Comisión Primera, que es la más mediática. Siendo de la línea del Presidente y teniendo una posición destacada en el Congreso, empodera su casa política para 2019 en Santander.

    Edwin Ballesteros

    Es otro de los novatos de la bancada en la Cámara de Santander. Aunque alcanzó la curul solo con 17 mil votos, se metió en la Comisión Quinta, que es clave porque maneja temas de agro, minería y medio ambiente, que son particularmente importantes en Santander.

    Su candidatura agrupó a una parte pequeña del uribismo pura sangre de la región. Es cercano al anulado exprocurador Alejandro Ordóñez, quien aunque no ha sido representativo en el nuevo Gobierno, fue un factor de poder que él podría llegar a representar.

    También es cercano al grupo del clan Aguilar, dirigido por el parapolítico Hugo Aguilar. Buena parte de su carrera política la hizo al lado de esas toldas y en el periodo de Richard Aguilar (hoy senador de Cambio) como Gobernador de Santander estuvo en su llavero. Actualmente está investigado por la Procuraduría por irregularidades en el desplome de la represa de la Batanera en Santander, obra que se desplomó a pocos días de inaugurada y que fue recibida por él cuando era gerente de la Empresa de Servicios públicos de Santander, Esant.

    Como es el otro congresista del uribismo con figuración en Santander, se empodera para pelear espacios en 2019 y además queda en posición de ventaja frente a otras caras del Centro Democrático en la región que han estado desde la fundación del partido.

    Juan Pablo Celis

    Es novato en el Congreso y llegó como heredero del caudal de su papá, el excongresista Augusto ‘Tuto’ Celis. Como tiene la única curul que obtuvo el uribismo en Norte de Santander se convirtió en el jefe natural del partido en la región.

    Además entró en la Comisión Tercera, que es una de las más apetecidas porque trata temas de presupuesto. Se empodera porque siendo la cabeza regional del partido del Presidente en el departamento más uribista del país, tendrá un papel protagónico en la entrega de avales y definición de alianzas para 2019.

    Gabriel Velasco

    Fue el segundo novato más votado en la lista uribista en general, además del Senador más votado de ese Partido en el Valle (33 mil votos).

    De origen conservador, y empresario, es uno de los enlaces del uribismo con los cacaos del Valle, luego de ser director de la Andi en el departamento, un punto clave para el nuevo Gobierno que tiene como meta reactivar la economía regional.

     

    Christian Garcés

    Fue el representante más votado del Valle en el uribismo (40 mil votos).

    Hoy es el nuevo vocero del Partido en la Cámara. De la mano de Duque, de quien es cercano, se convirtió en la cara del uribismo 2.0 en la región, toda vez que Susana Correa, exdirectora del partido en ese departamento y de quien es distante, pasa a un cargo nacional.

     

        Los empresarios Luis Miguel Morelli

    El cacao y político es uno de los uribistas pura sangre de Norte de Santander. Aunque no figura en política directamente desde que fue Gobernador (2008-2011), opina y hace parte de las decisiones del partido en la región.  

    Es uno de los engranajes claves de la clase empresarial del departamento con el Centro Democrático, y con la victoria de Duque logra más figuración para impulsar candidatos de cara a la campaña de 2019.

     

    Manuel Santiago Mejía

    Con el triunfo de Iván Duque, a uno de los cacaos más poderosos de Antioquia, conservador pastranista, cercano y seguidor de Marta Lucía Ramírez, le sonó por fin la flauta en la política.

    Mejía es dueño del grupo económico que reúne almacenes Ktronix y Alkosto, los electrodomésticos Kalley y las motos AKT, y fue uno de los que abogó para que la derecha se juntara y se fuera a consulta. Aunque es cercano a Álvaro Uribe, con Duque terminó haciendo parte de las comisiones de empalme en paz, comercio y educación. No tiene un cargo para figurar en el Gobierno, pero como consejero externo de Presidencia y copartidario de la vice, tiene más margen política para las decisiones que le convienen como empresario y conservador.

     

     

        Los cristianos John Milton Rodríguez

    Es la nueva cara visible del uribismo cristiano en el Valle y gana proyección nacional luego de que otras figuras conocidas por sus posturas religiosas, como Alejandro Ordóñez o Viviane Morales, no quedaran en reparticiones burocráticas o con representantes en el Congreso y el que más curules logró.

    Su partido, Colombia Justa Libres, que creó hace menos de un año y con el que Duque hizo campaña en el Valle, le pone al Presidente y a la bancada de coalición tres senadores (incluido él). Los mismos que pone Mira, que lleva 20 años haciendo trabajo político y cuyas posturas sobre el Acuerdo de Paz son más flexibles que las de Rodríguez, por lo que serán votos seguros para las reformas al Acuerdo que quiere introducir Duque.

     

        Los que suenan para 2019 Andrés Guerra

    Director del Centro Democrático en Antioquia y gerente de la campaña de Iván Duque a la Presidencia. Exdiputado uribista, hijo del exsenador y jefe liberal Bernardo Guerra Serna, y hermano del concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra.

    Había perdido las Gobernación hace cuatro años contra Luis Pérez, pero ahora, luego del éxito de Duque allí, es la cara del uribismo para la Gobernación hasta ahora.

     

    Adriana Gutiérrez

    Exsenadora, jefe del Centro Democrático en Caldas. Quedó aporreada tras perder la Alcaldía en el 2015 contra el liberal Octavio Cardona, pero ahora que regresó a la política y coordinó la campaña de Duque en Caldas, suena como candidata a la Gobernación, si no, será una pieza clave para la conformación de una alianza para el 2019.

     

    Alfredo Ramos Maya

    El exsenador paisa, hijo del exgobernador Luis Alfredo Ramos, es uno de los que le metió la ficha desde el principio a Duque, su excompañero de bancada. No se lanzó para repetir Congreso y ahora es precandidato a la Alcaldía de Medellín por el Centro Democrático.

    Cercano al Alcalde Federico Gutiérrez y a los paolos (el grupo de la senadora Paola Holguín) y luego de recorrerse el departamento en campaña con Duque, Ramos tiene ventaja para recibir el guiño del Presidente.

     

     

    Federico Hoyos

    Representante saliente, líder de la campaña de jóvenes de Duque a nivel nacional, muy cercano al Alcalde de Medellín, estuvo en el comité de empalme de Duque y está en el sonajero a la Alcaldía de Medellín para 2019, o para un cargo en el Gobierno.

    Haber tenido roles claves en la campaña y el empalme, además de su juventud, le abona terreno para cualquiera de los dos cargos.

     

     

        Los que llegaron al Gobierno Karen Abudinen

    Exdirectora del ICBF del Gobierno Santos y exalta funcionaria del Distrito de Barranquilla, esta abogada se empodera con la llegada de Duque porque él la nombró su alta consejera para las regiones.

    Es decir, de ahora en adelante va a tener un contacto privilegiado, y a hacer las veces de puente, entre el Presidente y prácticamente todos los mandatarios del país. Sin contar con que será la organizadora de sus consejos comunitarios.

    Es abogada, considerada técnica y cercana a la casa Char, en donde llegó a sonar como posible candidata a la Alcaldía.

    Susana Correa

    Pasó de ser una congresista vallecaucana sin impacto mediático o político en lo nacional a manejar en el Gobierno Duque los programas sociales como directora del Departamento para la Prosperidad Social, entidad con presupuesto abultado y capacidad de contratación; seguirá teniendo poder en lo local aunque ya no esté en la dirección regional del uribismo, al ser una de las fundadoras del Partido en la región y armar las listas de los candidatos al Congreso.

    Jaime Amín

    Excongresista y excandidato a la Gobernación del Atlántico, es un uribista de vieja data, el amigo del expresidente Álvaro Uribe en Barranquilla, pero se empodera más con Duque porque, tras quemarse al Senado este año, el nuevo Presidente lo nombró como su alto asesor político.

    Aunque aún no es claro si, desde ese cargo, manejará el llamado ‘computador de Palacio’ con la burocracia que entregue el Gobierno, sí será importante porque, al menos, le hablará al oído a Duque. Su figura en el Atlántico dio un brinco más alto que cuando era Congresista.

    Jonathan Malagón

    Economista y administrador de empresas de La Guajira, Malagón pasó de ser un joven desconocido -aunque destacado por sus logros académicos y por su paso por las áreas económicas de entidades como Asobancaria, Anif y Fedesarrollo- a ser el jefe de la cartera de Vivienda del Gobierno Duque y uno de los nuevos rostros del poder que emergen con el nuevo Presidente.

    Juan Manuel Daza

    El nuevo Viceministro del Interior encargado de las relaciones políticas de ese despacho es un abogado vallenato de 28 años, radicado desde 2008 en Bogotá, que contribuyó con la fundación del Centro Democrático de la mano de la senadora sucreña María del Rosario Guerra. Fue asesor de ella en el Senado hasta que Álvaro Uribe se lo llevó a su equipo en el Congreso. Haber estado al lado del expresidente le sirvió como bandera de campaña para lanzarse este año a la Cámara por Bogotá. Se quemó con 14.100 votos al quedar en el sexto lugar (entraron cinco), pero cayó parado, y con un poder importante, en su nuevo cargo.

    Carlos Mario Estrada

    Quemado a la Gobernación de Antioquia  por La U de Uribe en 2011. Le hizo campaña a Duque desde Comfenalco como enlace con empresarios y organizador de eventos en ese departamento, y Duque lo nombró director del Sena.

    Fabio Aristizábal

    Odontólogo, quemado a la Cámara en 2014 y al Senado en 2018. Fue asesor en Salud de Uribe en el Senado y del Centro Democrático en la campaña a la Presidencia. Hizo parte del comité de empalme de Duque y ahora es su nuevo superintendente de Salud.

    Gloria Isabel Ramírez

    Estratega de comunicaciones pereirana, exasesora de Andrés Pastrana en sus campañas a Congreso y a Presidencia, también lo fue para la primera campaña presidencial de Uribe. Amiga personal de Iván Duque y su directora de comunicaciones en la precampaña presidencial.

    El Presidente la nombró embajadora en Italia. Ha trabajado en comunicaciones corporativas de Acción Social de la Presidencia de Santos y Fedegán, Promigas, el Banco Santander y la Comisión Nacional de Televisión.

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    La Silla Vacía e Icesi hablan con Claudia López sobre la Consulta Anticorrupción

    La Silla Vacía e Icesi hablan con Claudia López sobre la Consulta Anticorrupción


    La exsenadora Claudia López, una de las cabezas visibles de la consulta anticorrupción que se votará el domingo 26 responde las preguntas fáciles y difíciles sobre ese mecanismo. En un foro organizado por La Silla Pacífico y el Centro de...

    La exsenadora Claudia López, una de las cabezas visibles de la consulta anticorrupción que se votará el domingo 26 responde las preguntas fáciles y difíciles sobre ese mecanismo.

    En un foro organizado por La Silla Pacífico y el Centro de Ética y Democracia de la Universidad Icesi, habla con Juanita León, directora de La Silla Vacía, Juan Guillermo Arciniegas, profesor de Icesi y  Óscar López Pulecio, abogado especializado en ciencias socioeconómicas. 

    Siga la transmisión en vivo, desde las 10,20 de la mañana, acá:

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    Vargas tiene un papayazo en la elección del Contralor

    Vargas tiene un papayazo en la elección del Contralor


    La elección, que se redujo a 10 finalistas, parece estar entre tres de ellos: el uribista José Félix Lafaurie, a quien apoya oficialmente el Centro Democrático; el ex Auditor Carlos Felipe Córdoba, que anoche obtuvo el apoyo unánime de los...

    La elección, que se redujo a 10 finalistas, parece estar entre tres de ellos: el uribista José Félix Lafaurie, a quien apoya oficialmente el Centro Democrático; el ex Auditor Carlos Felipe Córdoba, que anoche obtuvo el apoyo unánime de los liberales; y el ex magistrado Wilson Ruiz, oficialmente candidato conservador.

    Con esas tres bancadas con candidatos distintos, Germán Vargas Lleras tiene la oportunidad de unir a Cambio Radical y a La U, como ya intentó en la pelea por las directivas del Congreso, para definir quién será el próximo Contralor.

    De hecho, Vargas estuvo anoche en una reunión de la bancada de Cambio con cinco candidatos (los tres que pintan fuertes, Julio César Cárdenas y José Andrés O’meara) para oírlos, y según le contaron a La Silla Vacía tres asistentes el que pinta más fuerte es Córdoba.

    Quedan cinco días para la elección del lunes, en Cambio y La U hay quienes están más cerca de apoyar a Lafaurie y todavía faltan reuniones importantes, como una mañana entre congresistas de Cambio y La U o una el jueves del presidente Iván Duque con los vargaslleristas.

     

    Los liberales y los conservadores marcaron el paso

    Ayer al medio día, en una votación interna los conservadores decidieron apoyar casi por unanimidad (30 de 32 votos) a Wilson Ruiz, ex magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

    Eso le da, en principio el apoyo de 34 de los 280 congresistas que pueden votar el lunes

    Por la noche, en una reunión que citó el ex presidente César Gaviria en su casa, la bancada liberal decidió apoyar por unanimidad a Carlos Felipe Córdoba, a pesar de que el ex Auditor es más cercano a Cambio (recogió firmas para Vargas Lleras hace menos de un año, por ejemplo) y es de origen uribista, y que Gaviria tenía en Gilberto Rondón un candidato de su entraña.

    Con esa decisión, Córdoba tendría 49 votos asegurados por ahora.

    Estas decisiones empezaron a aclarar el camino a la Contraloría, pues José Félix Lafaurie, que inicialmente parecía el  más fuerte, perdió protagonismo. Con el ruido de las denuncias de la Red de Veedurías de un ajuste a las reglas a su favor y la molestia de los partidos de la coalición de gobierno de que el uribismo se quedara con un órgano de control teniendo la presidencia, ya venía perdiendo fuerza.

    Las dos noticias de ayer, que lo dejan sin el apoyo de los conservadores y el de los liberales, su camino se enreda.

    Incluso si todos los congresistas uribistas votan por él (algo que no se ha definido pues la bancada no ha votado), tendría 51 apoyos. Estaría virtualmente empatado con Ruiz y Córdoba.

    Ese triple empate, justamente entre los miembros clase A de la coalición de gobierno, le deja el camino servido a La U y Cambio, los miembros clase B, para armar un bloque y definir, juntos, el Contralor.

    Es decir, repetir la jugada que intentó Vargas hace tres semanas para cambiar los acuerdos de la coalición, como reveló entonces La Silla Vacía.

    En manos de Vargas

    Según un congresista de La U y otro liberal, el partido del ex vicepresidente y La U se reunirán mañana para ir armando un consenso. Si se ponen de acuerdo, podrían sumar 85 votos en la votación del lunes.

    En la reunión de anoche de Cambio, de hecho, conformaron una comisión de seis congresistas para negociar con otros partidos. Por el Senado irán el caribe Antonio Zabaraín, la cristiana Claudia Rodriguez, y la sucrense Ana Maria Castañeda; por la Cámara Ángela Sánchez; Leonardo Rico (del grupo del gobernador de Cundinamarca) y Hernando Padaui.

    Oficialmente el plan es reunirse el jueves con Duque en Palacio a las 9 de la mañana y luego tomar una decisión.

    Las preguntas son qué papel jugará Vargas, y si lograrán armar un bloque homogéneo con La U. Ninguna de las dos tiene una respuesta obvia.

    Sobre el liderazgo de Vargas en su bancada, hay dudas después de su derrota en la primera vuelta presidencial. La Silla Vacía ha hablado en estas semanas con varios congresistas de Cambio y han dejado claro que no se sienten obligados a seguir las directrices de Vargas, como contamos hace tres semanas, un cambio sustancial en un partido que era muy vertical.

    Además, su mensaje no parece haber sido tan claro hasta ahora.

    Un congresista del Partido Cambio Radical, que pidió no ser citado, le contó a la Silla que Vargas y Lafaurie se reunieron el jueves pasado y que el ex vicepresidente le brindó su apoyo, pero que ayer no dio ninguna directriz a su partido. Intentamos buscar a Lafaurie para conocer su versión sobre el hecho pero hasta el momento de publicar la nota no había respondido las llamadas ni mensajes.

    Otro congresista lo ve más cerca de Córdoba. Nos contó, con la condición de no mencionarlo para no ponerlo en aprietos en su bancada, que a su juicio lo había dejado claro en la reunión de anoche. “Yo vi a Vargas jugado con Pipe (Córdoba), pero fue amable con Félix (Lafaurie) y con Wilson (Ruiz)”.

    Como hasta ahora no ha dado en mensaje claro, no es seguro que tome la oportunidad y el riesgo de enfrentarse al uribismo.

    Además, no es el único que busca esa unidad. Del lado liberal, por ejemplo, el presidente de la Cámara Alejandro Carlos Chacón y el senador bolivarense Lidio García están impulsando un acuerdo con Cambio y La U para armar un bloque grande que elija a Córdoba y derrote al uribismo, pues sumarían 134 votos, a seis de la mayoría absoluta de 140.

    La segunda pregunta, la unidad de ese bloque, tampoco tiene una respuesta clara hasta ahora.

    Eso porque en Cambio y en La U hay congresistas que preferirían apoyar a Lafaurie, con la lógica de que es el candidato del Gobierno y así quedan bien parados con Duque. Eso, que se da especialmente entre quienes le hicieron campaña al hoy presidente, como José David Name en La U, se da a pesar de que el Gobierno no ha mandado un guiño, y asumiendo que Lafaurie tiene su apoyo.

    Por eso, y porque quedan cinco días y todavía hay espacio para la negociación y el lobby, la oportunidad que tiene Vargas no es tan fácil de concretar.

    Los escenarios

    Si el exvipresidente logra consolidar un apoyo a Córdoba con los liberales y La U, podría ganarle la primera puja al gobierno entrante. Incluso si los conservadores se suman a los uribistas y de forma unánime apoyan a Ruiz, las fuerzas estarían 134 contra 85.

    Eso dejaría la decisión en manos de Opción Ciudadana, el Mira y los partidos de oposición.

    Bastaría que 6 de los 58 congresistas de esas tres fuerzas se fueran con Vargas y Córdoba (que tiene la animadversión de por lo menos parte de los verdes porque, como auditor, en 2016 reveló un estudio con grandes vacíos que decía que Sergio Fajardo había gastado mucho dinero en publicidad, tema que usó Vargas en campaña contra Fajardo a pesar de que ran tan débil que Semana rectificó parte de su nota al respecto) para que el uribismo sufriera su primera gran derrota.

    Por eso, si se arma el bloque liberal-U-Cambio, la suerte estaría prácticamente echada.

    Incluso si la oposición decide apoyar a otro candidato, las nuevas reglas de juego de la elección obligarían a que haya una segunda vuelta entre los dos más votados, y por eso debería finalmente decidir entre Córdoba y Lafaurie. Y probablemente pese el argumento de no darle al mismo partido del presidente el órgano que vigila el uso que el Gobierno hace de la plata.

    A pesar de que ese escenario pinta hoy como el más probable, en los cinco días que faltan pueden cambiar muchas cosas.

    Por ejemplo, el Gobierno sigue nombrando cabezas de entidades y viceministros, y ahí puede entrar un juego político como el que quedó claro al nombrar a Carlos Baena, ex senador del Mira, vice de relaciones laborales. También falta que La U y Cambio definan si van a votar en bancada o dejan en libertad, lo que cambiaría el panorama. E incluso falta saber qué harán los candidatos en estos días.

    La tensión es tal que un congresista le dijo a La Silla Vacía que canceló sus planes de salir este puente para estar “en la jugada”.

    Hace ocho años, el hoy magistrado de la Corte Constitucional Alberto Rojas estaba prácticamente elegido pero un guiño del entonces recién elegido Juan Manuel Santos le dio la vuelta a la decisión de los congresistas y le ganó Sandra Morelli.

    Por eso, con un panorama más incierto, si Vargas aprovecha la oportunidad y logra derrotar al uribismo, habrá demostrado que una cosa es perder las elecciones y otra perder el poder.

    Gobierno DuqueCongreso Silla Nacional Germán Vargas; Elección ContralorInteractiva: 
    Estos son los 10 candidatos a la Contraloría

    Estos son los 10 candidatos a la Contraloría


    Los 10 finalistas para ser elegido como Contralor General, que definieron ayer dos comisiones accidentales de Senado y Cámara, muestran que los más opcionados a llegar a la Contraloría son de origen o tienen filiación conservadora, con excepción del...

    Los 10 finalistas para ser elegido como Contralor General, que definieron ayer dos comisiones accidentales de Senado y Cámara, muestran que los más opcionados a llegar a la Contraloría son de origen o tienen filiación conservadora, con excepción del ex Auditor General, Carlos Felipe Córdoba.

    4 de los 10 tienen experiencia en control fiscal como el que hace la Contraloría, aunque la elección que hará el Congreso en pleno lunes festivo será política, por definir quién tendrá un poderoso puesto con la función de vigilar cómo gastará la plata pública el gobierno de Iván Duque.

    Estos son sus 10 perfiles y la cantidad de votos que sacaron en la comisión accidental de 22 congresistas:  

     

    José O'meara

    El favorito conservador que era desconocido (20 votos)

    O’meara, quien fue director de asuntos jurídicos y de asuntos políticos y electorales del conservador Carlos Holguín Sardi en el Ministerio del Interior y de Justicia en el segundo período presidencial de Álvaro Uribe, es un abogado independiente que se convirtió en uno de los favoritos después de que sacó la puntuación más alta ponderando la hoja de vida y el examen de la UIS.

    Ayer tuvo 20 votos en la comisión accidental, la más alta, y ha caído bien, inicialmente entre los conservadores, además de que tiene entronque con gente cerca al Gobierno y de hecho hizo parte del equipo de empalme en temas de justicia. El senador Iván Marulanda, vocero del Partido Verde, le contó a la Silla que a su juicio el es el más idóneo y que eso era lo que iba a decir en la reunión de bancada.

    Abogado de la Sergio Arboleda con maestría en Estado de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, trabajó en Arrieta & Mantilla Abogados, y fue contralor delegado y director de vigilancia fiscal del sector social de Julio César Turbay Quintero en la Contraloría General.

    No ha tenido ningún escándalo pero su hermano Luis Camilo, 10 años mayor que él, estuvo vinculado en el caso de la yidispolítica porque supuestamente pagó a cambio de quedarse con la notaría que el gobierno le entregó al representante conservador Teodolindo Avendaño a cambio de votar a favor de la reelección de Álvaro Uribe.

    Wilson Ruiz

    El conservador con credenciales de jurista (18 votos)

    Ruiz, ex magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es uno de los candidatos más fuertes y una de las dos fichas conservadoras.

    Abogado de la Universidad Libre con doctorado, nació en Florida, Valle del Cauca, ha hecho casi toda su carrera como litigante en derecho administrativo. También ha sido conjuez del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo Superior de la Judicatura, y es árbitro en listados en las cámaras de comercio de Cali y Bogotá.

    Fue Procurador delegado del Consejo de Estado nombrado por Alejandro Ordóñez en 2009.

    Es uno de los candidatos favoritos porque sacó uno de los puntajes más altos en las pruebas que realizó la Universidad Industrial de Santander, UIS,  para filtrar entre los más de 100 aspirantes iniciales y por los apoyos políticos que tiene, especialmente entre los conservadores y los congresistas vallecaucanos.

    De hecho, el Senador de ese departamento por Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez le dijo a la Silla que a Germán Vargas Lleras le gusta este candidato y puede que su bancada lo apoye.

     

    José Félix Lafaurie

    La ficha polémica del uribismo (13 votos)

    El actual presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegan) es el candidato más visible del Centro Democrático, no solo por ser esposo de la senadora María Fernanda Cabal sino porque ha sido firme defensor de las tesis uribistas en sus columnas de prensa y otras intervenciones públicas.

    Por eso, su candidatura ha generado la polémica de que el órgano de control fiscal quede en manos del mismo partido del Presidente.

    Ingeniero civil con maestría en economía de la Javeriana, proviene de una familia de la élite de Santa Marta y tiene una larga carrera pública combinando el sector público y el privado (ha sido presidente de la Cámara de Comercio de Valledupar y empresario algodonero, empresario inmobiliario y ganadero), en la que se ha caracterizado como un conservador.

    Por ese partido ha sido diputado del Cesar, gerente departamental de Seguro Social, director de Corpocesar (la CAR del departamento) y viceministro de Agricultura de María del Rosario Sintes.

    También por ese partido lo nombró vicecontralor el entonces Contralor liberal Carlos Ossa Escobar en 1998, y en 2002 el entonces presidente Álvaro Uribe lo nombró Superintendente de Notariado y Registro.

    Salió en 2004, cuando la Procuraduría lo sancionó por tráfico de influencias, una decisión que Lafaurie peleó en el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, pero perdió.

    A ese tema polémico se suma que fue mencionado en los escándalos de la yidispolítica - en 2009 el procurador Alejandro Ordóñez lo absolvió, en AgroIngreso Seguro y por haber aceptado que Fedegan había financiado a paramilitares como mecanismo de autodefensa frente a la guerrilla. En todos esos casos ha sido absuelto.

     

    Marco Velilla

    El cercano a Ordóñez (13 votos)

    Velilla, ex consejero de Estado, era uno de los magistrados más cercanos al ex procurador Alejandro Ordóñez en ese tribunal. y fue uno de los ternados por Álvaro Uribe a la Fiscalía que la Corte Suprema nunca aceptó.

    Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana con especializaciones en derecho civil y comercial, y maestrías en derecho privado y en derecho económico, ha hecho carrera como conservador.

    Fue consejero presidencial de Belisario Betancur, director del departamento de Derecho Económico del Externado, Director de Investigaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de la Sabana, y abogado litigante.

    En 2009 Uribe lo incluyó en la terna para Fiscal General que la Corte Suprema no tramitó por su choque con Uribe, y que Juan Manuel Santos a cambió al llegar al Gobierno.

    Como consejero de Estado defendió la permanencia de Alejandro Ordóñez en la Procuraduría mientras estuvo en su cargo pero finalmente no votó porque su período terminbó antes de que el Consejo anulara la reelección de Ordóñez.

    Alonso Pío Fernández Angarita

    El ex gobernador encargado (11)

    Este abogado cesarense de la Sergio Arboleda, con maestría en derecho administrativo y especialización en gestión pública, ha hecho carrera en el sector público como conservador.

    Fue jefe de la Oficina Jurídica de Ferrovías, asesor jurídico de Corpoica, director jurídico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y procurador ambiental durante más de 6 años, casi todo el período por Alejandro Ordóñez.

    También fue asesor de Carlos Holguín en el Ministerio del Interior en temas jurídicos, durante la presidencia de Álvaro Uribe. Estando en ese cargo, Uribe lo designó Gobernador encargado de Córdoba en el 2008, tras la salida de la liberal Marta Sáenz de ese cargo por estar inhabilitada.

    Se ha desempeñó como coordinador de a “Voto Limpio” una campaña que organizó el gobierno para el Departamento de Córdoba en 2007  y fue delegado presidencial de Uribe para las elecciones en Córdoba, en 2003 y 2007.

     

    Gilberto Rondón

    El de César Gaviria (10 votos)

    Rondón, político de carrera boyacense, nació en Tunja y es abogado de la Universidad Católica de Colombia. Tiene especialización en derecho constitucional, en derecho penal, en derecho administrativo, en gerencia pública y control fiscal.

    Tiene una larga trayectoria política pues ha sido alcalde en varios municipios de Boyacá, defensor público, jefe de asuntos municipales de la gobernación de Cundinamarca  y ha tenido cargos como asesor jurídico en entidades públicas y privadas.

    Fue representante a la Cámara en 2006 por el departamento de Boyacá y del Partido Liberal e hizo parte de la Comisión Tercera. Magistrado del Consejo Nacional Electoral del Partido Liberal entre 2010 y 2014.

    En 2014 el Consejo de Estado lo ternó a y  pintaba como el más opcionado, pues tenía el apoyo del ex presidente César Gaviria y la bancada liberal, pero no quedó porque . Y en ese tiempo, lo señalaron de haber tenido relación con los Rodríguez Orejuela, acusación que él negó.

    Según le afirmó a la Silla, no quería volver a postularse para ser Contralor, pero finalmente tomó la decisión de lanzarse por última vez y presentó el examen de la UIS  y no sacó un mal resultado. Así que, cuando pasó entre los 59 preseleccionados el ex presidente César Gaviria lo llamó y le dijo que le gustaba su nombre para la elección, por lo que él cuenta con el apoyo de algunos de los congresistas liberales.

     

    José Joaquín Plata

    El que fue del “Tuerto Gil” (11 votos)

    Abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga con especialización en docencia universitaria, es un político de carrera que fue tres veces alcalde de Suratá, Santander, y viene del grupo político de Luis Alberto “El Tuerto” Gil.

    En 2002 Plata estuvo en la lista cerrada de Gil al Senado, pero no quedó. En todo caso, en 2006 Gil lo impulsó para convertirse en magistrado del CNE como cuota de Convergencia Ciudadana.

    De nuevo con el apoyo de Gil, y cuando el partido ya se llamaba Opción Ciudadana, en 2014 Juan Manuel Santos nombró Superintendente de la Economía Solidaria. Poco tiempo después, salió de ese cargo pues faltaban mujeres para cumplir con la cuota de género entre las superintendencias.

     

    Carlos Felipe Córdoba

    El ex Auditor que divide al uribismo (19 votos)

    Córdoba es uno de los favoritos porque sacó 19 votos en la comisión accidental, porque ya fue vicecontralor y auditor general y por sus apoyos políticos en diferentes bancadas.

    Pereirano, estudió Gobierno y Relaciones Internacionales en el Externado y tiene una maestría en Estado de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

    Ha hecho carrera política pues fue secretario de gobierno de Pereira en la segunda Alcaldía de Juan Manuel Arango (2006-2007), de Cambio Radical; y de Risaralda del conservador Víctor Manuel Tamayo (2008-2011).

    Además, es uribista de vieja data pues hizo parte de las juventudes de la campaña de Uribe en 2002, trabajó en varios programas de Presidencia durante su primer cuatrienio y apoyó a Óscar Iván Zuluaga en las elecciones de 2014.

    También fue vicecontralor de Sandra Morelli entre 2012 y 2013, cargo en el que lideró estudios sobre la concentración de contratación en el país. Se alejó de Morelli en medio de la pelea de ésta con el entonces fiscal Eduardo Montealegre, quien  luego ayudó a que la Corte Suprema lo ternara para ser Auditor y el Consejo de Estado lo eligiera en 2015.

    Además, está casado con Marcela Yepes, hija del cacique conservador de Caldas Omar Yepes Alzate, quien hizo carrera en la Contraloría hasta ser directora administrativa de Sandra Morelli. De allí salió a ser directora de apoyo a la gestión de Montealegre (y se convirtió en ficha clave de éste en su pelea con Morelli) de control interno de Néstor Humberto Martínez y antes había sido directora.

    Desde su uribismo se fue acercando al vargasllerismo: en septiembre de 2017 le recogió firmas a Vargas para la candidatura a la Presidencia y fue el secretario privado de su campaña hasta diciembre, según nos contó. En febrero de 2018 salió a dirigir la Federación Nacional de Departamentos, elegido por los gobernadores de todo el país.

    Esa carrera demuestra los apoyos políticos que pueden resultar fundamentales el lunes.

    Julio César Cárdenas

    El de la Contraloría (13 votos)

    Cárdenas, uno de los menos conocidos en el ramillete, ha hecho carrera en el control fiscal.

    Abogado del Externado y experto en contratación estatal, servicios públicos y control fiscal, fue Contralor Delegado para infraestructura y telecomunicaciones de Julio César Turbay Quintero y para el agro. También fue Gerente nacional Administrativo y Financiero de la Contraloría.

    A pesar de esa experiencia concreta, no pinta fuerte para la elección del lunes.

     

    Maritza Quintero

    La única mujer (12 votos)

    Aunque es poco conocida y no parece tener chances, entró a la lista porque la comisión accidental quiso que hubiera al menos una mujer en la lista y la metieron porque fue la mujer que mayor puntaje tuvo y no tenía cuestionamientos o problemas de inhabilidad.

    Abogada con especialización en gestión pública e instituciones administrativas. Sabe sobre responsabilidad fiscal y ha sido docente. Además ha trabajado en Invías, Planeación Nacional, la Dian y ha sido contralora delegada para investigaciones juicios fiscales y jurisdicción coactiva de Edgardo Maya.

     

    Gobierno DuqueCongreso Silla Nacional contralorInteractiva: 
    Mocoa pone a prueba la capacidad de reacción de Duque

    Mocoa pone a prueba la capacidad de reacción de Duque


    Entre las 11 de la noche del sábado y la madrugada de este domingo, Mocoa, la capital de Putumayo, revivió la angustia de la avalancha que hace más de un año borró del mapa a barrios enteros y dejó 333 muertos. La causa fue la misma: los ríos...

    Entre las 11 de la noche del sábado y la madrugada de este domingo, Mocoa, la capital de Putumayo, revivió la angustia de la avalancha que hace más de un año borró del mapa a barrios enteros y dejó 333 muertos.

    La causa fue la misma: los ríos Sangoyaco y Mulato, que atraviesan a Mocoa, se crecieron con la lluvia. Esta vez, el barro se llevó 62 casas, dejó a 207 personas afectadas, tumbó un puente, dejó sin agua a media ciudad y volvió a dejar al descubierto que en este municipio el riesgo de una avalancha sigue más que vivo.

    Por eso, lo que haga el Gobierno para evitarlo será el termómetro de la capacidad de reacción de Duque, que lo primero que hizo fue mandar a sus ministros de Vivienda, Jonathan Malagón, y de Ambiente, Ricardo Lozano, para que se pusieran al frente.

    La nueva emergencia

    Lo que han hecho hasta ahora los ministros de Duque es tratar de consolidar el censo de afectados, ampliándolo no solo a los afectados de Mocoa, sino a los habitantes de municipios vecinos de la capital como Villagarzón y Puerto Guzmán que también se han inundado por los desbordamientos de Sangoyaco y Mulato.

    La idea es que este censo regional esté listo el jueves, y después de que la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres lo avale, se empiecen a tramitar las ayudas porque ya los alcaldes de estos municipios le dijeron al presidente Duque que no tienen plata para atender a los afectados.

    Se adelantan labores de limpieza, remoción escombros en #Mocoa, @COL_EJERCITO trabaja con la comunidad. Entidades del SNGRD activas y en diferentes zonas de la ciudad apoyando a la ciudadanía. pic.twitter.com/cUkRW83EC5

    — UNGRD (@UNGRD) 12 de agosto de 2018

    Malagón y Lozano también han supervisado los trabajos de rehabilitación de las bocatomas del acueducto para que el agua vuelva a las casas este martes. Mientras tanto se reparten en carrotanque más de 18 mil litros de agua que llegaron de municipios de Cauca y Nariño.

    Aunque con la presencia de los ministros los mocoanos sienten el acompañamiento del Gobierno Nacional, lo que más necesitan ahora es que se tomen las medidas de mitigación para que los ríos no se desborden cada vez que llueva en la ciudad. Y ahí es donde se medirá la capacidad de reacción del gobierno Duque porque de él dependerá que se consiga la plata para financiar estas obras.

    Lo que se necesita

    Esta vez no hubo víctimas mortales, pero la emergencia volvió a demostrar lo vulnerable que está Mocoa a que ocurran tragedias de gran magnitud.

    Esto porque las obras de mitigación que se prometieron hacer desde el año pasado para evitar que los ríos se siguieran desbordando no se han hecho porque, según el alcalde de Mocoa, José Castro, el Departamento Nacional de Planeación no ha girado la plata.

    Esas obras valen 130 mil millones de pesos.

    Con esa plata se podría hacer la adecuación hidráulica y el encausamiento de las quebradas Taruca y Taruquita que desembocan en los ríos Sangoyaco y Mulato,  también el traslado de sedimentos en la quebrada San Antonio y la recuperación de la ronda hídrica de los ríos Mulato y Sangoyaco.

    También se construirían diques y muros de contención para la intervención de los cauces.

    Pero como la plata no la alcanzó a girar el gobierno Santos, a pesar de que está comprometida en un documento Conpes, depende de la gestión de Duque si el trámite sigue embolatado o se agiliza. Ayer, al hacer un balance de la emergencia, el Presidente se comprometió con la gobernadora Sorrel Aroca y el alcalde Castro a pedirle al DNP que libere los recursos.

    Aunque la mitigación es la prioridad, con Mocoa también se pone a prueba la capacidad de gerenciar del nuevo gobierno porque el plan de reconstrucción que se prometió tras la avalancha del año pasado va a paso lento.

    Como contó La Silla Sur, un año después de la tragedia lo único que pudo inaugurar el Gobierno Santos fueron 100 casas de las 1.200 que comprometió. El nuevo acueducto, la plaza de mercado, el hospital y las subestaciones eléctricas están a medias por dificultades que van desde la demora en la asignación de la plata y problemas para comprar los predios, hasta conflictos con comunidades indígenas.

    Para destrabar esa reconstrucción Duque ya tomó la primera decisión: designar a Eduardo José González, director de la Unidad de Gestión del Riesgo, como el primer responsable de la reconstrucción. 

    Designé a Eduardo José González, director de la @UNGRD, como primer responsable de la reconstrucción de Mocoa. La vicepresidenta @mluciaramirez acompañará esta labor. Ordené a la directora de @DNP_Colombia liberar los recursos pendientes para atender la emergencia. pic.twitter.com/ZV3bCfDmk3

    — Iván Duque (@IvanDuque) 13 de agosto de 2018

    González, ingeniero civil, aunque viene de quemarse en las elecciones de Congreso donde aspiró al senado por el Centro Democrático, tiene experiencia en gestión del riesgo porque entre 1999 y 2006 se desempeñó como director de Prevención y Atención de Desastres - DPAD del Ministerio del Interior y de Justicia. 

    Otro factor que se juega Duque en Mocoa es la confianza de los putumayenses, porque este fue el único departamento del Sur donde el candidato del uribismo no le pudo ganar a Petro. Si logra sacar adelante la reconstrucción y ayuda a evitar nuevas emergencias, no solo podría ganarse el respaldo de los habitantes, sino que le daría un empujón a su partido que el otro año quiere ser protagonistas en las elecciones regionales. 

    Mientras eso pasa, con la emergencia del domingo en Mocoa quedó la sensación de que lo ocurrido el año pasado se habría podido prevenir.

    Lo que funcionó y evitó otra tragedia

    En la madrugada del domingo no se registraran víctimas mortales ni desaparecidos porque a las 3 de la mañana se activó una alarma que funciona desde el año pasado para advertir cuando los ríos sobrepasan los niveles normales.

    El sistema comprende 12 sensores que están ubicados a lo largo de los ríos Sangoyaco y Mulato. Estos sensores le reportan información en tiempo real a cuatro estaciones que son monitoreadas las 24 horas en un puesto de mando que está a cargo del Sistema de Alertas Tempranas de la UNGRD.

    Este trabajo de monitoreo es reforzado con lo que informan los campesinos que viven en las cuencas de los ríos y que comunican las novedades de los ríos vía radio teléfono o celulares.

    Esa cadena fue la que permitió que ese día cerca de 30 mil personas evacuaran sus casas y se ubicaran en puntos seguros. Y aunque no evitó que las crecientes destruyeran casas y puentes, sí dejó claro que este tipo de emergencias se pueden minimizar.

    Las intensas lluvias de la madrugada del domingo en Mocoa, activaron el sistema de alertas tempranas y se evacuó de manera preventiva. Fotos redes sociales. pic.twitter.com/UcePF90rzZ

    — Luis Eduardo Cerón (@periodistaluise) 12 de agosto de 2018

    Además de la alerta temprana, hace dos semanas en la ciudad se hizo un simulacro de evacuación en horas de la noche.

    Esta experiencia, según el Ministro de Medio Ambiente, se debe convertir en ejemplo para otras regiones del país con condiciones de riesgo.

    Pero aún con alarmas Mocoa sigue siendo vulnerable. De lo que hagan Duque y su equipo de gobierno dependerá si eso continúa así.

    Gobierno DuqueRegión SurMedio Ambiente Silla Sur Silla Sur Lo que muestra la tragedia evitable de Mocoa Silla Sur A un año de la avalancha, falta mucho para que Mocoa quede mejor que antes mocoaputumayotragediaavalanchaDuque. Iván Duque Márquez

    Presidente de la República de Colombia

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    Yahir Acuña le ganó a Petro su primera elección regional

    Yahir Acuña le ganó a Petro su primera elección regional


    En las primeras elecciones en que participa su movimiento tras las presidenciales, Gustavo Petro fue derrotado por el cuestionado exrepresentante de Sucre, Yahir Acuña, conocido por haber llegado hace cuatro años al Congreso a punta de repartir whiskey...

    En las primeras elecciones en que participa su movimiento tras las presidenciales, Gustavo Petro fue derrotado por el cuestionado exrepresentante de Sucre, Yahir Acuña, conocido por haber llegado hace cuatro años al Congreso a punta de repartir whiskey y billete. Es una muestra de lo difícil que será para el excandidato presidencial vencer a los caciques en las regionales de 2019 para, así, consolidar su Colombia Humana de cara a las de Presidencia de 2022.

    La derrota ocurrió en Betulia, municipio del departamento de Sucre en donde el pasado domingo se celebraron unas elecciones atípicas rodeadas de denuncias de presunta compra de votos por parte del candidato de Acuña.

    Estas elecciones fueron convocadas, a mediados de junio, por el gobernador Édgar Martínez debido a que el anterior alcalde, Fernel Aviles de Opción Ciudadana, fue capturado en octubre del año pasado por irregularidades en la contratación.

    El ganador de las atípicas fue Julio Rafael Díaz Ortega, avalado por el Partido de Reivindicación Étnica (PRE), con 3.792 votos. Tras él quedaron Juan Manuel Hoyos Angulo del Partido Conservador (3.567 votos), Elida María Ortega del Mais y con apoyo de la Colombia Humana (567 votos) y Carmen Karina Gil del Partido Liberal (337 votos).

    El recién electo alcalde Díaz hace parte de una coalición conformada por políticos de la región como el representante Salim Villamil (primo del alcalde de Sincelejo Jacobo Quessep), el excongresista Héctor Pérez Santos, la casa Guerra de la Espriella, el excandidato liberal a la Alcaldía de Betulia, Felipe Aguas, y Yahir Acuña.

    El grupo político de Díaz suele votar con los Guerra de la Espriella. Sin embargo, entre sus principales apoyos el domingo pasado estuvo el exrepresentante Yahir Acuña, quien de hecho controla la Alcaldía de Betulia desde hace siete años.

    El vaso comunicante entre Yahir y Díaz es el exalcalde de Betulia, Régulo Puentes, quien apoyó a Díaz y, aunque tiene un pequeño grupo propio en el municipio, pertenece al movimiento político de Acuña.

    De hecho, Puentes llegó a la Alcaldía de Betulia en el 2011 avalado por Afrovides, un movimiento del que Yahir se apoderó en 2010 y al que luego le cambió el nombre a 100 por ciento por Colombia.

    Cuatro años más tarde, Yahir mantuvo el poder en el municipio gracias a la elección del capturado alcalde Fernel Aviles, quien llegó avalado por Opción Ciudadana cuando Yahir ya hacía parte de este partido y lanzó a su esposa, la actual representante Milene Jarava, a la Gobernación.

    Con el triunfo de Díaz, Yahir mantiene uno de sus fortines del departamento (en las pasadas legislativas su esposa fue la representante más votada) y se evidencia las dificultades que tendrá Gustavo Petro para derrotar a los caciques locales en sus tierras.

    Una dura muestra para el petrismo

    Sucre fue uno de los dos departamentos del Caribe en donde Petro le ganó a Iván Duque tanto en primera como en segunda vuelta.

    En Betulia, específicamente, el candidato de la Colombia Humana superó en primera vuelta  al uribista por casi mil cuatrocientos votos. En segunda vuelta, esta diferencia se acortó, pero, de todos modos, Petro superó a Duque por casi mil votos. Sacó 3.727 votos y Duque 2.758.

    Esos resultados hacían pensar a Petro que podría irle bien a su candidata, Elida María Ortega, en las atípicas a las que llegó avalada por el Mais. 

    Incluso, el propio Petro viajó dos días antes de los comicios (viernes pasado) al pueblo para hacerle campaña.

    Ella es Elida Ortega, hija de José Ortega, el fundador de la ANUC, es candidata de la Colombia Humana a la alcaldía de Betulia, Sucre. pic.twitter.com/3IsXTltAqQ

    — Gustavo Petro (@petrogustavo) 11 de agosto de 2018

    Aun así, sus más de tres mil votos no se le transfirieron.

    De hecho, Ortega, con 567 votos, sacó menos de la sexta parte de los votos que tuvieron los candidatos del grupo de Yahir Acuña y del Partido Conservador.

    ¿Por qué ocurrió esto?

    Averiguamos y las campañas tuvieron sus contrastes.

    De acuerdo con denuncias hechas por la MOE y fuentes en terreno, hubo supuesta  compra de votos en las campañas del actual alcalde y del conservador Juan Manuel Hoyos. Incluso se dijo que en la casa de la mamá del exalcalde Aviles funcionaba un comando de compra de votos del candidato yahirista.

    De nada de esto, por ahora, hay investigaciones oficiales.

    Jorge Rojas, uno de los principales líderes del petrismo a nivel nacional, reconoce que “el apoyo electoral a Petro presidente no se traslada automáticamente al debate político local (...) El voto local tiene más control por parte del clientelismo y de las mafias políticas”.

    Nos contó, también, que están diseñando varias estrategias para derrotar a estos caciques que, tradicionalmente, gracias a estructuras políticas clientelares, han tenido el poder en las regiones.

    Las estrategias serán establecer criterios para escoger los mejores candidatos y un mecanismo para escoger una sola candidatura, elaborar programas de gobierno con la comunidad, denunciar hechos de corrupción electoral, que los congresistas de la Colombia Humana acompañen a los candidatos y acudir a la vigilancia internacional.

    Con estas estrategias, se la jugarán en ciudades como Barranquilla en donde el petrismo ya está barajando candidatos.

    De esta forma, el triunfo o la derrota de los caciques medirá la fuerza y el rumbo que cogerá la campaña con la que Petro volverá a buscar la Presidencia en 2022.

    Esta primera prueba evidencia que la tendrán cuesta arriba y ratifica que una cosa son las presidenciales y otra muy distinta las regionales.

    EleccionesGustavo PetroCaribe Silla Caribe yahir acuñagustavo petroregionalesbetuliaatípicascompra de votos20192022derrota Gustavo Francisco Petro Urrego

    Ex alcalde de Bogotá y excandidato presidencial

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    Carrasquilla aterriza el ‘lado oscuro’ del programa económico de Duque

    Carrasquilla aterriza el ‘lado oscuro’ del programa económico de Duque


    Los anuncios que hizo el viernes el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sobre la política económica del Gobierno Duque ya han sido criticados por personas de ambos lados del espectro político. Por ejemplo, sobre su propuesta de subir las...

    Los anuncios que hizo el viernes el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, sobre la política económica del Gobierno Duque ya han sido criticados por personas de ambos lados del espectro político.

    Por ejemplo, sobre su propuesta de subir las tarifas de energía eléctrica en el Caribe para hacer viables inversiones de la nueva empresa operadora que reemplace a Electricaribe generó fuertes reacciones de opositores y gobiernistas, como la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra:

     

    1. Ministro Carrasquilla (@MinHacienda): @ElectricaribeSA tiene las tarifas de energía más altas en el país en estratos de 2 al 5; y la segunda más costosa en estrato 1. Aumentarlas afectaría a los más pobres. https://t.co/EgExSFoHax

    — María del Rosario Guerra (@charoguerra) 10 de agosto de 2018

     

    No es la primera vez que el presidente Iván Duque recibe los coletazos de una declaración hecha por uno de sus ministros, como la polémica declaración del nuevo Ministro de Defensa sobre la necesidad de reglamentar la protesta social. Y probablemente no será la última vez que Carrasquilla cree fuego amigo.

    Eso, en primer lugar, por su perfil técnico y ortodoxo en materia económica. Ya en su paso anterior por el Ministerio de Hacienda, en la presidencia de Álvaro Uribe, mostró públicamente sus discrepancias con su jefe de entonces, quien públicamente lo desautorizó en temas que tenían que ver con presupuesto y reforma tributaria. 

    En segundo lugar, muchas de las decisiones que debe tomar un ministro de Hacienda son impopulares o polémicas, pues en últimas decide (con el Presidente) para dónde se va la plata del Estado, que siempre deja a alguien inconforme.

    Aunque el ministro aclaró que sus ideas del viernes no son proyectos definitivos y que deben ser socializadas en el Gobierno, como tiene buenas relaciones con Uribe, fue el director programático de la campaña de Duque, sus declaraciones tiene una fuerza todavía mayor que las de sus colegas en el Gabinete.

    Además de anunciar que respetará la regla fiscal, que está revisando el proyecto de ley de presupuesto que presentó el exministro Mauricio Cárdenas, que no descartaba la venta del 10 por ciento de Ecopetrol y que le apostaría a una reforma pensional que dé más cobertura, hizo estas tres propuestas que muestran lo menos popular del proyecto económico de Duque:

    Menos impuestos a las empresas, más a la clase media

    Carrasquilla dijo que el Gobierno quiere reducir las cargas tributarias de las empresas. Para eso, entre otras cosas y como dijo Duque en su campaña, cambiaría el cálculo de la renta presuntiva (la presunción de que el patrimonio produce por lo menos 3,5 por ciento de utilidades al año), y permitir que las empresas resten de lo que le pagan a la Nación lo que le pagan a los municipios por industria y comercio.

    En contraste, propuso aumentar la cantidad de personas que pagan renta, para bajar los ingresos mensuales a partir de los cuales se debe declarar y pagar renta, de 3,5 a 1,9 millones de pesos.

    “Las personas que ganan tres veces el ingreso promedio de los colombianos (PIB per cápita) pagan renta de cero. La que gana un ingreso mayor al promedio [alrededor de 1,5 y 6 millones de pesos] debería pagar algo”, dijo.

    Aunque esas propuestas las hizo Duque en campaña y van en línea con las de los expertos de la Comisión de Expertos que armó Mauricio Cárdenas, son impopulares.

    Cambiar la lógica de los subsidios

    El Ministro de Hacienda también habló de la necesidad de hacer cambios estructurales en el gasto público, y uno de los temas que evaluará en este sentido son los subsidios.

    “No estamos seguros de si los subsidios en servicios públicos domiciliarios están llegando a los más pobres del país. Tenemos que buscar que los subsidios cumplan un propósito, no darle subsidios al que más grita sino al que más necesita”, dijo Carrasquilla.

    Uno de los subsidios a los que hizo referencia fue el de servicios públicos a estratos 1 y 2, que de salir adelante la propuesta pagarían lo mismo que pagan los de estrato 4.

    Esa propuesta, en la que están de acuerdo expertos porque no necesariamente llegan a los que más necesitan y se centran en el entorno de las viviendas y no en los ingresos de los hogares, se suele acompañar de la idea de reemplazarlos por otro tipo de ayudas a los más pobres.

    Cobrarle más a los clientes de Electricaribe

    El ministro retomó una propuesta que, según dijo, hizo el Gobierno anterior. Esta consiste en partir Electricaribe en dos, dejando de un lado sus deudas y de otro el resto. La idea es que esa última parte quede saneada para hacerla más atractiva para un comprador y que así se logre que le inviertan plata constante.

    Hasta ahí, la propuesta no suena impopular, pero Carrasquilla dejó la idea de que sus clientes pagarían más.

    “En ese escenario sería una empresa rentable en diez años, con unas inversiones sustantivas y accedería en virtud de sus inversiones a una trayectoria de tarifas mejores a las que tiene hoy en día, tarifas más altas que permitirían tener mayores inversiones como compañía”, dijo el ministro.

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    Si no protegen a los líderes comunales el Acuerdo de Paz fracasa

    Si no protegen a los líderes comunales el Acuerdo de Paz fracasa


    Entre la segunda vuelta presidencial, el 17 de junio, y el 27 de julio, han asesinado 19 personas que ejercían algún tipo de liderazgo. Doce de ellos eran líderes de juntas de acción comunal, el tipo de líderes que son las principales víctimas del...

    Entre la segunda vuelta presidencial, el 17 de junio, y el 27 de julio, han asesinado 19 personas que ejercían algún tipo de liderazgo. Doce de ellos eran líderes de juntas de acción comunal, el tipo de líderes que son las principales víctimas del fenómeno que se ha llamado “asesinato de líderes sociales”.

    Por ahora no hay datos para saber si en todos los casos esos homicidios fueron por ser líderes comunales. Pero su asesinato es un golpe mortal a la implementación del Acuerdo de Paz.

    La llave para aterrizar en los territorios

    Los comunales son el eslabón de base de la organización en barrios y veredas, y por eso son fundamentales para que el Estado pueda desarrollar sus políticas - y para que los grupos legales o ilegales controlen esos territorios, incluyendo los de la implementación del Acuerdo de La Habana. 

    Sin importar su filiación política - sólo 6 de los 19 asesinados que revisamos tenían relación con un partido o movimiento político (un concejal verde, un líder comunal que militó en el Centro Democrático y luego en el Polo, dos personas vinculadas con la Colombia Humana -una antes hizo campaña por La U-, dos más con Marcha Patriótica y una con el Partido Conservador)-, los líderes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) ayudan a que en su barrio, vereda o corregimiento mejore la calidad de vida.

    Gestionan obras como la construcción de una vía, un puesto de salud o un polideportivo; hacen veeduría a la ejecución de la plata por los alcaldes y gobernadores; denuncian corrupción o delincuencia; y en ocasiones se oponen a proyectos económicos que consideran que afectan la comunidad.

    El Ministerio de Interior calcula, a partir de la cantidad de gente que participó en las elecciones a las JAC de 2016, que suman más de siete millones de afiliados en unas 64 mil juntas.

    De acuerdo con la Mapp OEA los únicos sitios donde no hay una JAC son San Ángel, Magdalena, donde las Autodefensas Unidas de Colombia las arrasaron, y en los territorios indígenas, por su autonomía organizativa.

    ¿Cómo funciona la organización comunal? Primer nivel:Juntas de Acción Comunal (JAC): La integran voluntariamente los residentes de un barrio, corregimiento, vereda, que unen esfuerzos y plata para gestionar todo tipo de necesidades dentro de ese territorio. Segundo nivel: Asociación de Juntas de Acción Comunal (JAC) agrupan las juntas de acción comunal dentro de un municipio. Tienen interlocución con el alcalde. Tercer nivel: Federaciones de Acción Comunal: agrupan las asociaciones de juntas de acción comunal. Tienen interlocución con los gobernadores. Cuarto nivel: Confederación Nacional de Acción Comunal: agrupan las federaciones de acción comunal. Tiene interacción con entidades del nivel nacional como presidencia, el Mininterior, el Consejo Nacional de Paz, entre otros.

    “Es la principal forma de organización ciudadana y la única en los lugares más apartados y de conflicto” señala un integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Confederación Nacional Comunal.

    Por eso, son un aliado necesario para que el Estado pueda implementar el Acuerdo de La Habana en los territorios, especialmente, la sustitución de cultivos (en el programa conocido como Pnis) y el desarrollo desde una mirada local (con los llamados Pdet).  

    Por ejemplo, como lo ha contado La Silla Sur, son los presidentes de junta los que le arman a la Oficina de Drogas que dirigía Eduardo Díaz durante el gobierno Santos, quienes eran familias cultivadoras en cada vereda y esa lista la Oficina la verificaba para evitar colados. Son esos presidentes los que además van reportando quién ha arrancado y quién no la hoja de coca y los que convocan las reuniones a las que el Gobierno va a explicar los avances del Programa de Sustitución. 

    Por eso, los acuerdos colectivos para la sustitución de cultivos ilícitos se han logrado gracias a la promoción que han hecho las JAC e incluso ha habido tensiones entre líderes comunales y otro tipo de organizaciónes, como ocurrió en la Macarena entre Asojuntas y Ascal-G.

     

    En todo ese proceso, los líderes de las JAC ofician de intermediarios entre el Estado y los campesinos de base, que no le creen o no entienden a los funcionarios pero sí a sus líderes. Son ellos los que, por ejemplo, ayudan a definir qué necesita una vereda con los demás miembros de la junta para que eso quede incluido en los diagnósticos que hace la Agencia de Renovación del Territorio, ANT, que es la que aterriza los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdets, y los que hacen rendición de cuentas para ver en qué va lo que pidieron. 

    Sin embargo, la demora en que el Estado llegue a estos territorios ha puesto a los líderes en una situación difícil, porque muchas veces los campesinos les reclaman por la lentitud que ha tenido la implementación del Acuerdo en asuntos que los afectan.

    “Hay comunidades donde se ha dañado todo el cacao, todas las piñas, la caña de azúcar por falta de carreteras, de transporte, de distritos de riego, de centros de acopio. Cuando hay cosecha no hay quien les compre”: señala un líder de la Confederación Nacional.

    Además, el riesgo de violencia ha crecido en las zonas en las que salieron las Farc y las reemplazaron diversos organizaciones criminales que se disputan el territorio.

    De hecho, en octubre del año pasado La Silla Sur contó que en Cartagena del Chairá, Caquetá, un presidente de JAC estaba amenazado por una disidencia de las Farc que quería obligarlo a seguir cultuvando coca.

    En el Bajo Cauca, como contó La Silla Paisa, los llamados Caparrapos extorsionan a las familias que sustituyen cultivos ilícitos, cobrándoles parte de las ayudas del Estado. Y la forma de hacerlo es amenazar a los presidentes de las JAC para que les entreguen la lista de las familias que están recibiendo esa ayuda, lo que muestra tanto la posición clave de esos líderes como su fragilidad.

    En eso juega, como contó La Silla Caribe, que al primero que suele buscar un jefe de banda cuando llega a una vereda es al presidente de Junta de Acción Comunal para que le coordine desde la estadía hasta las reuniones con la comunidad.

    Eso ayuda a entender el pico reciente de sus asesinatos. Pero su posición es tan fundamental para trabajar en un territorio, que la agresión no es una novedad.

    Una historia de liderazgo y muerte

    El asesinato selectivo de líderes comunales fue una constante durante el conflicto armado, como lo señala el Centro de Memoria Histórica y es por eso que hoy son reconocidos como una víctima colectiva del conflicto.

    Los datos de la Fiscalía, con cifras que ha recogido la Oficina del Alto Comisionado de las  Naciones Unidas, es que desde 2016 han asesinado 65 líderes comunales, una cifra más alta que la de cualquier otro tipo de líderes.

    Lo que parece estar haciendo más visible el fenómeno es que diferentes organizaciones están denunciando el asesinato de forma sistemática, según lo afirma un funcionario de la Fundación Ideas para la Paz que monitorea el tema.

    De acuerdo con un líder de la organización comunal durante el conflicto armado los líderes comunales eran señalados por las Farc y por los paramilitares de auxiliar al otro bando, y por el Estado de auxiliar a aquellos, por lo que fueron judicializados en muchos casos.

    Pero, como participan en asuntos muy diversos, potencialmente tienen muchos enemigos, desde el político corrupto local hasta la banda de microtráfico, pasando por mineros ilegales. 

    “Los victimarios son en mayor parte sicarios al servicio de las bandas de microtraficantes, de las empresas dedicadas a la minería ilegal” dice un líder comunal.

    “La Fiscalía tiene que investigar y decir el por qué. Fue por faldas, por guerrilleros, por andar con los elenos, por votar por Petro (entonces guerrilleros), por votar por Duque (entonces paracos). Esas calumnias son lo que nos está perjudicando”: señala una lidereza de la Organización Comunal. “¿Por faldas? puede ser. Pero principalmente por minería, tierra, agua, narcotráfico, microtráfico (esta es la amenaza más grande) ¿Quién puede contra esas bandas?”

    Y ese panorama complejo se enreda más por las relaciones que inevitablemente terminan teniendo con los actores armados.

    Tal es el caso que reportó La Silla Sur con el asesinato de Erley Monroy, un líder que acababa de dejar el cargo de fiscal en la Asociación Campesina Ambiental Losada Guayabero, Ascal-G, cuando fue asesinado. Esa organización compartió por años territorio con la columna móvil Felipe Rincón (antes Frente 40), que era parte del Bloque Oriental de las Farc y entre ambos se fue dando una relación que, como nos dijo una fuente que se conoce por dentro la organización "era de convivencia, pero también de coordinación.” Concretamente, las Farc eran la tercera instancia de las peleas que Ascal-G no lograba dirimir entre sus miembros. 

    Una fuente de una organización internacional que ha seguido en terreno la situación de los comunales nos decía que el instinto de supervivencia explica que acepten las reglas que imponen los actores armados y también que subsistan a través de los cultivos ilícitos, por ejemplo.

    Eso, que también hace difícil saber el móvil y el responsable de cada asesinato, se agrava porque muchos ocurren en lugares donde convergen varios conflictos.

    Esas dinámicas territoriales explican la complejidad de los perfiles de los líderes comunales asesinados, que en algunos casos son señalados de tener vínculos con organizaciones criminales o dedicarse a la siembra de coca, por ejemplo.

    Un ejemplo es el de Antonio Vargas, asesinado en febrero y quien era tesorero de una JAC en Uré, sur de Córdoba. Como contó La Silla Caribe, cuatro versiones dicen que cuando lo mataron “estaba en su casa, picando hoja de coca de su cultivo para venderla al Clan, cuando le dispararon. Y también estaba acogido al programa de sustitución, de acuerdo a la Defensoría”. 

    Otro es el de Luis David Rincón, 'Tori', presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Caño Indio, en Tibú, Norte de Santander. Como contó La Silla Santandereana en febrero, cuatro habitantes de la vereda habían denunciado ante la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía que se sentían intimidados por él.

    Los denunciantes no hacían parte de la asociación que creó la JAC con Ascamcat y la Coccam (afín a la Farc) para sustituir la coca, y tres fundaron Caño Indio Productivo, organización que le hace competencia a la junta para la sustitución. 

    Dos de ellos le contaron a La Silla que ‘Tori’ los ha acusado de trabajar con el ELN y el EPL debido a que se apartaron de las directrices de la junta, que a su vez está alineada con las directrices de Ascamcat. 

    En la diversidad de posibles asesinos, la causa política es la que ven como menos probable entre los comunales. Esto lo dicen los comunales, el Ministerio del Interior, la Mapp OEA, la Fiscalía.

    Un líder comunal dice que cuando se le atribuye a las muertes una causa política cobran más relevancia pero se desvía la atención de que todo tiene su origen en su liderazgo en el territorio. “La Organización Comunal es pluralista por naturaleza, en las pasadas elecciones hubo una cantidad que votó por Duque, otra por Petro, otra en blanco”.

    Una particularidad, que se puede explicar porque su muerte resuena poco por fuera de sus territorios y a veces no están ni en el radar de las organizaciones comunales de nivel superior, es que en un 80 por ciento de los casos los mataron sin haberlos amenazado.

    Así lo afirma la Mapp OEA a partir de la información recolectada de los líderes comunales y lo ratifica la Misión de Observación Electoral: “A los líderes políticos los amenazan, a sociales los amenazan y los asesinan, mientras que a los comunales los matan”.

    “En los espacios que dejó la Farc no vienen a decirle a usted no sea sapo como antes sino con plomo” dice una lidereza de la Organización Comunal.

    Esa forma de asesinarlos hace más difícil que el Estado los proteja, porque el acceso a la protección de la UNP usualmente se da a través de denuncias de amenazas. De hecho, una alta funcionaria del Ministerio del Interior señala que según la UNP desde el 2016 sólo han asesinado a seis personas que tenían esquema de seguridad. Los demás no tenían esquema.

    Esto confirma la necesidad del tratamiento diferencial que los comunales llevan pidiendo.

    El impacto colectivo es igual

    De manera obvia, los asesinatos de los líderes tienen un impacto fuerte entre la gente que reside a su alrededor en lo local. 

    Pero eso es aún más grave porque, según el Centro Nacional de Consultoría, los líderes tardan entre uno y cuatro años en ser reemplazados por el capital social acumulado que tienen. Por eso, el golpe de los asesinatos actuales puede dañar todo el aterrizaje.

    Eso porque el liderazgo se basa en la confianza que les tiene la comunidad y su capacidad de representar intereses ante el Estado, lo que se construye con el tiempo.

    Más allá del debate de si los asesinatos se deben a la tendencia política de los líderes, a los "líos de faldas" que señaló el ex ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, a otros motivos o a una variedad de hechos, el daño al aterrizaje del acuerdo de paz es real.

    En la siguiente base de datos puede mirar todos los casos de líderes que revisamos en las regiones:

    Movimientos Sociales Silla Nacional Silla Paisa Ituango ya se perdió la oportunidad de la paz Silla Santandereana El precio de vivir en el Catatumbo en medio de la guerra entre guerrillas Silla Pacífico La sentencia de muerte que ronda a los líderes de Buenos Aires Silla Paisa En el Bajo Cauca hay que ser ciego, sordo y mudo Silla Caribe Los líderes (y todo el mundo) están bajo fuego en Uré lideres socialescomunalesInteractiva: 
    Así arrancó la microgerencia naranja de Duque

    Así arrancó la microgerencia naranja de Duque


    Iván Duque llegó el sábado a Girardot a celebrar su primer taller “Construyendo País”, la nueva versión de los consejos comunitarios que hace más de 15 años hicieron célebre a su jefe político, Álvaro Uribe. Llegó como “el que dijo...

    Iván Duque llegó el sábado a Girardot a celebrar su primer taller “Construyendo País”, la nueva versión de los consejos comunitarios que hace más de 15 años hicieron célebre a su jefe político, Álvaro Uribe.

    Llegó como “el que dijo Uribe”, a liderar un formato muy uribista y, a juzgar por la forma en la que daba órdenes a cada uno de sus ministros e iba anotando en una libreta, imitando la microgerencia del expresidente.

    Pero Uribe no fue y nunca fue mencionado. Duque, además, nunca subió el tono ni se mostró pendenciero como en tantas ocasiones lo hizo su mentor. Y sobre todo, en la organización se notó la intención de darles a esos espacios una huella personal en la que predomina su discurso sobre la economía naranja.

    El Presidente arrancó por Girardot porque allá empezó su campaña a la Presidencia el 13 de febrero de 2016, con un encuentro con habitantes de ese municipio y militantes del Centro Democrático al que llamó “Taller Construyendo País”.

    Con la promesa de que si ganaba haría su primer taller como Presidente en Girardot, volvió y dio una muestra de cómo usará el espacio que más le servirá para interactuar con la gente. Al fin y al cabo, con los consejos comunitarios fue que Uribe concretó su apuesta por el diálogo popular y logró que el país conociera su carácter.

    Entre el estilo uribista y el duquista

    Pasado el primer anillo de seguridad con una requisa policial de trámite, cada asistente recibía un volante que explicaba qué es la economía naranja, una bandera de Duque desde que era senador y consiste en impulsar proyectos relacionados con industrias culturales y creativas.

    Pasos más adelante se encontraba, precisamente, el “Festival de la economía naranja”, una feria con una veintena de stands que, le contaron a La Silla en la Gobernación, tuvieron que montar y contratar en tres días con indicaciones de la Presidencia.

    Será el sello más visible de Duque en su versión de los consejos comunitarios, que plantea hacer cada semana.

    La que se echa al hombro la logística de los talleres es la Consejera para las Regiones, Karen Abudinen, que llegó a Girardot desde el jueves no sólo para coordinar los primeros encuentros con la gente que más tarde le habló a Duque, sino para definir los detalles del Festival, un montaje hecho, esencialmente, para que el nuevo Presidente lo visitara.

    Allá llevaron a una niña que pinta con los pies, sombreros decorados con pintura al óleo, proyectos audiovisuales, de turismo, gastronómicos y desarrollo de aplicaciones; todo lo que en presidencia le dijeron a la Gobernación que cabía en la economía naranja (y todo lo que pudieron conseguirse en tres días).

    Para cuando Duque se bajó de su camioneta a las 10:05 de la mañana, a pocos metros de los stands, el pueblo que fue a verlo lo esperaba adentro del Coliseo de ferias de Girardot, así que primero lo recibieron, sobre todo, funcionarios con camiseta de la Gobernación, que junto con los expositores comenzaron desordenamente a pedirle selfis y estrechones de manos.

    Duque se presta. Es un momento para él y así está planeado.

    Comenzó así su recorrido como único visitante del Festival, y en medio de ese espacio dominado por la narrativa naranja, su impronta 2.0, dejó ver que con la gente le interesa mantener como gobernante el trato carismático que caracterizó a Uribe, y que a Juan Manuel Santos se le dificultó tanto.

    Duque entró a casi todos los 20 stands. Gente del común que iba llegando vio que era posible abrazarlo, él accedió y se tomó todas las fotos que le pidieron. No lució incómodo cuando lo empujaron. Era posible tocarlo porque los escoltas no juegan el papel de muralla. Se puso un sombrero que le regalaron, unas gafas de tercera dimensión. Dijo que sí, que recordaba que a aquél señor del que le hablaba una señora lo había conocido hace años en Louisiana, Estados Unidos. Ella feliz porque él se acordaba.

    Y cuando llegó al stand donde exhibían guitarras eléctricas hechas en Pacho (Cundinamarca), se colgó una y, claro, tocó:

    duque_guitarra.jpg

    -Nos toca empujarlo para el Coliseo -le dijo una asistente a Karen Abudinen, inquieta porque adentro ya llevaban un par de horas esperando a Duque.

    -Sí, pero que se demore 45 minutos aquí también puede ser estratégico -le respondió la Consejera en medio del tumulto.

    Sillas llenas (de funcionarios y uribistas)

    En el coliseo, donde se desarrolló propiamente el taller, a Duque lo esperaban unas mil personas.

    En primera fila, todo su gabinete (como era habitual en los encuentros de Uribe) y la senadora Paloma Valencia. Él se sentó en la tarima al lado de la Ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que es de Girardot; el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, y el alcalde del pueblo, César Villalba (de Cambio Radical, que a comienzos del año salió de la cárcel porque se vencieron los términos de un proceso que enfrentaba por presunta corrupción electoral).

    Las gradas se llenaron, en buena medida, gracias a funcionarios de la Gobernación y de la Alcaldía de Girardot que vestían camisetas con logos oficiales.

    Se les sumó la militancia del Centro Democrático. “¡Claro, somos del partido!”, nos dijo de afán un hombre que seguía a Duque en un tumulto que le armaron para saludarlo en la entrada al Coliseo. “Aquí mismo lo trajimos a él hace como cuatro meses, cuando estaba en campaña”.

    Entre ellos predominaban las camisetas y gorras con el lema “Duque Presidente” y el logo del Centro Democrático; también alzaron los afiches de Duque y Marta Lucía Ramírez juntos en campaña, y pancartas con mensajes de bienvenida a nombre del CD.

    duque_girardot_6.jpg

    La Silla, sin embargo, también habló con varios asistentes, gente del común que nos dijo que fue a ver a Duque por su cuenta, después de la difusión que la Alcaldía hizo del taller en redes sociales.

    El dejo de Uribe se vuelve naranja

    La mecánica del encuentro consiste en que Karen Abudinen, lista en mano, da la palabra a alcaldes y representantes de diferentes sectores sociales y económicos para que expongan sus necesidades. Y Duque, que anota en una libreta, oficia como moderador (tal y como lo hacía Uribe) y les pide a sus ministros que se comprometan con algo para comenzar a solucionar esos problemas.

    Es la esencia del consejo comunitario a lo Uribe, aunque hay matices.

    El estilo del expresidente se notó, por ejemplo, en la forma como Duque dio algunas órdenes.

    “Doctor Juan Pablo Uribe (Ministro de Salud)”, dijo, “no se vaya de Girardot sin darse una pasada por el hospital, que escucho muchas inquietudes sobre la atención allá”.

    A la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco, le pidió: “Esa glorieta de la que nos están hablando es un símbolo al desgreño. Quizás una reunión con el contratista sirva para acelerar la obra. Pero recordemos una cosa: la diferencia entre un sueño y un proyecto es una fecha. Tratemos, Ministra, de que el contratista nos dé una fecha de entrega”.

    “Ministra de Minas (María Fernanda Suárez)”, dijo Duque entrada la tarde. “Ahora que escucho al Alcalde del Guavio, recuerdo que hace dos años me quedé aterrado cuando allá una señora que se llama doña Elmira me mostró que tenía una tarifa de energía prácticamente de estrato 6 de Bogotá, sabiendo que allá tienen una central. Eso no es de un día, pero pensemos en cómo se puede solucionar poco a poco esa situación”.

    El taller, sin embargo, también tuvo un componente duquista atravesado, una vez más, por el discurso naranja.

    La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, que es de Girardot, propuso crear en el Alto Magdalena, donde queda ese municipio, “un clúster de industrias creativas alrededor del cine y construir un estudio cinematográfico en la región”.

    La complementó el director de cine Felipe Aljure (que grabó El colombian dream en Girardot), al que Duque directamente le dio la palabra y que pidió mantener los incentivos para hacer cine en Colombia.

    Y el gobernador Jorge Rey, con la idea de pedir más ayuda para el campo, le propuso a Duque hacer en Cundinamarca un piloto de proyecto que combine el potencial agroindustrial con la economía naranja. “Sería el matrimonio perfecto, Presidente”, concluyó Rey.

    Duque anotaba en su libreta.

    Por otra parte, ante las inquietudes de la comunidad LGBT, Duque se comprometió a que en los primeros cien días presentará las propuestas que tienen para esa población.

    Que no haya evadido el tema es por lo menos un mensaje, sobre todo un día después de que la senadora uribista María del Rosario Guerra armara todo un debate al cuestionar el nombramiento como Viceministro de Vivienda de Víctor Saavedra por ser, según ella, el “responsable de las cartillas de ideología de género lideradas por Gina Parody”.

    Y por último, Duque no se mostró como el que puede solucionarlo todo.

    Por ejemplo, cuando el Gobernador le pidió ayuda con más plata para los hospitales, Duque en su respuesta también le pidió que los despolitizara. Y cuando la gente comenzó a quejarse de la inseguridad en Girardot, le pidió al Alcalde que asumiera compromisos para mejorarla.

    Clases de escenografía

    Para hablar con Duque hubo dos vías.

    La primera fue la que tuvieron los representantes de gremios y poblaciones como los afro, LGBT, ancianos, jóvenes, activistas del sector salud, profesores, entre otros.

    Como la Alcaldía tiene contacto con los líderes de esos sectores, los convocó el jueves y, bajo la batuta de Karen Abudinen, armaron grupos de discusión de los que salieron las inquietudes para presentarle al Presidente.

    El viernes los citaron a una jornada “de escenografía”, nos contaron por aparte la líder afro Cristina Reyes y el representante de los LGBT Paul Renne Cavanzo. “Fueron consejos para saber manejar la expresión corporal en los tres minutos que nos daban”, precisó él. “Aprendimos a manejar la voz para que no se nos fuera el aire”, agregó ella.

    Ambos dijeron que nadie les había dicho qué decir.

    La otra vía para hablar con Duque la debían tomar los que no asistieron a esas reuniones previas y llegaron directo al Coliseo.

    Dos hombres en computador anotaban sus nombres, el tema y los dejaban en lista de espera. Pronto, frente a ambos funcionarios comenzó a alargarse la fila.

    duque_girardot_7.jpg

    Ese fue un público que la organización no controló tanto, aunque Duque sí lo intentó.

    Después de cinco horas, cuando el coliseo comenzaba a vaciarse, la tarde caía y Abudinen seguía dando la palabra según el orden de su lista, un grupo de personas comenzó a gritar: “¡Dejen hablar al pueblo!”.

    Duque entonces se puso de pie, le dijo a su consejera que él mismo daría la palabra y comenzó a escuchar quejas sobre desalojos, sobre la presunta corrupción del Alcalde, sobre irregularidades en entregas de lotes y de casas, sobre la falta de pago a los ediles.

    Duque les pidió a sus ministros que tomaran nota, aunque ya de afán sólo pasaba de uno a otro participante, con la idea de dejarlos hablar.

    Al final no todos lograron hacerlo, a pesar del propósito de Duque de no irse hasta haber hablado con todo el mundo. Aunque como les anotaron el correo electrónico, se fueron con la promesa de que por ahí mismo la nueva Presidencia va a responderles.

    Pasadas las 6 de la tarde, Duque se bajó de la tarima, volvió a ser abordado para que se tomara más selfis y volvió a estar metido en un tumulto de seguidores, aunque esta vez su escolta lo jaló hacia la parte trasera del coliseo, ya prácticamente vacío, y lo sacó para subirlo a la camioneta.

    El próximo sábado irá a hacer lo mismo a La Unión (Valle), porque sus talleres, como los de Uribe, serán cada semana.

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    El proceso con el ELN quedó secuestrado

    El proceso con el ELN quedó secuestrado


    Tras la seguidilla de acciones violentas del ELN, especialmente el secuestro de tres militares en Arauca y la denuncia del reclutamiento de 24 menores que hizo el Defensor del Pueblo, el presidente Iván Duque le hizo una primera advertencia a ese...

    Tras la seguidilla de acciones violentas del ELN, especialmente el secuestro de tres militares en Arauca y la denuncia del reclutamiento de 24 menores que hizo el Defensor del Pueblo, el presidente Iván Duque le hizo una primera advertencia a ese guerrilla y le subió la tensión a la mesa de negociación de La Habana, que ýa tiene varios otros motivos para estar en ascuas. Lo que ocurra con esos hechos probablemente decida su futuro.

    En medio del plazo de 30 días que definió para decidir el futuro de esos diálogos, y tras haber hecho campaña pidiendo más exigencias del gobierno a los elenos para seguir hablando, aseguró que solo con la liberación “rápida y sin condiciones” de los secuestrados mediría la “verdadera voluntad de desmovilización, desarme y reinserción” de esa guerrilla. 

    Por eso queda en una posición de ventaja pues dejó al ELN con la papa caliente de soltar a los soldados o convertirse en el responsable del fin de la negociación, cuando todo indica que ese grupo no quiere cargar con el lastre de ser el que se levantó de la mesa. 

    Más porque, a pesar de que las conversaciones no cerraron tan bien en la primera semana de agosto como se dijo, los mensajes del ELN y el saliente Gobierno de Juan Manuel Santos hace unos días es que estaban a punto de negociar un cese bilateral que le daría oxígeno a la negociación.

     

    Faltan más que centavos para el peso 

    Una semana antes de que acabara el Gobierno Santos se cerró el sexto ciclo de conversaciones con el anuncio de que que faltó muy poco para que se lograra un cese al fuego y se concretara la participación de la sociedad en la negociación. 

     

    “Si bien no llegamos en este ciclo a acuerdos completos sobre participación y cese al fuego, el camino recorrido hacia ellos es muy significativo”, rezaba el comunicado. 

    SIn embargo, dos fuentes que tienen acceso a información privilegiada de las negociaciones le dijeron a La Silla que lo que quedó pendiente era crucial y no tiene una solución fácil o cercana.

    A pesar de que el ELN alcanzó a considerar renunciar al secuestro y las extorsiones durante el cese, algo a lo que se han negado porque dicen que son su fuente de ingresos, con el compromiso de que la comunidad internacional los auspiciaría económicamente, varias trabas diluyeron esa idea.

    La principal es es cómo armar los protocolos del mecanismo de verificación y veeduría del cese. 

    Según lo que nos relataron esas mismas fuentes por aparte, el ELN quería que se mantuvieran las condiciones del pasado cese bilateral de octubre a enero.

    Eso no convenció al Gobierno porque hubo varias denuncias sobre violaciones que no se pudieron verificar por lo que era necesario afinar ambiguedades. “No había una definición clara de qué era una hostilidad, de qué era una violación al cese y así la ONU no se iba a comprometer a la verificación”, nos dijo una de esas fuentes. 

    Según esa misma fuente, la renuencia del ELN a aceptar nuevas condiciones, como entregar información más detallada sobre las zonas en las que ejercen presencia y control, en parte estaba motivada en que hay regiones como el Catatumbo o Chocó en las que están en disputa territorial con otros grupos ilegales, y un cese más riguroso les quitaba margen de maniobra a la hora de defenderse o atacar a esos otros grupos.

    Eso es difícil de resolver porque es inevitable que los grupos armados ilegales a los que se enfrenta el ELN en distintas regiones, se fortalezcan en un eventual cese al fuego. 

    Precisamente eso ya pasó en el anterior cese al fuego en el Catatumbo por ejemplo. Allí el EPL aprovechó ese tiempo para buscar expandir su control territorial y por eso es que hoy están enfrentadas.

    La segunda traba es que el ELN le exigió al Gobierno comprometerse a que no habría más asesinatos de líderes sociales, lo que naufragó porque el Gobierno sintió que era un compromiso imposible de hacer. 

    Eso porque, como contó La Silla, en algunos casos los asesinatos se deben a dinámicas de poder locales sobre las que no tiene control.

    Como eso no va a cambiar en el corto plazo, pues por ejemplo es imposible que el Gobierno se comprometa a que los choques entre disidencias no produzcan la muerte de líderes locales, es un obstáculo difícil de superar.

    El tercer problema es la definición de la participación de la sociedad en la negociación, un punto que si bien es menos mediático, viene del ADN del concepto que el ELN tiene de si mismo. 

    Según Víctor de Currea Lugo, profesor que le hace seguimiento a las negociaciones del ELN, en ese punto no se avanzó y la guerrilla quería que se priorizara antes de acordar un cese. 

    “El punto del cese al fuego estaba muy avanzado pero la participación no. El Gobierno insiste en que el problema es el cese y no la participación (pero) eso no es un requisito más, es lo esencial (...) Sin esa metodología (de participación) no hay nada qué hacer”, dijo de Currea.   

     

    La violencia suma más suspenso

    A los tres obstáculos y la suspensión de las negociaciones se sumaron los recientes hechos de violencia, que dejaron la sensación de que el ELN no está jugado por la negociación o busca ganar fuerza en ella frente a un nuevo Presidente que llega con una postura más dura.

    Así lo leyó Duque: “no voy a aceptar (...) que el secuestro se convierta en un mecanismo para chantajear al Estado colombiano”, dijo el viernes tras el secuestro de tres militares en Arauca. 

    Pero hay otras dos lecturas posibles sobre la relación entre los secuestros y la mesa.

    Por un lado Kyle Johnson, investigador del International Crisis Group y miembro de La Red de la Paz, dice que es probable que por lo menos algunos no tengan relación con la negociación pues pueden responder a disputas locales en las que está el ELN. 

    Por ejemplo, a eso responderían el secuestro de cuatro policías y dos civiles en Chocó, que según Pablo Beltrán no fue planeado, y la masacre de El Tarra si se llega a comprobar que fueron ellos (han dicho que no tuvieron que ver pero las versiones en la región desde el primer día los señalan como presuntos responsables).

    Sin embargo, ese argumento no explicaría todos los hechos. Por ejemplo, los secuestros de Arauca no están enmarcados en ninguna disputa territorial; se dieron en una zona que domina el frente Domingo Laín, el más poderoso militarmente del ELN.

    Por eso hay una segunda lectura, que nos dieron tres fuentes que conocen y estudian el accionar de esa guerrill: que esos hechos, sobre todo los de Arauca, son el mensaje del ala más radical del ELN, que representa el Domingo Laín, al nuevo Gobierno.

    “Es su forma de avisarle al Gobierno que tienen dos estrategias. Una de negociación y otra de resistencia armada (...) están listos para la guerra”, nos dijo una de esas fuentes que conoce cómo se mueve el ELN particularmente en Arauca. 

    Eso concuerda con el mensaje que envió Gustavo Giraldo, alias ‘Pablito’, miembro del Comando Central y comandante del Frente de Guerra Oriental, que contiene al Domingo Laín, y que reveló Nocitias Uno un día antes de la posesión de Duque. 

    Lo de ‘Pablito’ es especialmente llamativo porque a la par el ELN ha tratado de enviar mensajes de buena voluntad, como el comunicado del viernes en el que reconocieron que tienen un grupo de militares y contratistas secuestrados y aseguraron estar adelantando comunicaciones con el Gobierno para acordar su liberación. 

    Ese mismo día también publicaron una prueba de supervivencia de José Leonardo Ataya, el gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Arauca a quien tienen secuestrado desde marzo. 

     

    De esperanza y zozobra

    Esos mensajes de buenas intenciones muestran, como nos dijeron dos de las fuentes que conocen el proceso por dentro, que para el ELN podría ser muy costoso pararse de la mesa de negociación unilateralmente con una estela de hechos violentos detrás porque eso le restaría credibilidad a los ojos de la Iglesia Católica y la comunidad internacional, dos de sus aliados clave a la hora de negociar la paz. 

    Ahora, qué tanto les funcione los mensajes de buena voluntad para seguir en negociaciones con Duque, dependerá en buena medida de cuál sea el desenlace de esos secuestros y si se recrudece o no la violencia en estos 30 días. 

    Según las seis fuentes que consultamos, a favor de las negociaciones está que Duque no decidió echarlas por la borda como dijo en campaña, sino evaluar lo que hay, y que al frente de esa evaluación esté Miguel Ceballos, a quien el ELN conoce y ve con buenos ojos. 

    En contra, juega que cada vez es más alto el riesgo de que la mesa se siga deslegitimando por la violencia del ELN y porque Duque prometió denunciar internacionalmente al gobierno de Nicolás Maduro, lo que aumenta la posibilidad de que Venezuela no siga siendo garante del proceso.  

    Como Ecuador ya se retiró y Venezuela ha sido el país de resguardo histórico de varias de las cabezas del ELN, y por eso su presencia les da seguridad, esa eventualidad podría darle otro golpe a la negociación.

    Además, Duque ya presentó un acto legislativo para que el narcotráfico y el secuestro no sean conexos a los delitos políticos que manda un mensaje de endurecimiento con el ELN y que, de aprobarse, implicaría que en un eventual modelo de justicia transicional para el ELN esos delitos quedarían por fuera. 

    Aunque por ahora es un proyecto de reforma constitucional que se demora en ser aprobado, y en todo caso esa decisión se puede reversar, la mostrada de dientes del nuevo Gobierno puede desincentivar al ELN.

    Por ahora, esa guerrilla no ha reaccionado negativamente por ese proyecto.

    Habrá que ver si su tono conciliador se mantiene al menos hasta que Duque anuncie el resultado de su evaluación y si el Presidente termina apartándose del todo de su mensaje de campaña de levantar la mesa. 

    Hacerlo puede costarle con su electorado uribista y en general con quienes votaron No en el plebiscito, y por eso es improbable que lo haga. Si, encima, los soldados siguen secuestrados, ese costo sería mucho más alto; si el ELN los liberal, tendría un camino para hacerlo recordando esa muestra de buena voluntad.

    Por eso, lo que resulte del secuestro de Arauca y la denuncia de reclutamiento será crucial. 

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    'Trabajar con el enemigo requiere sentir que hay algo más grande que el propio odio'

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    Justo cuando el nuevo gobierno comienza a plantear cómo “corregir“ el Acuerdo con las Farc y justo cuando comienza un esfuerzo por diluir su importancia histórica, está a punto de salir el documental “La Negociación". Su directora, Margarita...

    Justo cuando el nuevo gobierno comienza a plantear cómo “corregir“ el Acuerdo con las Farc y justo cuando comienza un esfuerzo por diluir su importancia histórica, está a punto de salir el documental “La Negociación".

    Su directora, Margarita Martínez, autora del famoso documental “La Sierra” y superamiga de La Silla, habló con nosotros sobre su película que se podrá ver en los cines en unas semanas.

    Por lo pronto está haciendo una ‘vaca’ entre sus fans para terminar la posproducción y salir al aire.  En esta entrevista nos cuenta sobre lo que fue meterse en la intimidad de la mesa de negociación y su esfuerzo por mostrar de manera casi simétrica y paralela los dos lados de este esfuerzo histórico.

    La Silla Vacía: Una conclusión de su documental es que es más fácil hacer la guerra que la paz. ¿por qué?

    Margarita Martínez: Uno se imagina que todo el mundo quiere la paz.

    Pero lo que para mí fue una revelación y - que luego aprendí es un secreto a voces que tienen los expertos en negociación - es que la guerra tiene una inercia y hay tantos dolores, odios, intereses, que pararla, cambiar la dinámica, es mucho, muchísimo más difícil que hacer la guerra.

    Cuando tuve consciencia de eso, lo fui preguntando y hay un par de entrevistas en el documental donde están reflexiones al respecto.

    LSV: ¿Cuando y con qué idea arrancó usted a hacer el documental y cómo fue cambiando con el tiempo?

    Margarita Martínez: Arranqué a principios del 2014. El fracaso era lo que se esperaba. Como usted, yo había cubierto el Caguán y tenía escepticismo y un hilo, un hilito de esperanza que esta vez sí se lograra.  Así que arranqué con cautela, sin imaginar nunca, ni en los más remotos sueños que la negociación iba a durar cuatro años, que se iba a lograr contra todos los obstáculos de una oposición feroz y sostenida y que en el último minuto, la gente lo fuera a rechazar, que le iba a decir No a la desmovilización de las FARC, y luego todos esos vericuetos hasta la posesión de Iván Duque como presidente de Colombia. 

    Así que fui cambiando, con los sucesos, desde el escepticismo cauteloso del principio, a una esperanza cauta y luego en la montaña rusa que ha sido y sigue siendo la búsqueda y construcción de la paz en Colombia.

    LSV: ¿Como hizo para hacer un documental tan íntimo, con las restricciones que imponía una negociación tan confidencial?

    Margarita Martínez: Contra toda clase de obstáculos, en una versión miniatura de lo que eran las negociaciones: herméticas, secretas, tensas, con oposición interna y externa, al borde de fracasar todo el tiempo. Nadie quería hablar en cámara porque las cosas eran cambiantes, tan fluidas que lo que parecía hoy una verdad, mañana podía verse como una equivocación.

    Así que me armé de paciencia, perseverancia, esperando ventanas de oportunidad y corriendo cuando se abrían, haciendo lo más que podía en esos cortos instantes y volver a esperar, esperar y esperar, hasta que apareciera otro momento. 

    Como persona que ha cubierto/filmado la guerra toda su vida profesional, tenía la consciencia del momento histórico, de su trascendencia y el deseo enorme de dejar este testimonio que espero que sirva para la reflexión, la comprensión y una mirada de nuestra historia y la construcción del camino de paz que empezamos ahora con nuevo gobierno .

    LSV: ¿Por qué vale la pena ver el documental después de que ya se fue Santos y justo cuando llega un gobierno que le quiere hacer modificaciones?

    Margarita Martínez: Precisamente por eso. Ya terminó Santos su mandato, las elecciones pasaron y con ello bajan las pasiones.

    'La Negociación' le permitirá repensar lo que pensaba que sabía, le dará contexto, una ventana dentro de nuestro pasado inmediato y con ello herramientas para tener un criterio mejor informado sobre que se debería salvar, ignorar, quitar de lo que se acordó, para labrar el futuro.

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    LSV: Usted que vivió todas las etapas, ¿cuál fue la más estresante de la negociación?

    Margarita Martínez: El punto de justicia. Por meses y meses no había avance, parecía muerta la mesa, las propuestas no lograban consenso de las partes y todo esto mientras el país sentía desesperación, desconfianza y escepticismo por la falta de resultados. Muy difícil, y era en gran parte el resultado del desgaste de trabajo y personal que había, y de algo que permeó este proceso de principio a fin: la falta de construcción de confianza entre las partes.

    LSV: ¿Sentía usted que las partes se odiaban?

    Margarita Martínez: Umm. Es una palabra muy fuerte, y tal vez cierta en algunos casos. Pero puedo decir, sin dudar, que por lo menos nunca se cayeron bien, ni se rompió el hielo. 

    Claramente era totalmente diferente al Caguán y a las dos negociaciones anteriores a esas - de las que hay archivos fílmicos en el documental -.  Esas mesas, el lenguaje corporal, mi propia reportería en el Caguán, en que como usted, soy testigo, era claro que había una mayor cercanía, menos desprecio, desconfianza.

    Pero no en La Habana, de principio a fin hubo hielo, tal vez menos, después del plebiscito. Esa derrota común sí los unió.

    Esto además, es diferente a buena parte de los procesos de paz en el mundo, donde dicen los expertos, la construcción de la paz pasa por generar confianza entre las partes. Acá no. Acá se hizo buscando encontrar caminos comunes basados en la agencia, en los temas, sin generar gran empatía con la contraparte.

    LSV: ¿Qué fue lo que más trabajo le costó a ambos lados de la negociación entender del otro?

    Margarita Martínez: Venir de mundos tan diferentes, con experiencias vitales tan distintas.  Creo que una de las razones o tal vez la principal por las que hubo acuerdo fue que hubo una preparación concienzuda sobre los temas y preocupaciones de las FARC; que Sergio Jaramillo y su equipo en su manera exhaustiva no dejaron de explorar nada; que había dos generales con 40 años de experiencia en el terreno; que De la Calle llevaba encima una vida de servicio público.

    Habiendo dicho esto, creo que en el fondo una parte del equipo de gobierno nunca entendió a las FARC y en eso se parecen a buena parte de los colombianos.  Y las FARC sólo lentamente, empezaron a entender a lo que se llama la opinión pública, que es básicamente la gente de las principales ciudades.

    Tal vez el abismo entre ellos es el abismo entre las varias Colombias que tenemos.

    Me contó uno de los gurús en negociación que estuvo en el proceso que cuando le pidieron al equipo del gobierno, buscando generar empatía, ponerse en los zapatos del otro, que escribieran como debería ser la carta que Timochenko debería escribir para su tropa, qué lenguaje utilizar, qué cosas resaltar, cómo ayudarles a dar el paso para aceptar la desmovilización luego de 50 años, casi ninguno pudo. 

    El mismo ejercicio se hizo con las FARC, con el mismo resultado.

    LSV: ¿Cómo vivió usted, después de todos esos años de filmarlos, la derrota del Sí en el plebiscito?

    Margarita Martínez: No me lo podía creer, pero al mismo tiempo tampoco me sorprendió.

    En la última semana había signos por todos lados. Estuve en Cartagena para la firma y la parte de mi familia que vive allá iba a votar por el No, porque habían visto a Romaña dando declaraciones, porque no les gustaba Santos, porque nos íbamos a volver como Venezuela… En los taxis pasaba lo mismo.

    Cuando salió el tercer boletín de la Registraduría  - todavía me acuerdo - que el No empezó a ganar, ahí mismo salí a la calle a filmar. Tengo ese entrenamiento de periodista de cubrir cuál es la realidad, cuál es el pulso de lo que pasa y salí a registrarlo. Me amarré el corazón y me escondí en la cámara.

    LSV: ¿Quiénes fueron las personas más claves de la negociación de lado y lado?

    Margarita Martínez: Es una pregunta interesante porque obviamente las cabezas, los líderes siempre marcan. Es decir Santos y Timochenko, Márquez y De la Calle, Sergio Jaramillo, arquitecto de la negociación.

    Pero curiosamente, se crearon equipos pequeños para sacar adelante temas puntuales y varios de ellos funcionaron increíblemente bien, tal vez por eso que llaman la inteligencia emocional.

    Entre esos estaban el general Naranjo, Pablo Catatumbo, el general Flórez y Carlos Antonio Lozada.

    El papel del general Mora es algo aparte, de otro nivel, y es la historia más interesante porque nadie cómo él había representado la lucha antiguerrillera, anticomunista, el oficial más respetado, el líder indiscutible de las fuerzas militares. Su papel heróico y trágico es una gran historia que pasarán años para que salga en todas sus dimensiones. Yo apenas vi un viso de ese conflicto profundo y reflexivo que él llevaba adentro.

    LSV: Después de conocer la negociación por dentro, ¿cree que las Farc vayan a aceptar los ajustes que quiere hacer Duque, y en particular el de que no vayan al Congreso los que cometieron delitos atroces mientras pagan sus penas?

    Margarita Martínez: No sé. Eso habría que preguntárselo a las Farc, pero evidentemente la estrategia de la oposición de atrasar la entrada de la JEP y que ellos llegaran al Congreso sin haber pasado por la justicia, no era la idea y con razón a la gente le indigna. Por el otro lado, sacarlos ya del Congreso tendría un costo tan alto, que es una decisión muy difícil y puede desestabilizar aún más el proceso que parece al borde del abismo.

    LSV: ¿Le parece que está al borde del abismo?

    Margarita Martínez: Umm. Lo que hay es gran incertidumbre. A veces parece que sí y a veces que sólo va haber algunas correcciones. Lo que hay es gran incertidumbre. A veces parece que va haber una implementación seria y responsable por parte del Estado, pero a veces parecería que el odio va a dominar el escenario político. 

    El nuevo gobierno tiene una responsabilidad inmensa frente a la definición si superamos la guerra o no. No es un tema de declaraciones, sino de acciones que profundicen la construcción de paz o que la debiliten. Iván Duque y su gobierno tienen la palabra.

    LSV: ¿Cómo le ha ido con su estrategia de crowdfunding para terminar la película?

    Margarita Martínez: Inesperadamente, nos ha ido increíblemente bien. Pusimos una primera meta de 50 millones y en una semana llegamos a la mitad. Espero que logremos no solo ella sino la sobre meta para pagar toda la post producción. Y que este ejercicio le sirva a La Negociación y que abra la puerta para que proyectos culturales tenga financiación colectiva, de la comunidad que los va a disfrutar, a la que le va a servir.  Haciendo clic en este link nos pueden ayudar.

    LSV: De todas las escenas, ¿Cuál es la que usted valora más?

    Margarita Martínez: Si le cuento le daño la película a la gente. Pero sin nombres, me gusta una en las que se ven enemigos de años trabajando juntos, enemigos del campo de batalla que tienen desarrollar una relación laboral para sacar adelante un propósito más allá de sí mismos, como es que las muertes de soldados hayan bajado en un 97 por ciento y que hoy, en medio de esta incertidumbre sobre la guerra y la paz…. Todavía estemos en el punto más bajo en 42 años.

    Trabajar con el enemigo, es algo extremadamente complejo, requiere de una madurez y sentir que hay algo más grande que el propio odio. Esa grandeza tan difícil  me conmueve, me da esperanza.

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    Devolver las funciones electorales a las Cortes

    Devolver las funciones electorales a las Cortes


    La próxima semana será elegido un nuevo Contralor General después de surtir a las volandas un nuevo proceso de selección adoptado para seguir una recomendación en la que todos parecen estar de acuerdo: quitarle las funciones electorales que la...

    La próxima semana será elegido un nuevo Contralor General después de surtir a las volandas un nuevo proceso de selección adoptado para seguir una recomendación en la que todos parecen estar de acuerdo: quitarle las funciones electorales que la Constitución les dio a las Cortes en 1991. Hecha la prueba pareciera que era mejor como estábamos.

    La Asamblea Constituyente se enfrentó a la misma pregunta: ¿cómo elegir al Contralor?, antes se elegía en forma libre por el Congreso y los contralores terminaban presos. Se optó entonces por pedirle a la Cortes que postularan cada uno un candidato y que el Congreso eligiera. El primero de los elegidos así, David Turbay, tuvo que dejar su cargo porque fue detenido y condenado porque estuvo involucrado en el Proceso 8000, que investigó la injerencia del Cartel de Cali en la política.

    El uribismo, en su afán por deslegitimar la justicia, ha dicho durante 16 años que la justicia está politizada y todos lo hemos repetido en coro. Le atribuyen el hecho a las facultades que se le dieron a las Cortes para postular candidatos no solo a la Contraloría, sino a la Procuraduría y para participar entre otro en la elección del Registrador y el Fiscal.

    Con ese argumento, que casi todo el mundo ha comprado sin beneficio de inventario, pasan a la siguiente afirmación: que la justicia los persigue por razones políticas, pero ese es otro tema, el punto ahora es que la elección del Contralor sin intervención del poder judicial puede resultar un desastre.

    En la reforma de equilibrio de poderes se pensaron varias fórmulas. El entonces senador Iván Duque propuso, pero el Congreso no consideró la propuesta, que fuera la Junta Directiva del Banco de la República la que lo seleccionara. Los legisladores, como era obvio, prefirieron quedarse con la elección que ahora –paradójicamente- el Centro Democrático quiere convertir en una guachafita para volverla fortín burocrático, para vengarse de Santos y eventualmente -si necesario- para hacer una especie de control “light” al Gobierno.

    El primer resultado negativo del proceso que se surte es el bajo nivel de los postulados. En la larga lista no hay un gran experto en finanzas públicas, ni una persona con un recorrido largo como para que nos deje tranquilos a todos. Hay un par de buenos economistas y otro par de destacados abogados o ex magistrados sin experiencia ni conocimiento en control fiscal. Hay varios profesionales de las postulaciones que aparecen en todas las listas y hay varios políticos sin brillo.

    El segundo resultado negativo es la opacidad del procedimiento. Los términos de postulación han sido cortos, no ha habido posibilidad de objetar nombres, la Universidad Industrial de Santander no hizo públicos los criterios de selección ni los resultados individuales de la evaluación hecho por el que la Procuraduría reclamó, el Congreso corre y deja la impresión de que quiere eludir el control social de semejante elección.

    En un solo día deberán entrevistar a 60 candidatos y tres días después deberán ya tener elegido al nuevo Contralor.

    El tercer resultado negativo es que los candidatos aparentemente más opcionados tienen fuertes vínculos políticos que harían dudar de su imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

    A todo eso agréguele que el uribismo aspira a lograr la elección de José Félix Lafaurie, un férreo militante de ese Partido, que mantuvo una controversia con el anterior gobierno por el manejo de los recursos del Fondo Nacional del Ganado, respecto de los que un hombre serio como el ex ministro Juan Camilo Restrepo reveló en 2014 que una auditoría contratada con ese objeto había encontrado  un “manejo laxo, confianzudo y abusivo de los recursos del Fondo Nacional del Ganado y la Leche por parte de Fedegán”.

    Un año después una auditoría de la Contraloría en el Fondo Nacional del Ganado calculó en más de $40.000 millones de pesos el detrimento fiscal que podría hacerse presentado en el manejo de los recursos.

    La Contraloría en manos de Lafaurie perdería toda credibilidad, por la misma razón que era un desatino nombrar a Claudia Ortiz en la Unidad nacional de Protección y por la misma razón que no han debido postularse a la JEP personas que participaron activamente en la controversia política en favor o en contra del proceso con las Farc.

    Cualquier decisión de Lafaurie que afecte al gobierno de Santos será tenida como una venganza de ese dirigente gremial en cuyas manos Fedegan perdió la más importante de su función que era administrar el Fondo Nacional de Ganado. Las decisiones de Lafaurie relacionadas con el actual Gobierno serán vistas como el resultado de una manguala partidista para impedir el control de la oposición y ocultar eventuales irregularidades.

    El Presidente Duque ha demostrado con sus decisiones que se quiere mantener alejado de la controversia partidista y ha tenido que salir a corregir desatinos de los miembros de su Partido, aquí le van a poner otra prueba de fuego, porque los Partidos que han dicho que lo apoyarán, estarán dispuestos a votar por el que diga Duque, pero no por el que diga el Centro Democrático.

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    Medios partidistas avivan divisiones en Colombia

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    http://lasillavacia.com/silla-llena/red-de-la-innovacion/historia/medios-partidi... Opinión Las Elecciones fueron una oportunidad de oro para que los medios parcializados hacia un extremo político en Colombia se hicieran virales. El éxito de estos medios partidistas es una reflexión de la creciente polarización que viven los colombianos.
    'Martha Lucía, más que las ministras, puede ser la clave para las mujeres'

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    Es un hecho histórico que tengamos paridad en el gabinete ministerial de Duque, como lo fue que en estas elecciones cuatro de cinco fórmulas vicepresidenciales fueran mujeres más una candidata presidencial.   Además de los sectores que cada...

    Es un hecho histórico que tengamos paridad en el gabinete ministerial de Duque, como lo fue que en estas elecciones cuatro de cinco fórmulas vicepresidenciales fueran mujeres más una candidata presidencial.

     

    Además de los sectores que cada ministra representa, la cuestión es si su condición de mujer en un lugar de poder se va a a traducir en reivindicación de los derechos de las mujeres y va a modificar la dinámica masculina que ha caracterizado el ejercicio del poder históricamente.

    Para analizar estos temas, La Silla Académica entrevistó a Amalia Boyer profesora del programa de Filosofía de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario y cofundadora de la Red de Mujeres Filósofas de Colombia, quien ha estudiado la relación del cuerpo político con el cuerpo masculino y sus implicaciones, y a Claudia Lugo coordinadora académica de la maestría en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia quien ha estudiado la evolución de la estructura administrativa del Estado en función de los derechos de las mujeres.

    Las dos coinciden en que más que en las ministras, la batuta de la defensa de los derechos de las mujeres estará en cabeza de la vicepresidente Martha Lucía Ramírez quien dijo que "gobernará como mujer", está por verse qué significa eso.

    Gobierno DuqueMujeres Silla Académica IQ La perspectiva de género: el discurso de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer IQ Cuerpos, imaginarios y potencias Marcela Becerra#NuevoGobierno Marta Lucía Ramírez

    Vicepresidenta de la República de Colombia

    Historias del salario mínimo (ridículamente alto)

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    http://lasillavacia.com/silla-llena/blogoeconomia/historia/historias-del-salario... Opinión ¿Es el salario mínimo ridículamente alto? ¿Usaron Santos y Uribe los ajustes del salario mínimo para facilitar su reelección? ¿Fueron los ajustes del salario mínimo más generosos con Santos que con Uribe?
    Duque arranca sin aplanadora en el Congreso

    Duque arranca sin aplanadora en el Congreso


    El miércoles el presidente Iván Duque presentó sus primeros proyectos al Congreso, con propuestas que podrían ayudar a cambiar la política. En las siguientes semanas presentará otras reformas sustanciales, como la tributaria y la pensional, y...

    El miércoles el presidente Iván Duque presentó sus primeros proyectos al Congreso, con propuestas que podrían ayudar a cambiar la política. En las siguientes semanas presentará otras reformas sustanciales, como la tributaria y la pensional, y cambios sonados como la cadena perpetua para violadores de menores.

    El futuro de ese paquete ambicioso no está claro a pesar de que Duque tiene el capital político de estar recién elegido .

    Eso porque su coalición de gobierno con conservadores, liberales, uribistas y congresistas del Mira y Opción Ciudadana no le aseguran mayorías amplias: empataría o gana por solo un voto en todas las comisiones del Senado y la sexta de la Cámara y arrancaría perdiendo en la séptima de la Cámara.

    Eso es fundamental porque para que los proyectos se conviertan en leyes o reformas a la Constitución los deben aprobar por lo menos la comisión de Senado y la de Cámara que traten esos asuntos, por aparte.

    Además, los liberales en principio no apoyarán reformas al Acuerdo con las Farc, lo que le quita margen de maniobra si busca esos cambios o apoya los que proponga el uribismo.

    Así, Duque no arrancará con una aplanadora legislativa, como la que han tenido todos los presidentes en el pasado, a menos de que asegure el apoyo de La U y Cambio Radical, que tienen hasta el 7 de septiembre para hacerlo o declararse independientes.

    Eso es un papayazo para Germán Vargas Lleras, que se ha movido con esas bancadas para convertirse en un contrapoder a Duque. Más cuando el Presidente presentó una reforma política que va contra los intereses de muchos de sus miembros y otros políticos tradicionales.

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    En la Comisión del Senado que discute las reformas a la Constitución, la disputa es reñida porque sin La U y Cambio Duque tendría 11 de los 22 votos, como contó La Silla. Eso proyecta un camino difícil para la reforma política que presentó el Gobierno el 8 de agosto y podría enredar la propuesta reforma a la justicia, si no llega con un consenso más amplio o no cambia el panorama político.

    En la Cámara, hay 21 miembros de la coalición, uno por encima de la mayoría absoluta, lo que en principio le garantiza que pasen los dos proyectos de reforma constitucional que presentó el gobierno ayer, el que limita a a tres período la reelección de congresistas, diputados y concejales y el que levanta la reserva de la declaración de renta que presentan los funcionarios públicos.

    Falta ver si esa mayoría la camina a esas dos propuestas que van contra sus intereses y si Duque logra armar una mayoría en el proyecto que impide que a futuro el narcotráfico y el secuestro sean delitos conexos a la rebelión, que si bien no aplican a las Farc sí mandan un mensaje de que el Acuerdo fomentó la impunidad.

     

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    En la comisión menos querida de todas, que trata temas internacionales y los relativos a la fuerza pública copmo el ascenso de generales, el gobierno arranca con un voto por encima de la mayoría absoluta, tanto en Cámara como en Senado. Eso le puede ayudar si hay debates de control por asuntos internacionales, como la decisión de reconocer a Palestina como un Estado o la aspersión de cultivos ilícitos cerca de las fronteras, que en el pasado han creado roces diplomáticos.

     

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    En una de las dos comisiones de la plata, clave  este año porque debe aprobar en primer debate el Plan de Desarrollo junto con la cuarta, Duque arranca con un voto por encima de la mayoría absoluta, tanto en Senado como en Cámara. Como depende de los liberales, y allí se tramita el presupuesto que -entre otras- define si hay plata para financiar la implementación del Acuerdo de Paz, es mayoría puede no estar tan clara. El voto definitivo puede ser el del senador cristiano Edgar Palacio Mizrahi.

     

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    En esta Comisión, que discute temas de plata y debe aprobar con la tercera el Plan de Desarrollo, el Gobierno tiene mayorías amplias en Cámara pero en Senado solo por un voto. Eso le da mucho poder de negociación a los senadores oficialistas de esta comisión, incluyendo el pastor cristiano John Milton Rodríguez.

     

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    Las comisiones del agro, la minería y el medio ambiente, clave para sacar adelante temas de agro que hicieron falta en los Acuerdos de Paz como el catastro multipropósito, la mayoría en Senado y en la Cámara depende directamente de congresistas de La U y de los liberales.

    En el primer caso el senador José David Name le afirmó a la Silla que él quiere hacer parte de la coalición de gobierno, lo que llevaría los votos a mínimo un empate en asuntos que no sean de paz, pero la decisión de la bancada podría obligarlo a votar contra el gobierno, por lo que lo dejamos en amarillo. 

    En asuntos de paz, en temas que toquen el Acuerdo la brújula podría girar hacia la oposición, en la medida en que sin los liberales el Gobierno no tendría mayorías.

    Tampoco es claro que los rojos apoyen al Gobierno en temas ambientales como el futuro del fracking.

     

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    En las comisiones encargadas de servicios públicos y donde se deben tramitar proyectos o hacer debates de temas como la intervención de Electricaribe, Duque arranca con pie izquierdo.

    En Senado no tiene mayorías de arranque por cuenta de Aida Merlano, que no se ha posesionado al estar detenida, y cuya silla probablemente se declara vacía y no tenga remplazo, y los senadores de su coalición son todos novatos y solo el liberal Iván Darío Agudelo ha sido congresista - aunque los de oposición también son nuevos en el Congreso

    En Cámara la situación arrnaca en empate, aunque 3 de los 4 repitentes están en la bancada de gobierno.

     

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    La Comisión que trata temas sociales y no es muy poderosa ni tan mediáticos, a simple vista parece empatada. Sin embargo, de los que están “en duda” el senador Eduardo Pulgar ha sido cercano al uribismo, además de que la presencia de Álvaro Uribe podría asegurar la fuerza del gobierno. En Cámara inicialmente Duque no tiene mayorías, aunque Hernán Puentes, de Cambio, es de origen conservador y por eso podría tender a votar de entrada con el Gobierno.

    Gobierno DuqueCongreso Silla Nacional aavilaccomisionesIvan DuquePublicar en: Silla CaribeSilla SantandereanaSilla PacíficoSilla CachacaSilla SurSilla PaisaInteractiva: 
    La seguridad y la oposición muestran que Duque la tiene difícil en el Pacífico

    La seguridad y la oposición muestran que Duque la tiene difícil en el Pacífico


    Con un consejo de seguridad en Tumaco mañana llega Iván Duque por primera vez como Presidente al Pacífico, luego de 48 horas en las que la región mostró que será el escenario de las dos pruebas ácidas del mandato uribista en seguridad y...

    Con un consejo de seguridad en Tumaco mañana llega Iván Duque por primera vez como Presidente al Pacífico, luego de 48 horas en las que la región mostró que será el escenario de las dos pruebas ácidas del mandato uribista en seguridad y movilización social.

     

    En las madrugadas del martes y el miércoles hubo cinco atentados con explosivos, cuatro en igual número de municipios del norte del Cauca y una en Aguablanca, en Cali. En la capital del Valle, el 7 de agosto, al menos 6 mil personas entre indígenas, sindicalistas, estudiantes, comunidades afro, salieron a marchar contra el nuevo Gobierno, mientras en Bogotá Duque estaba jurando como Presidente.  

    Este escenario podría ser propicio para que el nuevo Gobierno muestre avances en la seguridad que dice que se perdió durante el gobierno Santos y probar si puede desactivar la oposición empoderada en la calle, tras la victoria de Gustavo Petro en los cuatro departamentos de la región. Pero no la tendrá fácil.

    La prueba con la seguridad

    En su discurso de posesión Duque dio puntadas de lo que hará en materia de seguridad, un reto que llamó “el retorno de la legalidad” y mostró como una prioridad de su mandato. La idea es volver a la consolidación territorial por parte de la fuerza pública.

    En esa misma línea de reforzar la seguridad habló su ministro de Defensa, Guillermo Botero, en sus primeras declaraciones ayer: “El que la hace la paga. La lucha contra grupos armados organizados, delincuenciales, será objeto de lucha permanente”, dijo.

    Aunque solo mañana se sabrá qué planes concretos tiene Duque ante el incremento de la violencia en Tumaco y en general del Pacífico (donde hay 14 disidencias y un ELN creciendo en zonas como el norte del Cauca o en Chocó, donde copó espacios que manejaban las Farc y tiene secuestradas a seis personas), ya se ha probado que la estrategia de mano dura no es suficiente.

    En Tumaco la operación Hércules que desplegó en enero el gobierno Santos con más de 10 mil uniformados nuevos a la región para perseguir a los grupos ilegales no cambió mucho el panorama de lucha contra ellos, más allá de que aumentaron las capturas diarias contra miembros de las estructuras del grupo de Guacho.

    Además, el panorama se ha hecho más complejo con el papel cada vez más importante de los carteles mexicanos y la violencia que producen, como contó nuestro experto de la red Pacífico, Dylan Herrera, en esta columna.  

    Si bien esos carteles habían entrado antes de iniciar la dejación de armas en las Farc, ahora estarían copando espacios del negocio, como parte de las rutas y de la compra de la pasta. Eso, que cambia el escenario del microtráfico y la microproducción de drogas, puede explicar el aumento de la inseguridad en las ciudades de la región, como Cali, donde el índice de homicidios supera la media nacional.

    La estrategia de mano dura de Duque no solo se enfrenta a esos retos sino que se afectará por los cambios que haga en los programas de sustitución de cultivos e implementación del Acuerdo, que están pensados para quitarle parte del piso a los grupos ilegales.

    Duque dijo en su posesión que lo que hasta ahora se ha conocido como política de paz y que él llama de legalidad, consistirá en corregir “fallas estructurales que se han hecho evidentes en la implementación”. Por ejemplo, según dijo el Ministro de Defensa, la erradicación de cultivos ahora será obligatoria.

    Aunque no es claro todavía a que se refiere, pues bajo el Acuerdo es obligatorio sustituir so pena de que el Estado erradique los cultivos a la fuerza, dejaría en vilo los acuerdos que no estén firmados con las comunidades.

    Más allá de esa duda, Duque le apuesta a meterle el acelerador al aterrizaje de los Acuerdos, que hasta ahora ha tenido problemas, y así poder mostrar resultados como menos hectáreas de coca.

    Si Duque logra eso y además golpea a las disidencias en el Pacífico, esos logros posiblemente tendrían eco en el resto del país y ayudaría al uribismo a reforzar su discurso de bajo Duque llegó “la verdadera paz”.

    Eso porque, con el Catatumbo, el Pacífico es un lugar icónico de los problemas del aterrizaje de los Acuerdos y de la explosión de grupos criminales y disidencias, particularmente en Tumaco, Chocó y Buenaventura.

    Pero, si no lo logra, esas sus políticas de mano dura pueden devolverse como un bumerán, porque pueden afectar a las bases de los movimientos sociales que son fuertes en toda la región y están empoderados tras la victoria de Petro en los cuatro departamentos.

    El nuevo diálogo social en tierra opositora

    La marcha del 7 de agosto fue particularmente masiva en Cali. Llegaron más de 6 mil personas entre indígenas, sindicalistas y otros sectores sociales afines al petrismo y opositoras a Duque.

    Con eso enviaron un mensaje al nuevo Gobierno que, en palabras de la líder caucana Francia Márquez, era que exigen “avanzar en el proceso de paz para que nosotros vivamos tranquilos en nuestros territorios”.

    Ese mismo día, en su discurso de posesión, Duque dijo que gobernaría desde la calle y que construiría un “diálogo social” para identificar “soluciones viables” y ser “más efectivos y constructivos”. Todo eso, de funcionar, podría quitarle oxígeno a la movilización social que Petro prometió mantener desde el discurso que dio aceptando su derrota en segunda vuelta.

    Sin embargo, no parece fácil que el nuevo Presidente le quite fuerza a esa movilización, por lo menos en el Pacífico.

    Primero porque, como nos dijeron un líder indígena indígena y otro afro en esta historia, las protestas en la región continuarán sin importar el mandatario de turno, debido a que el Estado mantiene, a su juicio, deudas históricas con poblaciones afro, indígenas y campesinos, especialmente por titulación de tierras.

    Efectivamente, su movilización no ha cesado a pesar de los cambios de gobierno, especialmente las indígenas que se movilizaron en los gobiernos de Cesar Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. En menos de 20 años se han movilizado al menos 17 veces solo en Cauca.

    En su mirada de largo plazo, la lucha es por una tierras que les arrebataron los españoles hace cinco siglos y que legitima el Estado. Por eso, la pelea se mantiene sin importar quién sea el Presidente.

    Segundo porque luego de que en los paros cívicos de Chocó y Buenaventura la comunidad logró hablar con funcionarios de primer nivel y tener compromisos a largo plazo del Estado, dicen que no se conformarán con menos.

    “Vamos a salir a lo que él (Duque) propuso ayer de los diálogos sociales, es importante, pero no queremos caer en la retórica. Hablamos con agendas construidas y una metodología que no caiga en los consejos comunitarios donde la palabra la tiene el Gobierno y uno escucha”, nos dijo el senador indígena Feliciano Valencia, en relación con los talleres ‘construyendo país’ que Duque arrancará el sábado en Girardot.

    “Es un tú a tú entre gobiernos, porque él mismo lo dijo”, finalizó.

    Tercero, porque esa movilización social es parte de la apuesta del petrismo de hacer oposición desde la calle, lo que le da aliados políticos más visibles que antes. Eso también significa que para Petro es importante que la movilización se mantenga y sea intensa, pues le da visibilidad -como mostró en su discurso del 7 de agosto en Bogotá, en la marcha de la Plaza de la Hoja-, mantiene sus bases activas y así ayuda a mantener vivo su capital político para las elecciones locales de 2019 e incluso nacionales de 2022.

    “Si hay un gran pacto para que disminuya la desigualdad, para tener un capital productivo progresista, (Duque) tiene que sentarse con nosotros, ese pacto social tiene que incluirnos”, nos dijo Ferney Lozano, líder de los petristas en Valle y organizador, con los indígenas, de las marchas del 7 de agosto en el Pacífico.

    Cuarto, por la reticencia que pueden producir en las comunidades varias propuestas del Gobierno que los tocan directamente y que son pruebas ácidas de qué tan cercano es el nuevo Presidente a los gremios.

    Asuntos como una reglamentación de la consulta previa, la definición del futuro de los baldíos y la restricción a la protesta social pueden disparar nuevas movilizaciones.

    En los tres casos hay expectativa, pues Duque ha hablado de reglamentar la consulta, a lo que consejos comunitarios afro se niegan en su mayoría; las declaraciones del ministro Botero sobre la protesta levantaron alarmas -aunque él luego haya dicho que habló como dirigente gremial y no como ministro entrante, y que el tema lo manejará el Ministerio de Interior-; y poco se sabe de cómo se moverá en el tema de las tierras, en el que hay preocupación por declaraciones pasadas de uribistas.

    Al final la era Duque en el Pacífico no solo arranca por sus promesas concretas como reactivar la doble calzada a Buenaventura, sino por sus decisiones en materia de seguridad y de manejo de la movilización social.

    Posiblemente la impronta de los primeros 100 días dicte un camino de cómo será su relación con el Pacífico.

    Gobierno DuqueSeguridadPacífico Silla Pacífico Silla Nacional Con la vice en la implementación y el uribismo en los ajustes, Duque arma su ‘verdadera paz’ Silla Pacífico A Duque le queda un Pacífico sin Farc, pero con mucho por hacer Silla Nacional Las cinco pruebas ácidas para la cercanía de Duque con los empresarios Silla Pacífico Los retos del Pacífico como bastión electoral de Petro Tumaco; Duque; Guacho; Petro; Indígenas; Valle; Chocó; Cauca; Nariño Iván Duque Márquez

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    La terna de Cartagena fue aprobada por Quinto Guerra

    La terna de Cartagena fue aprobada por Quinto Guerra


    En la mañana de ayer en Bogotá, se reunió el directorio conservador para elegir la terna que el partido presentará al presidente Iván Duque, para que éste escoja de ahí el reemplazo del suspendido alcalde de Cartagena Quinto Guerra, quien llegó...

    En la mañana de ayer en Bogotá, se reunió el directorio conservador para elegir la terna que el partido presentará al presidente Iván Duque, para que éste escoja de ahí el reemplazo del suspendido alcalde de Cartagena Quinto Guerra, quien llegó con aval azul.

    La Silla Caribe confirmó que a la reunión asistió el cuestionado Quinto, quien además “avaló” los nombres de la terna, como nos lo ratificó el presidente de esa colectividad, el exsenador Hernán Andrade.

    La terna quedó integrada por una persona que tiene vasos comunicantes y fue propuesta por el grupo que lidera un parapolítico, por alguien cercano a Quinto y por un político independiente: el exrepresentante godo de Bolívar, Pedrito Pereira.

    Aparte de ellos tres, llegó a estar en el sonajero en la reunión conservadora de ayer el excanciller Fernando Araújo Perdomo, un nombre que también le sonaba a Quinto, pero que fue descartado porque Araújo ahora está más cerca del uribismo, dado que su hijo Fernando Nicolás es el senador del Centro Democrático.

    Quinto Guerra fue elegido en atípicas el pasado mayo y suspendido en una medida cautelar (ratificada recientemente) dentro de una demanda de nulidad electoral que interpuso la Procuraduría, por considerar que estaba inhabilitado cuando se inscribió como candidato.

    Además de eso, Guerra tiene ruidos a su alrededor, no sólo por haber sido elegido con apoyo de casas de parapolíticos y corruptos -como contamos en esta historia-, sino por ser considerado él mismo un símbolo del clientelismo en Cartagena.

    Ahora habrá que esperar qué decide hacer Iván Duque, quien no tiene plazos de ley para designar al undécimo mandatario en ocho años en La Heroica, que se encuentra sumida en una crisis social e institucional.

    La terna

    Los nombres que avaló Quinto Guerra y que propuso la bancada bolivarense -compuesta por la senadora Nadia Blel (hija y heredera política del parapolítico Vicente Blel) y los representantes Emeterio Montes (sobrino y heredero político del parapolítico William Montes) y Yamil ‘Yamilito’ Arana- fueron los de Pedrito Pereira, Roxana López y Óscar Torres.

    Pedrito Pereira

    Es un abogado de la Universidad de Cartagena, con maestría en Gobierno Municipal, que fue representante de Bolívar por el Partido Conservador por 12 años.

    Antes había sido concejal, personero, inspector de policía y secretario de despacho en la Administración de Carlos Díaz Redondo.

    En términos de política menuda, sobre él hay que decir que tiene un grupo propio, no está vinculado a ningún cuestionado del departamento y no se le conocen cuestionamientos.

    Su músculo económico viene de su padre, el empresario de transporte Pedro Pereira Ramos.

    En las pasadas elecciones, Pereira no volvió a aspirar para lanzarse el próximo año a la Alcaldía de Cartagena.

    Para las legislativas, apoyó al Senado a Efraín ‘Fincho’ Cepeda y a la Cámara a Yamilito Arana.

    Si acepta estar en la terna y Duque lo elige, quedaría inhabilitado a partir de octubre para ser candidato en 2019.

    Esa situación lo pone en un dilema entre aceptar la postulación y, posiblemente, ser alcalde por un año, pero quedar sin posibilidades él directamente el año entrante de aspirar.

    En su grupo nos dicen que él lo está pensando y que le sonaría medírsele ahorita al reto Cartagena.

    Su nombre es el que más consenso genera en el Partido Conservador.

    Roxana López

    La mujer integrante de la terna es Roxana López.

    Ella es la actual jefa de competitividad de la Cámara de Comercio de Cartagena y, en la Gobernación del liberal Juan Carlos Gossaín (2012-2016), fue asesora de medio ambiente. Es hija del exconcejal conservador de Cartagena Willy López.

    De acuerdo a lo que nos contó un conservador cartagenero y un político de la región, Willy López militó en el grupo del exsenador parapolítico William Montes, quien actualmente lidera un grupo que tiene una curul en la Cámara de Representantes en manos de su sobrino: Emeterio Montes.

    Sin embargo, en la actualidad los López son más cercanos al grupo de Quinto Guerra.

    De hecho, en las regionales del 2015 Willy López lo apoyó en su campaña a la Alcaldía y este año, cuando Guerra fue elegido alcalde, fue nombrado asesor de despacho.

    Roxana López también está casada con el cantante cartagenero Jakobo Fonseca quien, en 2015, aspiró a la Asamblea de Bolívar con el aval del Centro Democrático y con el apoyo del senador Fernando Araújo.

    Óscar Torres

    Es un economista, con maestrías en Gestión Logística y Organizaciones y un doctorado en Ciencias Económicas.

    Políticamente, tiene relación (y fue propuesto en la terna) con el grupo que lidera el parapolítico Vicente Blel.

    La casa Blel, como ya dijimos, tiene representación en el Senado en cabeza de la hija de Vicente: la senadora goda Nadia Blel.

    El vaso comunicante entre Torres y los Blel viene por el lado de su hermano, Adán Torres, quien aspiró con el aval del Partido Conservador y el apoyo de ese grupo a la Asamblea en 2015.

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    ¿Qué puede esperar Bogotá de Duque?


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    Boletín La Silla CachacaResumen: 

    Expertos de la Red Cachaca debaten sobre lo que debe esperar la ciudad del nuevo gobierno de Iván Duque.

    Items boletin: ¿Qué puede esperar Bogotá de Duque?Peñalosa mete el metro en la campaña de 2019Sin sus paisajes, Bogotá pierde la memoriaMedia Maratón de Bogotá, corriendo con datos
    Duque empieza su gobierno con un mensaje de modernización política

    Duque empieza su gobierno con un mensaje de modernización política


    Ayer, en su primer día como presidente, Iván Duque presentó cuatro proyectos de ley o reforma constitucional, tres que retoman puntos de la Consulta Anticorrupción que han liderado figuras del Partido Verde y una reforma política que retoma los...

    Ayer, en su primer día como presidente, Iván Duque presentó cuatro proyectos de ley o reforma constitucional, tres que retoman puntos de la Consulta Anticorrupción que han liderado figuras del Partido Verde y una reforma política que retoma los puntos centrales de la que se hundió el año pasado.

    Con la suma de los cuatro y la importancia que les da al iniciar su gobierno con ellos, el nuevo presidente proyecta una imagen de reformista que busca modernizar la política y que trae prioridades diferentes a las banderas del uribismo.

    El costo de hacerlo es que la reforma política puede alejar a los políticos tradicionales que hay en el Congreso y con los que se construyó la coalición legislativa que incluye a su partido, mientras los proyectos de la consulta se pueden leer como una forma de quitarle protagonismo a los opositores que llevan meses impulsándolos, como trinó Gustavo Petro.

    Con eso, podría perder apoyos en el Congreso que necesita para pasar adelante ésta y otras reformas, aunque coseche réditos en la opinión.

    Una reforma anhelada por todos menos los políticos

    La reforma política que presentó esta tarde la ministra de Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, tiene cuatro puntos centrales: acaba el voto preferente, obliga a que haya paridad entre hombres y mujeres en las listas electorales, exige que elijan sus candidatos en elecciones primarias y no a dedo, y le da autonomía administrativa al Consejo Nacional Electoral, CNE, que hoy depende de la Registraduría.

    Se trata, en resumen, de una versión aguada de la reforma política que propuso la Misión Electoral Especial que creó el Acuerdo de Paz, que presentó el Gobierno el año pasado y que se hundió en el Congreso por falta de apoyo de la mayoría de congresistas, incluyendo los uribistas.

    Esa reforma inicialmente eliminaba el CNE, que es muy criticado porque lo componen magistrados elegidos en representación de los partidos; aumentaba la financiación estatal de las campañas; limitaba la reelección de congresistas, concejales y diputados a un período; y hacía más fácil crear partidos políticos.

    Todos esos cambios, que el año pasado se fueron desfigurando en el trámite en el Congreso, no están en el proyecto actual.

    A pesar de eso, que elimine el voto preferente ya es un motivo para que cree resquemores entre los políticos tradicionales. Sin él, habría obligatoriamente listas cerradas por partidos, que hoy son opcionales. Eso tendría como efecto que la gente votara por partidos y no por candidatos específicos -es decir, por caciques-, lo que llevaría a una mayor coherencia en los partidos.

    Podría partir el espinazo al clientelismo, pues la capacidad de negociar el voto de cada congresista se reduce.

    Por eso, la propuesta de reforma arranca pisando callos y no en vano año pasado la lista cerrada fue uno de los primeros puntos en caerse, cuando perdió el apoyo del Gobierno Santos.

    De hecho, en el mismo Centro Democrático hubo un debate grande el año pasado sobre la lista cerrada, que usaron para llegar al Senado en 2010. Como contamos, Álvaro Uribe delegó la decisión en su bancada, que finalmente no pudo ponerse de acuerdo y en una convención dejó la decisión en manos del ex presidente.

    Uribe decidió abrirla. Entre los derrotados estaba el hoy presidente Duque, que en una carta que envió a las juventudes del Partido dijo que el sistema cerrado blindaba al partido de las “microempresas electorales”, y quien luego casi logra cerrar la lista a la Cámara de Bogotá.

    Esa oposición se extiende a los caciques de otros partidos, incluyendo los de la coalición legislativa (conservadores, liberales, la U y Cambio Radical).

    Eso abre la puerta para que Germán Vargas Lleras, que ya se movió con su bancada y la de La U para no dejarle la sartén por el mando a Duque, retome los contactos con esos congresistas a los que cortejó durante su campaña presidencial, y refuerce el grupo no duquista que está armando con parte de La U y Cambio agitando la bandera del voto preferente.

    Como Duque ya ha dado pasos que lo alejan de los políticos tradicionales, como no repartir su gabinete con cuotas políticas excepto las uribistas o hacer muy pocas alianzas en campaña con ellos, el mensaje negativo para ellos puede ser más fuerte.

    Por eso, aunque al retomar esa propuesta Duque se muestra coherente y da un mensaje fuerte de modernización política, podría empezar a gastar el capital político que tiene como presidente recién elegido. Más porque a la vez concretó su apoyo a las medidas de una consulta anticorrupción que se ha presentado como un rechazo a los políticos tradicionales.

    ¿Plan B o quitada de piso?

    El nuevo presidente dijo en campaña que apoyaba la consulta anticorrupción.

    Ayer, al presentar los tres proyectos que retoman la prohibición de reelección por más de tres períodos, la obligación de usar pliegos tipos en todas las licitaciones y el levantamiento de la reserva de las declaraciones de renta que presentan los funcionarios, todos puntos de la consulta, la ministra Gutiérrez explicó que eran prueba de ese apoyo.

    Eso, sin embargo, no es tan obvio e incluso la Revista Semana se pregunta si le hizo conejo a esa promesa al presentarlos.

    Los argumentos para decir que sí es apoyo, como le argumentaba a La Silla una fuente cercana a Duque, es que los proyectos lo que crean es un plan B para que salgan adelante algunos de los puntos de la consulta, vía Congreso, incluso si el próximo 26 de agosto no se alcanza el umbral de 12,5 millones de votos para que salgan adelante.

    En esa línea, haber presentado los proyectos es concretar su compromiso con la consulta en una de las pocas acciones que puede tomar un presidente.

    El contraargumento es que presentar un proyecto no asegura que se convierta en una realidad.

    “Convocamos la consulta, en la que llevamos trabajando 19 meses, porque intentamos pasar varias veces esos cambios por el Congreso y los hundieron”, dijo la senadora verde Angélica Lozano, una de sus principales promotoras, anoche en Hora 20. “Una cosa es presentar proyectos y otra es aprobarlos”.

    Esa duda tiene más fuerza porque el ex presidente Álvaro Uribe se ha manifestado contrario a la consulta, a pesar de que su bancada se comprometió a apoyarla a cambio de que se realizara después de las elecciones presidenciales.

    Primero, en el video que reveló Noticias Uno de la reunión de senadores uribistas tras la posesión del martes, se congratula de que Duque no haya mencionado la consulta en su discurso.

    Luego, ayer y debido al video, lo reiteró.

    “Anoche en una reunión privada hice algún comentario negativo sobre esa consulta, porque les tengo que decir a todos ustedes, con toda claridad, que yo prefiero e invito a que este Congreso tramite con agilidad las normas mucho más completas, que son de autoría del presidente Iván Duque”, dijo.

    Como Uribe es el jefe político de Duque, ese mensaje debilita el apoyo a la consulta, pues deja la sensación de que es mejor no votar en ella porque igual el Congreso va a aprobar su contenido, a pesar de que faltan algunos puntos, empezando por el que quizás es el más llamativo, la reducción de los salarios de los congresistas.

    “Hay un doble mensaje”, concluye Lozano.

    En cualquier caso, que el presidente los haya presentado le da una salida al uribismo y a los congresistas, que pueden sacar adelante parte del contenido de la consulta, y así arroparse en la bandera anticorrupción sin bajarse el salario.

    Justamente esa bandera anticorrupción la comparte Duque con estos proyectos, con lo que da un paso para impedir que la monopolice la oposición.

    Más porque, sumándolos a la reforma política y a un gabinete con pocos políticos, ondea la bandera de presidente modernizador y distante de los políticos tradicionales. Falta ver si los proyectos avanzan, sus siguientes nombramientos mantienen esa línea o le dan más juego a los políticos (como el que ya tienen los uribistas en los cargos de más poder) y pasa del mensaje a lo concreto.

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    La posesión

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    Primera nube negra para el nuevo presidente: ni siquiera pudo ser el protagonista de su propia posesión.  Dirige y presenta Carlos Cortés.  Contenido relacionado: Iván Duque inaugura su uribismo 2.0Tags: #ÁlvaroUribe #IvánDuqueHilos...

    Primera nube negra para el nuevo presidente: ni siquiera pudo ser el protagonista de su propia posesión. 

    Dirige y presenta Carlos Cortés

    Contenido relacionado: Iván Duque inaugura su uribismo 2.0Tags: #ÁlvaroUribe #IvánDuqueHilos temáticos: Gobierno Duque
    Con la vice en la implementación y el uribismo en los ajustes, Duque arma su ‘verdadera paz’

    Con la vice en la implementación y el uribismo en los ajustes, Duque arma su ‘verdadera paz’


    Hace pocos días la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo en una entrevista para El Espectador que “una cosa es el Centro Democrático y otra, el gobierno”. Ayer, después de la posesión del presidente Iván Duque, la senadora uribista Paloma...

    Hace pocos días la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez dijo en una entrevista para El Espectador que “una cosa es el Centro Democrático y otra, el gobierno”. Ayer, después de la posesión del presidente Iván Duque, la senadora uribista Paloma Valencia reiteró en una reunión privada de la bancada que es cierto, como reveló Noticias Uno.

    La diferencia entre el Gobierno y el uribismo se nota en el tema de la paz, en el que la vicepresidenta tendrá las riendas de la implementación del Acuerdo mientras el uribismo seguirá teniendo el timón de los ajustes de fondo. Con cambios en esos dos frentes y sin destruir el Acuerdo, cualquier avance le puede servir al uribismo para alegar que fue bajo Duque que se construyó la ‘verdadera paz” de la que él habló en campaña y tras ganar la presidencia.

    Ramírez, la visión 2.0 de la implementación

    Ayer, quizás más que nunca, quedó claro que hay dos visiones dentro del uribismo: la 1.0, que quedó plasmada en el discurso del presidente del Senado, Ernesto Macías, y la visión 2.0, que es la del discurso conciliador y sustentado en el ‘Pacto Nacional’ que busca Duque.

     

    Ramírez va a aterrizar esa visión 2.0 en lo que tiene que ver con la implementación del Acuerdo, que ha sido muy criticada por su lentitud incluso por defensores del proceso. Su reto es lograr que fluya mejor, lo que podría ayudar a que el uribismo refuerce la narrativa de que la verdadera paz la lograron ellos.

    Duque rebautizó el Acuerdo como el ‘Acuerdo para la Legalidad’, el mismo nombre que tendrá la hasta hoy Alta Consejería para la Paz. La ocupará Miguel Ceballos, que asesoró durante la renegociación del No al ex presidente Andrés Pastrana y es cercano a Ramírez. Se va encargar de las negociaciones con el ELN pero no de la implementación del Acuerdo.

    Ese tema caerá en manos de alguien del corazón de Ramírez, el abogado Emilio Archila.

    Aunque Archila voto por el Sí, es tan cercano a la vicepresidente que la asesoró durante la renegociación luego de que ganara el No. Hizo parte del equipo que pensó las propuestas moderadas que Ramírez le presentó al gobierno Santos y siguió con ella cuando se lanzó a la presidencia, apoyándola en campaña.   

    Archila tiene fama de buen gerente pero no experiencia en temas de conflicto ni en asuntos territoriales, un perfil que responde al deseo de cambiarle el enfoque a la implementación.

    Ese cambio de mirada se nota en que, según una fuente que conoce de primera mano la idea, Archila no será Alto Consejero para el Posconflicto sino Alto Consejero para la Estabilización, a pesar de que será el reemplazo de Rafael pardo, que tiene el primer cargo.

    Como le dijo una fuente de Palacio del gobierno Duque a La Silla, esa rebautizada se debe a que “a algunos aquí no les gusta reconocer la narrativa del conflicto”. Es decir, es un guiño a la idea que quedó en el discurso de Macías, de que lo que hay es una amenaza terrorista.

    A pesar de ese guiño, la idea es que Archila ayude a aterrizar la propuesta que Duque mostró en su discurso de posesión, de llevar bienes públicos a todas las regiones del país, empezando por las que han sido más golpeadas por la violencia, para que vayan igualando a las demás.

    Esa idea de Duque encaja perfectamente en el actual Acuerdo, pues es el corazón de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdets, que finalmente despegaron hace poco y que tienen su presupuesto asegurado hasta el próximo año.

    La estabilización también incluye mantener el punto de reincorporación del Acuerdo, que va en línea con lo que dijo Duque ayer en su discurso al reiterar su compromiso con la reinserción de la base guerrillera.

    El cambio es que seguirá la lógica del exitoso programa de reinserción individual que tuvo Uribe como Presidente que la de reincorporación colectiva a la que aspiraba el Secretariado de las Farc a través de la cooperativa para toda la exguerrilla llamada ‘Ecomun’.

    Además de esas funciones, el equipo de Ramírez, encabezado por Archila, está pensando en un rediseño institucional que encaja con esa nueva mirada de la ‘estabilización’.

    El rediseño

    Según tres fuentes cercanas a Ramírez que nos hablaron por aparte, por ahora se van a quedar con las altas consejerías que existen, con la idea de crear una entidad (que puede ser un  ministerio, un departamento administrativo u otra) que articule todas las responsabilidades de la implementación.

    Si llegan a dejarlo como está sería “dándole más dientes a esas consejerías y logrando mucha más articulación de la que hay hoy”, nos dijo una de esas fuentes. Es decir, construir sobre lo construído, en línea con el uribismo 2.0.

    El rediseño abarcaría las seis agencias que manejan la implemantación en lo rural y que Duque ha dicho, según le dijo a María Jimena Duzán en marzo, que quiere “suprimir las que no funcionen y  suprimir aquellas que no tengan el cumplimiento de sus objetivos y donde yo vea que están cumpliendo sus funciones a cabalidad y que son eficientes pues habrá que mantenerlas”.

    Si la reforma incluye crear una entidad, se demorará por lo menos varios meses pues necesita que el Congreso lo apruebe o le de facultades extraordinarias para hacer la reforrma, como hizo Santos en 2011 para reformar el Estado.

    Esos cambios en la estructura que debe implementar el Acuerdo no solo no lo modifican sino que pueden ayudar a darle la celeridad que no ha tenido hasta ahora.

    Donde sí puede haber cambios de fondo, como lo ha propuesto el uribismo 1.0, es en el Congreso, donde impera esa línea.

    Los ajustes, la visión 1.0

    Como ha contado La Silla, Duque ha dicho que quiere hacerle tres cambios sustanciales al Acuerdo que dependerán de él y de decisiones del Congreso. No serán responsabilidad, por lo menos hasta ahora, de Ramírez ni de sus cercanos.

    El primero es una reforma constitucional para que el narcotráfico no pueda ser amnistiable en ningún caso, que Duque ya anunció que presentará en los próximos días en el Congreso.

    El segundo es una serie de correctivos a la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, como que los antiguos miembros del Secretariado que hayan cometido delitos de lesa humanidad paguen sus penas antes de ser congresistas.

    Otro ejemplo de esos ajustes es el tratamiento de los militares en la JEP. En ese punto, la iniciativa ya la tomó la bancada uribista, que en julio logró meter en la ley de procedimiento de la JEP un artículo que dice que los uniformados no están obligados a sujetarse a esa justicia sino cuando se cree una ley de procedimiento especial para ellos, para lo que le dio 18 meses al Gobierno y al Congreso.

    Y el tercer cambio que busca el nuevo presidente es “revisar, por ejemplo, la tenencia de buena fe y la tradición de los bienes”, como le dijo a La Silla. Eso, en otras palabras, significa echar para atrás la obligación de restituir las tierras cuando el comprador no verificó que las pagó súper baratas porque los paramilitares podrían haberlas arrebatado a campesinos.

    Esos tres cambios responden al uribismo 1.0, que ayer aterrizó Macías en su discurso, y que quedó clara que es la línea oficial en el video que reveló Noticias Uno, en el que la senadora María del Rosario Guerra pide un aplauso por ese discurso, y todos los senadores lo hacen, incluyendo a Uribe, que calificó el discurso como “necesario”.

    Esos cambios dependerán de lo que logre en el Congreso la bancada del Centro Democrático, con Uribe a la cabeza, bajo la idea del ‘Pacto Nacional’ del que ha hablado Duque, pues no es obvio que logren las mayorías para sacarlos adelante.

    Eso dado que los liberales se unieron a su coalición en el Congreso con la salvedad de defender la paz, y que La U y Cambio Radical pusieron a tambalear la aplanadora duquista con su anuncio, impulsado por el exvicepresidente Germán Vargas, de que van a actuar en bloque.

    De hecho, esos tres cambios deben pasar por las comisiones primera y, como contamos, en la de Senado, no tiene las mayorías aseguradas

    Por eso, la implementación en manos de Ramírez probablemente arroje resultados antes que esos cambios.

    Si es así, el gobierno Duque podrá mostrar a la vez que no hace trizas el Acuerdo al ejecutarlo, quizás mejor que el gobierno Santos, pero que tampoco está para risas con él, como queda claro con los proyectos en el Congreso. A más largo plazo, esa puede ser la combinación que le de contenido a la idea de la “verdadera paz”.

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    Iván Duque inaugura su uribismo 2.0

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    Iván Duque se posesionó ayer como el nuevo Presidente de Colombia con un discurso que delineó el mapa de un gobierno de centro derecha con temas uribistas pero también con otros de su cosecha 2.0.   Su inauguración mostró, de manera muy vívida,...

    Iván Duque se posesionó ayer como el nuevo Presidente de Colombia con un discurso que delineó el mapa de un gobierno de centro derecha con temas uribistas pero también con otros de su cosecha 2.0.  

    Su inauguración mostró, de manera muy vívida, no solo rasgos del carácter de Duque y de lo que quisiera que fuera su gobierno sino también las presiones que enfrentará tanto desde la derecha de su propio partido como desde la oposición.

    El discurso del uribismo 1.0

    El discurso de posesión de Iván Duque siguió al de Ernesto Macías, el presidente del Congreso, que -actuando como si fuera vocero del Centro Democrático y no de la corporación que preside- básicamente resumió en su discurso el aviso de propaganda contra la gestión de Juan Manuel Santos que pagó el Centro Democrático en los grandes medios con tantos datos dudosos como ciertos (ver nuestro detector de mentiras).

    Además de presentar el legado de Santos como una hecatombe, Macías delineó lo que el uribismo espera del nuevo presidente:

    un revolcón en la cúpula militar para recuperar la seguridad democrática
      una reforma rural “que respete la propiedad privada y al tenedor de buena fe”, lo que en otras palabras significa echar para atrás la obligación de restituir las tierras cuando el comprador no verificó que las tierras que compraba súper baratas podrían haber sido arrebatadas a campesinos por parte de los paramilitares.
      una reforma a la justicia, que es difícil no interpretar en clave de la investigación de la Corte Suprema contra Álvaro Uribe:  "Los colombianos esperan ver a sus jueces pronunciándose estrictamente en derecho y que sus fallos no se vean afectados por sus inclinaciones políticas, por sentimientos personales o por otros intereses", dijo.
      Investigaciones contra Santos de las autoridades judiciales sobre “casos emblemáticos de corrupción como la mermelada, Reficar, el Sena y Odebrecht que involucran “de forma grave a la campaña del expresidente Santos y a altos funcionarios del Estado”.

    El discurso de Macías fue la lista de deseos del uribismo y la expresión más clara de los temores del antiuribismo: la revancha contra Santos, la negación del conflicto armado, la protección de terratenientes que pudieron beneficiarse de las masacres paramilitares, la idea de que el gobierno que termina fue una hecatombe para el país.

    Y fue interesante que antecediera el de Duque, porque mostró inmediatamente el contraste.

    El uribismo 2.0

    Iván Duque reiteró en su discurso lo que dijo en campaña para ganar la Presidencia: los mismos mensajes, las mismas ideas y los mismos tres ejes de Legalidad, Emprendimiento y Equidad.

    Fue un discurso convencional, en la línea de los conservadores jóvenes que han llegado al poder en otras partes del mundo como David Cameron en Inglaterra, sin las sorpresas del de Juan Manuel Santos en 2010 cuando anunció que reestablecería relaciones con Hugo Chávez o que la “llave de la paz” estaba en su bolsillo y que anticipó la traición que vendría después al electorado que pensaba que con él estaba reeligiendo a Uribe en cuerpo ajeno.

     

    El tono general del discurso de Duque fue el mismo conciliador de su campaña y radicalmente diferente al sectario de Macías: el tono de pasar la página a la división del país.  

    “Hoy llega a la Presidencia de Colombia una nueva generación, motivada por el servicio y no por el ejercicio vanidoso del poder, comprometida con el futuro y sin anclas en prejuicios del pasado, inspirada en la justicia social y en la seguridad como el cimiento de nuestras libertades, y dedicada a promover el entendimiento, el trabajo en equipo y la construcción de consensos.  Es una generación llamada a gobernar libre de odios, de revanchas, de mezquindades…”, dijo al inicio de su discurso.

    Más adelante reiteró:  “Quiero gobernar a Colombia con valores y principios inquebrantables, superando las divisiones de izquierda y derecha, superando con el diálogo popular los sentimientos hirsutos que invitan a la fractura social, quiero gobernar a Colombia con el espíritu de construir, nunca de destruir.”

    Aún así, y sin mencionar el nombre de su antecesor, en su discurso Duque sutilmente identifica legados que considera tóxicos de Santos en seguridad, en narcotráfico, corrupción y en la política macroeconómica, que reflejan el corazón ideológico de centro-derecha de su discurso:

    “Recibimos un país convulsionado. Más de 300 líderes sociales han sido asesinados en los últimos dos años, los cultivos ilícitos se han expandido exponencialmente en los últimos años, bandas criminales aumentan su capacidad de daño en varias regiones del país, se han hecho promesas y compromisos con organizaciones sociales sin asegurar su financiamiento”, dijo.

    Criticó haber intentado “sustituir petróleo por impuestos” , la “inestabilidad jurídica por cambios regulatorios abruptos”, “los constantes escándalos de corrupción en la alimentación escolar, en el sistema de salud, en proyectos de infraestructura, en los abusos de la contratación directa o en los peligrosos carteles de únicos proponentes”, además del “abandono de muchas regiones”.

    Anticipando las reformas institucionales que se vienen en el frente del posconflicto e implementación del Acuerdo de Paz dijo: “Tenemos que devolverle el valor a la palabra del Estado. La creación desordenada de agencias y programas está acrecentando la desconfianza ciudadana y la  frustración de los beneficiarios de estas iniciativas, incluidas las víctimas y las regiones golpeadas por la violencia.

    También dejó ver en qué sentido viene la reforma tributaria que presentará:  “En materia económica se han cometido errores que debemos enmendar. Una política tributaria motivada por la expansión del gasto ha llevado a que tengamos cargas asfixiantes y que se afecten el ahorro, la inversión, la formalización y la productividad.”

    Las primeras reformas

    Como suelen hacerlo los presidentes el día de su inauguración, Duque anunció su primer paquete legislativo, que consta de:

    Un programa de reactivación económica, que incluirá la reforma tributaria
      Una reforma constitucional para evitar que el narcotráfico se pueda considerar un delito conexo con delitos políticos (una reforma que si decide negociar con el ELN tendrá que volver a reformar)
      Una reforma anticorrupción, que básicamente incluye los puntos centrales de la consulta anticorrupción que está impulsando el partido Verde con la exsenadora Claudia López a la cabeza, y que podría verse de dos maneras: como una forma de quitarle oxígeno porque para qué salir a votar la iniciativa si igual el Congreso la volverá ley por la derecha o como una forma complementaria de asegurarse que la agenda anticorrupción está en el corazón del gobierno si no consigue los 12 millones de votos que necesita para volverse una realidad.

    Duque repitió varias veces que quería que su gobierno fuera el de la justicia social y la equidad, pero no detalló cómo lo lograría, más allá de reiterar su fe en que el sector privado será el socio ideal en esta empresa.  

    Tampoco planteó una ruta para volver realidad su propuesta de emprendimiento, aunque le prometió a todos los creativos del país que había llegado su cuarto de hora.

    Las 'correcciones' al Acuerdo

    Frente a los ajustes del Acuerdo de Paz, que era una de las grandes incógnitas tanto de los que votaron por él como de los que lo hicieron en contra, su discurso dio las puntas de hacia dónde está pensando ir:

    Borrar el hito del Acuerdo con las Farc, que nunca mencionó con ese nombre durante su discurso.  Como lo anticipó La Silla en campaña, una de las cosas a las que seguramente le apostará el gobierno de Duque es a que la firma de esa acuerdo con la guerrilla vaya perdiendo su lugar en la Historia para que al final se registre que la verdadera paz la hizo el uribismo.
      Rebautizó la política de paz como un “Acuerdo por la Legalidad”.  “Esa es la base de pensar en un Acuerdo por la Legalidad. Quiero una Colombia donde todos podamos construir la paz, donde se acaben esas divisiones falaces entre amigos y enemigos de la paz, porque todos la queremos”, dijo. Y agregó: “Por el respeto a Colombia y por el mandato ciudadano que recibimos, desplegaremos correctivos para asegurar a las víctimas verdad, justicia proporcional, reparación y no  repetición. También corregiremos fallas estructurales que se han hecho evidentes en la implementación.”
      Reiteró su compromiso con la reinserción de la base guerrillera. Es decir, respetará el punto de reincorporación del Acuerdo de paz, pero más en la lógica del exitoso programa de reinserción individual que tuvo Uribe que en la lógica de la reincorporación colectiva a la que aspiraba el Secretariado de las Farc y que quedó plasmado en al Acuerdo de Paz.
      Se comprometió a llevar bienes públicos a todas las regiones del país, “empezando por las que han sido golpeadas por la violencia”.  Aunque no dio más detalles, este es el corazón de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdets) del Acuerdo de Paz, que finalmente despegaron hace poco y que tienen su presupuesto asegurado hasta el próximo año.
      Hará erradicación obligatoria de cultivos pero con “sustitución de cultivos ilícitos de la mano de las comunidades, en la puesta en marcha de proyectos productivos y en romper las cadenas logísticas y de abastecimiento de las estructuras del narcotráfico”. En otras palabras, continuará con el punto de las drogas del Acuerdo, aunque a juzgar por su discurso previo apelará a la fumigación que en lo pactado aparece como último recurso.
      Focalizará recursos para investigar si los de la cúpula de las Farc tienen plata sin entregar a las víctimas o están metidos en negocios ilícitos.  En el Acuerdo quedó que el que reincida se puede incluso extraditar, pero probar que lo hagan exige destinar recursos de inteligencia para eso, que seguramente Duque priorizará.
      Al ELN le da un mes para evaluar el proceso y que decrete un cese bilateral con verificación. En la misma línea, en la entrevista que dio a Semana, Duque dijo frente a este tema que “es bueno retomar lo que el mismo ELN planteó en 1998 en Maguncia y era una concentración previa en un área reducida, con supervisión internacional y exigir una agenda en un tiempo puntual y poder avanzar hacia la desmovilización, el desarme y la reinserción. Contemplar inclusive una reducción de penas para quienes se desmovilicen, pero no la ausencia de ellas.

    En su discurso no mencionó otros dos “correctivos” que piensa hacerle al Acuerdo pero que sí dijo en su entrevista a Semana y Marta Lucía Ramírez, su vicepresidente, repitió en una entrevista en El Espectador en la que dijo que "una cosa es el Centro Democrático y otra el Gobierno":
      Mantendrán la JEP.  “Hasta hace unos meses teníamos un país donde unas personas creían en la JEP y otras querían derogarla. Hoy todos reconocemos que la JEP debe existir como vehículo transicional. Reconociendo su existencia podemos corregir aquellas cosas que son necesarias para asegurar verdad, justicia, reparación y no repetición”, dijo en su entrevista.
      Que los del Secretariado paguen sus penas antes de ejercer como congresistas: entre los correctivos que quisieran hacerle a la JEP es que “si a alguien que ejerce como congresista se le ratifica una sentencia por crímenes de lesa humanidad, no pueda seguir en su curul”, según dijo Duque en la entrevista.  Esto, que sería una forma de cumplirle su promesa a sus electores, sobre todo los más de derecha, lo intentaría lograr mediante el Pacto Político que buscará hacer en el Congreso, donde ya están los ex jefes de las Farc.

    Estos cambios al Acuerdo de Paz no serán fáciles pero están lejos de hacerlo trizas, sobre todo si los senadores de la Farc participan en la discusión de ese Pacto por Colombia y se les garantiza participación política a través de otros representantes del nuevo partido que no hayan cometido delitos de lesa humanidad.

    Duque también intentó disipar otro miedo de los que no votaron por él y es frente a qué hará con Venezuela. Reiteró que mientras esté la dictadura no habrá embajador de Colombia pero descartó cualquier “actitud bélica” aplacando el temor de prestarse a una operación militar conjunta con Trump para tumbar a Maduro.

    El discurso del nuevo presidente terminó con una invitación a todos los colombianos a hacer un Pacto por el futuro de Colombia. Y la pregunta del millón, es cómo se hará ese pacto y con quiénes y si eso incluye a Macías y a los que piensan como él y a los que votaron por Gustavo Petro y estaban al mismo tiempo manifestándose en en la calle en varios lugares del país.

      Los silencios de Duque

    El discurso de Duque también es interesante por los silencios que tuvo. Por ejemplo, nunca nombró a la oposición, y mucho menos a Gustavo Petro. Pero fue dando puntadas de cómo piensa quitarle fuerza a la "resistencia" que convocó el día que perdió y cuyo nombre ha comenzado a desvanecerse:

    Lo enmarcará como populista (aunque no como castrochavista).  “La equidad no se genera por decreto, ni mucho menos en las ilusiones perniciosas del populismo que ha causado estragos en varios países de la región.”
      Le quitará o competirá por varias de sus banderas.  La principal de ellas es la equidad, aunque Duque la ve jalonada por la empresa privada y a partir de la generación de empleo formal.
      Le dará fuerza al tema ambiental y de energías renovables, con el que Petro conquistó a miles de jóvenes, no necesariamente de izquierda.
      Profundizará el “diálogo social” para quitarle oxígeno a la movilización social, que es la estrategia de 'resistencia' de Petro.  “La protesta social es un derecho y un mecanismo de expresión social pero no puede estar por encima de los derechos de los demás ciudadanos. Entiendo las frustraciones de tantos colombianos pero si obramos con efectividad en el diálogo social, identificando soluciones viables, seremos más efectivos y constructivos con el país.”
      No crecerá a Petro como interlocutor de la oposición.

    También es revelador que no hubiera mencionado a ningún partido político, empezando por el suyo, el Centro Democrático. Esto está en línea con la forma como armó su gabinete en el que reconoce la debilidad de los partidos políticos y le da más importancia al poder más estable de los empresarios (a los que mencionó varias veces en su discurso y de cuyos gremios salió parte de su gabinete).

    Al expresidente Álvaro Uribe, quien lo llevó en hombros a la Casa de Nariño como lo hiciera hace ocho años con Santos, le dedicó dos líneas de su discurso y en el contexto de su pasado en el Congreso, y no del presente ni del futuro:  “Allí tuve el honor de trabajar al lado de un líder y un ser humano singular , Álvaro Uribe Vélez.”, dijo, levantando una gran ovación de los asistentes que se pararon a aplaudirlo.

    Diciente, también, que Uribe no hubiera querido sentarse con los demás expresidentes en un lugar protagónico, sino refundido entre otros senadores como él, y que luego de la posesión celebró el regreso del uribismo al poder con los otros miembros del Centro Democrático en el Senado y no se fue directamente con Duque a la Casa de Nariño.

    Más elocuente, aún, la diferencia en intensidad de los aplausos de los invitados de Duque al discurso de Macías versus al discurso de Duque y lo que sucedió en esa reunión del uribismo y transmitió Noticias Uno anoche.  En ese video, que según dijo el Noticiero, lo grabó un periodista ‘infiltrado’ en la reunión, aparecen todos felicitando a Macías por haberle cantado la tabla a Santos. Uribe dice que ese discurso “era necesario” y la senadora Paloma Valencia, que es muy cercana a Duque pero lleva la voz más fuerte del uribismo, afirma “como dijo la Vicepresidenta, una cosa es el gobierno y otra el Centro Democrático” con lo que pareciera claro que ambos discursos no fueron sincronizados.

    Gustavo Petro, sin embargo, dijo que ambos discursos eran dos caras de lo mismo.

    Los discursos de Macias y Duque son complementarios. El uno es el Bravo, el otro se muestra decente, pero el fondo es el mismo.

    Superar la división de izquierda, derecha, de neoliberales y socialistas porque todos somos Colombia

    Pero sólo gobierna la derecha y sus neoliberales

    — Gustavo Petro (@petrogustavo) 7 de agosto de 2018

    Tanto el trino de Petro como los elogios a Macías muestran los dos márgenes entre los que se tendrá que mover Duque: entre el sector de derecha que sentirá como una traición cualquier movimiento del nuevo Presidente que se aparte de la línea oficial del uribismo y la oposición que verá en Duque solo al títere del ex Presidente.

    Sin contar la presión de la comunidad internacional, especialmente los de la Unión Europea, que le ha metido millones de pesos a la implementación del Acuerdo de Paz y que usará sus canales diplomáticos para asegurarse de que no eche el Acuerdo de Paz a la basura.

    Es un tremendo desafío para Duque, que llega a la Casa de Nariño con casi nula experiencia ejecutiva y con el deseo de que los colombianos lo quieran, un propósito que a juzgar por sus propias palabras Santos nunca tuvo.

    “Quiero que sepan los colombianos que actuaré con humildad. No seré un Presidente encerrado en un Palacio, porque el único Palacio que espero habitar es el corazón de los colombianos”, dijo el presidente que arranca hoy sus cuatro años de mandato.

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    “Extraditar a todos los narcotraficantes sin excepción alguna,” dice Ernesto Macías, Presidente del Senado y el público aplaude bajo el techo que ha hecho con los paraguas blancos.

    Los senadores Pablo Catatumbo y Sandra Ramírez de la Farc saliendo de la ceremonia.

    Todos querían selfie con Álvaro Uribe.

    Este fue uno de los pendones más llamativos en la marcha que se hizo en Neiva en la mañana

    Algunos puntos de la avenida Oriental de Medellín por donde pasa la marcha, rayados con aerosol.

    En Bucaramanga líderes sociales, jóvenes y simpatizantes del petrismo se acostaron en el piso y se cubrieron con mantas blancas mientras se leyeron los nombres de las víctimas.

    En la Plaza de la Hoja, mientras en la tarima se escuchan discursos y grupos musicales.

    Gustavo Petro en la Plaza de la Hoja, en Bogotá. Lo presentan como el jefe de la oposición. "No deja de ser simbólico que las banderas de Colombia se hayan roto hoy en la Plaza de Bolívar".

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